En Colombia, el Sistema General de Participaciones (SGP) se encuentra en el centro de un debate nacional sobre la distribución de recursos a las regiones, especialmente en momentos críticos marcados por desastres naturales o manifestaciones sociales que exponen las carencias de las comunidades más vulnerables. La reciente tragedia en Chocó y las situaciones crónicas en Atlántico y La Guajira evidencian la urgencia de una gestión más eficaz y equitativa de estos recursos.
El SGP, destinado a financiar servicios públicos esenciales como acueducto, alcantarillado y aseo en municipios y distritos, ha sido señalado por gobernadores y autoridades locales como insuficiente y mal distribuido. A pesar de contar con un presupuesto total de $2,46 billones, distribuidos principalmente en educación (58,5%), salud (25,4%), propósito general (11,6%) y saneamiento básico (5,4%), la brecha social entre los municipios sigue siendo un desafío pendiente.
Desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se reconoce que el sistema no ha logrado cerrar las diferencias sociales y económicas entre las regiones, priorizando zonas periféricas donde la precariedad es evidente. La descentralización, como estrategia para el desarrollo económico y social, se convierte así en una pieza clave de la política gubernamental.
El SGP involucra a varios ministerios y entidades en un proceso que incluye el informe de población, aprobación de recursos, ejecución y seguimiento. Sin embargo, la complejidad del sistema y la duplicidad de funciones entre diferentes niveles de gobierno han llevado a propuestas para su reforma.
¿Qué dice el Gobierno Nacional sobre la reformar el Sistema General de Participaciones?
El Gobierno Nacional, liderado por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y expertos como Darío Restrepo, director de la Misión Descentralizada del DNP, apuntan hacia la necesidad de crear un fondo para la convergencia económica territorial que permita una distribución más equitativa de los recursos.
El proceso de reforma del SGP puede llevarse a cabo a través de un acto legislativo o mediante la Misión de descentralización, ambos requiriendo la intervención del Congreso. La revisión de la distribución de los recursos del SGP es vista con buenos ojos tanto por pobladores como por gobernantes, quienes coinciden en la importancia de ajustar el sistema a la realidad social y económica de las regiones.
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