¿Cuál es el contexto?: La profunda crisis financiera que atraviesa el sistema sanitario del país se ha convertido en el primer gran reto para el presidente electo, Abelardo de la Espriella. El mandatario ha puesto sobre la mesa una ambiciosa estrategia de estabilización de 90 días, cuyo eje central es una millonaria inyección de recursos equivalente a diez billones de pesos. La gran incógnita que se cierne sobre los analistas y la ciudadanía es clara: ¿de dónde saldrán esos fondos para rescatar la atención médica en el país?
Contrario a lo que se pensaba, el nuevo jefe de Estado ha descartado la necesidad de implementar reformas tributarias o endeudamientos extraordinarios en el corto plazo para este propósito. De acuerdo con el plan gubernamental, los recursos ya existen dentro del propio engranaje estatal, pero han permanecido bloqueados por ineficiencia o congelados en partidas presupuestarias no ejecutadas. El plan de financiamiento se divide en tres fuentes de financiamiento interno.
Plan de choque de De la Espriella para rescatar los hospitales
Para consolidar el monto de choque, la administración entrante ha diseñado un esquema de reingeniería fiscal enfocado en rescatar dineros ya asignados que se encuentran en riesgo de parálisis o corrupción.
Revisión de infraestructura regional ($4 billones): La porción más grande proviene de recursos contemplados en el presupuesto nacional vigentes y destinados teóricamente al desarrollo de plantas físicas de hospitales en los territorios. El diagnóstico oficial apunta a que estos contratos presentan altos riesgos de parálisis operativa o desvíos corruptos, por lo que serán intervenidos bajo lupa administrativa para reorientar su liquidez directamente hacia la atención inmediata.
Recortes por burocracia y clientelismo ($3 billones): El equipo de De la Espriella ha identificado focos de derroche en dependencias que se han utilizado para campañas electorales regionales en lugar de funciones operativas. La eliminación de estos puestos innecesarios rescatará otros tres billones.
Arbitraje de saldos en la ADRES ($3 billones restantes): El saldo pendiente para completar la meta se extraerá mediante un estricto arbitraje de cuentas en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Además, se exigirá a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) un recorte drástico en sus costos administrativos cotidianos.
El mandatario de los colombianos ha sido enfático en aclarar que esta masiva inyección de capital no está diseñada para saldar el déficit estructural general del sector, el cual se estima en una cifra cercana a los 40 o 50 billones de pesos. La meta principal del plan de choque es humanitaria y de mitigación del riesgo en los servicios urgentes.
«Se trata de estabilizar al paciente en urgencias. Estos diez billones no borrarán la deuda histórica total, pero van direccionados a frenar la crisis de inmediato para que ningún colombiano fallezca por negligencia logística», detalló el mandatario.
El destino final de los recursos priorizará tres frentes críticos. Primero, se destrabarán las autorizaciones médicas acumuladas para tratamientos crónicos y de alta complejidad. Segundo, se agilizará la entrega de medicamentos esenciales que hoy sufren de desabastecimiento. Finalmente, los fondos irán destinados a saldar las deudas salariales pendientes con el cuerpo médico, enfermeros y personal clínico hospitalario, calificados por el gobierno como los «héroes abandonados» de la postpandemia. Una vez estabilizado el barco en el trimestre inicial, el ejecutivo abrirá el debate legislativo para la reforma de fondo.
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