Colombia necesita un rescate fiscal y merece saber quiénes la llevaron a necesitarlo. La discusión sobre nuevos impuestos debe venir acompañada de una rendición de cuentas por las decisiones que deterioraron las finanzas públicas y dejaron al país con menos margen para enfrentar un entorno internacional difícil.
Gustavo Petro y los exministros José Antonio Ocampo, Ricardo Bonilla y Germán Ávila deben explicar sus decisiones y omisiones durante sus respectivas gestiones. Hay una responsabilidad política que exige respuestas públicas. Y corresponde a las autoridades establecer si hubo actuaciones que causaron detrimento patrimonial o configuran responsabilidades disciplinarias o penales. Los colombianos no pueden recibir otra factura mientras las explicaciones quedan pendientes.
Entendemos que el gobierno de Abelardo de la Espriella debe actuar. Heredar una situación fiscal grave obliga a tomar decisiones incómodas. Sin embargo, la urgencia también exige escoger qué se quiere corregir: un faltante presupuestal inmediato o las condiciones que nos hacen regresar, una y otra vez, a otra reforma.
En 2024, la OCDE advirtió que Colombia había aprobado 21 reformas tributarias en dos décadas. Esa cifra debería inquietar a cualquier gobierno. Los ajustes parciales han dejado un sistema difícil de entender y unas reglas que cambian demasiado para quien necesita invertir a largo plazo.
En 360 esperábamos que el 7 de agosto comenzara una agenda inmediata de reducción del Estado. Desde el primer día debía conocerse qué entidades se fusionarían, cuáles dejarían de existir y qué gastos podían eliminarse. Hay que reducir ministerios y revisar las funciones de departamentos administrativos, unidades y demás organismos. No respaldamos crear nuevas carteras. Las propuestas de reorganización deben convertirse en decisiones con fechas y ahorros verificables.
Reconocemos las metas anunciadas para reducir contratos de prestación de servicios, compras públicas y gasto de nómina. Su ejecución debe preservar las capacidades indispensables del Estado. Lo importante será comprobar cuánto se ahorra y evitar que una contratación eliminada reaparezca bajo otra modalidad.
También urge revisar las participaciones empresariales públicas. El Gobierno debe publicar qué tiene, para qué lo conserva y cuánto recibe o arriesga. Las inversiones sin justificación estratégica deberían venderse mediante procesos competitivos y valoraciones independientes. La SAE debe agilizar la venta de los activos jurídicamente disponibles, respetando su régimen y destinación. Esa revisión puede generar recursos extraordinarios; no reemplaza el ajuste permanente del gasto.
Nuestra principal diferencia con el proyecto está en el modelo tributario
Consideramos excesivo mantener una tarifa general de IVA del 19% y extenderla a más consumos sin discutir una alternativa integral. Proponemos estudiar una tarifa única entre el 10% y el 12%, con una base mucho más amplia y la eliminación de tratamientos preferenciales injustificados. Su aplicación debe demostrar suficiencia fiscal y resolver las reglas de insumos, exportaciones y actividades con particularidades técnicas.
No respaldamos convertir la devolución del IVA en la pieza central del sistema. Cobrar para después devolver exige una operación compleja, especialmente donde las compras no quedan documentadas. Preferimos que la reforma concentre sus esfuerzos en formalizar, simplificar y registrar más actividad económica. Eso exige medir también cómo cambia el costo de vida de los distintos hogares.
La facturación debe ser sencilla y accesible. Peluquerías, talleres, consultorios y otros establecimientos requieren reglas claras, acompañamiento y controles cuando estén obligados. La informalidad no se reduce únicamente subiendo impuestos. Hay que facilitar el cumplimiento y cerrar espacios para ocultar operaciones, distinguiendo las excepciones legales de la evasión.
Por eso rechazamos el encarecimiento de ciertos aportes patronales mediante la modificación del artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Reducir renta empresarial y aumentar el costo de contratar puede deshacer parte del alivio, especialmente para las pymes. Colombia necesita empresas que crezcan y generen empleo formal. La carga efectiva debe bajar de manera sostenible.
Tampoco vemos una respuesta suficiente frente al 4×1.000. Su eliminación gradual merece un calendario financiado. Y debe comenzar una revisión concertada del impuesto de industria y comercio, garantizando los recursos municipales. El ICA grava ingresos y puede cobrarse incluso cuando hay pérdidas: castiga especialmente los márgenes estrechos.
En salud, no acompañamos llevar la medicina prepagada al 19%. En medio de las dificultades del sistema, encarecerla puede impulsar retiros y trasladar demanda hacia otras modalidades de atención. El articulado debe aclarar inequívocamente su alcance, pues mantiene referencias a planes complementarios y adicionales entre los servicios excluidos. Una decisión de ese tamaño no puede quedar abierta a interpretaciones.
También cuestionamos eliminar el tratamiento del componente inflacionario de los rendimientos financieros. Reconocer como ingreso gravable una suma destinada a compensar la pérdida de poder adquisitivo puede castigar el ahorro. Colombia necesita atraer capital y ofrecer reglas coherentes para invertir.
Las compras internacionales de bajo valor requieren una explicación jurídica específica sobre su tratamiento y los compromisos del TLC con Estados Unidos. IVA y arancel son cobros diferentes. El Gobierno debe justificar cada modificación y evitar que la protección comercial se convierta en una barrera permanente que encarezca las compras y debilite la competencia.
Hay decisiones que apoyamos
Ampliar gradualmente la base de personas naturales es necesario, según su capacidad económica y cuidando a la clase media que apenas consolida un patrimonio. También consideramos acertado elevar el umbral del impuesto al patrimonio y establecer su terminación. En cambio, no acompañamos el aumento al 30% previsto para ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas y apuestas.
El ajuste debe incluir la eliminación gradual del subsidio general al diésel. Su costo político no justifica postergarla indefinidamente. Asimismo, urge reemplazar la estratificación como criterio principal de focalización por información sobre las condiciones reales de los hogares.
La reforma merece un debate serio. El Gobierno tiene la oportunidad de construir un sistema que permita financiar al Estado con reglas duraderas y una economía más formal y productiva. Para lograrlo necesita decisiones de gasto desde ahora, una menor carga sobre la creación de empleo y medidas tributarias que puedan sostenerse durante varios gobiernos. El país necesita saber cómo va a dejar de vivir pendiente de la siguiente reforma.