La Corte Suprema de Justicia enfrenta un fuerte pulso que podría anular el caso del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien hoy se encuentra privado de su libertad.
Por: Redacción 360 Radio
Después de que se conociera el apoyo a la defensa del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por parte de la Procuraduría General de la Nación, que apeló este caso frente a la Corte Suprema de Justicia, el tribunal superior podría decidir que la investigación se anulada.
La defensa del mandatario, que lleva más de la mitad de su período legislativo privado de la libertad, alega que este debe ser juzgado bajo la Ley 906 de 2002 y no bajo la Ley 600.
Para comprender la posición de la Procuraduría y a la defensa de Gaviria, hay que tener en cuenta que cuando se aprobó la Ley 906 se dio un período de gracia hasta diciembre de 2008 para migrar todos los casos a ese marco legislativo. El caso por el que se investiga a Aníbal Gaviria data del 2007 y la investigación inició en 2019, por lo que aplicar la Ley 600 no sería lo correcto. Además, la Ley 600 dicta que el investigado debe ser privado de su libertad mientras se recolecta la información necesaria, mientras la Ley 906 permite instaurar los jueces de garantías que defienden la libertad de los investigados.
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Cabe mencionar que aunque la Procuraduría apeló la decisión de la Corte de seguir investigando al gobernante bajo la Ley 600, la Corte la rechazó, por lo que la investigación ahora está en manos de la Sala de Casación Penal.
¿Qué cambiaría este escenario? En la Corte existe una discusión sobre el período en el que sucedieron los presuntos hechos de corrupción por los que se investiga a Gaviria, relacionados con la Troncal de La Paz durante su primer período como gobernador de Antioquia, pues hay quienes insisten en que el contrato fue tramitado en 2004, antes de que entrara en vigencia la Ley 906 de 2002 y hay quienes consideran que fue después.
En caso de que se defina la segunda opción como la verdadera, la Corte tendría que ordenar la libertad inmediata de Aníbal Gaviria y la Fiscalía General de la Nación deberá pedir la detención ante un magistrado de la Corte y no disponer esta decisión por iniciativa propia.
