Donald Trump ha puesto en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos uno de los litigios comerciales más trascendentales de las últimas décadas. El expresidente solicitó que el máximo tribunal ratifique con rapidez la legalidad de sus aranceles globales, una medida que, de ser revertida, podría alterar drásticamente la política comercial del país y desencadenar consecuencias millonarias.
Panorama general: El origen de la disputa está en una decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, que determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 no otorga al presidente la facultad de imponer impuestos de importación de manera generalizada. Esa norma fue diseñada para responder a emergencias nacionales, pero según el tribunal no contempla expresamente los aranceles.
Aunque el fallo limitaba la autoridad de Trump, fue suspendido temporalmente para permitir que el caso llegara a la Corte Suprema. Así, los gravámenes continúan en vigor mientras se decide el futuro de la medida.
De confirmarse la sentencia de apelaciones, Estados Unidos podría ver reducido a la mitad su arancel efectivo promedio —actualmente de 16,3%— y verse obligado a reembolsar decenas de miles de millones de dólares a importadores y socios comerciales. Analistas de Bloomberg Economics advierten que se trataría de uno de los casos de mayor impacto financiero jamás revisados por la Corte Suprema.
Además, la incertidumbre jurídica ya ha puesto en entredicho las negociaciones internacionales y compromete acuerdos preliminares alcanzados con otros países.
Donald Trump pide a la Corte Suprema ratificar la legalidad de sus aranceles globales
Por qué es importante: El Procurador General, D. John Sauer, defendió ante el tribunal que eliminar los aranceles “debilitaría unilateralmente a Estados Unidos y abriría la puerta a represalias comerciales”. Según la administración Trump, la facultad de “regular importaciones” reconocida por la ley incluye la potestad de gravarlas, pese a que la Constitución asigna esta función al Congreso.
Entre los impuestos cuestionados se encuentran los llamados aranceles del “Día de la Liberación” del 2 de abril, que aplicaron tasas de entre 10% y 50% a la mayoría de las importaciones, marcando el mayor incremento arancelario desde 1930. Trump los presentó como una herramienta indispensable para proteger a las empresas y trabajadores frente a los déficits comerciales crónicos.
La apelación también incluye los gravámenes impuestos a Canadá, México y China, que la administración justificó en la lucha contra el tráfico de fentanilo. El caso se alimenta de demandas interpuestas por estados demócratas y pequeñas empresas que cuestionan el uso de emergencias nacionales para justificar políticas comerciales.
Un fallo a favor de Trump abriría la puerta a que futuros presidentes declaren emergencias con escasas limitaciones y utilicen los aranceles como arma económica de presión global.
