La sombra de un apagón vuelve a planear sobre el territorio nacional. Los debates en torno a la estabilidad energética de Colombia se han tomado la agenda pública debido a una compleja combinación de factores climáticos y financieros que tienen en vilo al sector. Aunque desde el Palacio de Nariño se ha intentado enviar un mensaje de calma institucional, gremios especializados y técnicos en la materia insisten en que el margen de maniobra es cada vez más estrecho para evitar restricciones en el servicio de energía.
El origen de esta preocupación tiene un fuerte componente climático. De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, para el cierre de este año y el transcurso del próximo se anticipa el retorno de un agresivo Fenómeno de El Niño. Dado que la matriz colombiana depende principalmente del agua que alimenta las centrales hidroeléctricas, una baja prolongada en las lluvias reduce el volumen de los embalses a niveles críticos. Cuando los niveles de agua caen, la obligación de sostener el consumo nacional se traslada de inmediato a las plantas térmicas, las cuales se abastecen de gas, carbón y combustibles líquidos.
Déficit de energía en Colombia: Minenergía admite la necesidad de medidas urgentes de la CREG
Es aquí donde el panorama pasa de lo meteorológico a lo estrictamente económico. Gremios como la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) han encendido las alarmas al señalar un fuerte deterioro en la liquidez de las compañías comercializadoras y distribuidoras. Las deudas acumuladas dentro del sistema superan los 2.1 billones de pesos, con un alto porcentaje correspondiente a las obligaciones vigentes con las plantas de generación térmica.
A este escenario se suma el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien ha admitido de manera formal que, en el balance proyectado, el país podría experimentar un déficit de energía firme. La brecha estimada equivale a la producción ininterrumpida de una planta de gran capacidad (unos 450 megavatios) operando a lo largo de un año completo. Ante este panorama, la cartera energética ha urgido a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) a implementar medidas normativas flexibles que permitan optimizar y expandir la capacidad operativa de la infraestructura existente.
Por su parte, analistas y exministros coinciden en que la vulnerabilidad actual del sistema se debe también al marcado retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación limpia. Centenares de megavatios de energía eólica y solar que debieron conectarse a la red nacional en los últimos años siguen paralizados debido a trámites regulatorios y licencias ambientales. Asimismo, en grandes centros urbanos como Bogotá, la demora en la construcción de líneas de transmisión clave de alta tensión mantiene ciertas zonas en máxima restricción de expansión industrial y residencial.
Mientras tanto, la infraestructura de respaldo trabaja a toda marcha. La planta regasificadora de Cartagena opera actualmente cerca de sus límites para garantizar que no le falte gas a las térmicas, en un momento donde el país ya debe importar más de una quinta parte de este combustible para cubrir sus requerimientos esenciales. El Gobierno insiste en que, mediante una estricta coordinación entre los actores y una activa pedagogía de ahorro de agua y luz por parte de los hogares, el espectro de un racionamiento severo podrá esquivarse. Sin embargo, para la industria y las agencias operadoras del sistema, el tiempo apremia y cada semana sin soluciones estructurales incrementa las probabilidades de cortes programados para el cierre del año o inicios de la próxima temporada seca.
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