La crisis financiera y operativa de Air-e Intervenida alcanzó un punto crítico. Ante la falta de respuestas del Gobierno, los gremios empresariales de Atlántico, Magdalena y La Guajira decidieron acudir a la justicia para exigir medidas que eviten un apagón en la región Caribe.
A través de la Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida, interpusieron una Acción de Cumplimiento ante el Tribunal Administrativo del Atlántico contra la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) y los ministerios de Hacienda y Minas y Energía. El objetivo: que se destinen recursos inmediatos al Fondo Empresarial y así garantizar la operación de la compañía, que presta servicio a más de 1,3 millones de usuarios.
Panorama general: La acción judicial detalla que Air-e enfrenta un endeudamiento superior a $3,6 billones, cifra que combina pasivos anteriores a la intervención estatal ($1,9 billones) y deudas acumuladas en el último año ($1,7 billones).
El panorama con las generadoras de energía es especialmente delicado. Las obligaciones, que antes de la intervención ascendían a $825.000 millones, hoy superan los $2,4 billones. Solo las empresas térmicas tienen cuentas pendientes por alrededor de $1 billón, lo que amenaza la estabilidad de un sector que requiere ingresos constantes para operar.
Los gremios alertan que esta situación no solo compromete a la región Caribe: Air-e responde por el 11% de la demanda nacional de energía y por el 44% del consumo en el Sistema de Transmisión Regional Norte, lo que la convierte en un actor clave dentro del sistema eléctrico colombiano.
Por qué es importante: El pasado 12 de septiembre se cumplió un año desde que el Gobierno, a través de la Superservicios, tomó el control de Air-e. Sin embargo, la Veeduría considera que el proceso se ha caracterizado por falta de articulación, ineficiencia y ausencia de un plan de acción concreto.
Entre las principales críticas destacan:
- Ausencia de un plan de intervención público que defina medidas financieras y operativas
- Parálisis de inversiones para modernizar y mantener la red de distribución.
- Alta rotación de funcionarios: en un año han pasado por la empresa dos ministros de Minas y Energía, tres superintendentes y cuatro agentes interventores.
A esto se suman las investigaciones abiertas por la Procuraduría y la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la administración de la empresa durante la intervención.
La falta de planeación también tendrá repercusiones en las tarifas. De acuerdo con el documento, en 2026 Air-e deberá adquirir en el mercado spot hasta el 70% de la energía requerida para atender a Atlántico, Magdalena y La Guajira. Esto implica pagar precios más altos y trasladar esos costos a los usuarios, que ya enfrentan una de las tarifas más elevadas del país.
Región Caribe en riesgo de apagón: gremios demandan soluciones ante crisis de Air-e Intervenida
El recurso ante el Tribunal Administrativo no es la única vía judicial en curso. La Veeduría también presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado, con la que busca proteger derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho de petición y el acceso a la justicia, luego de que el Tribunal negara la entrega de información clave sobre la gestión de Air-e.
La Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida reúne a los Comités Intergremiales de Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y la ANDI Atlántico-Magdalena.
Estas organizaciones reiteraron que continuarán acudiendo a todas las instancias necesarias para exigir una solución estructural. Su propósito es claro: evitar un apagón en el Caribe y asegurar un servicio eléctrico estable, continuo y de calidad para los usuarios.
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