La defensa de la vida debe ser un propósito universal

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Este contenido hace parte de nuestra sexta edición de 360 RevistaCada año, nuestro medio de comunicación realiza una publicación impresa con la compilación de los hechos más relevantes del año que culmina y con proyecciones de expertos para el que nos espera.


Por: Aníbal Gaviria Correa, Gobernador de Antioquia y presidente de la Asamblea de Cities Alliance

Quien haya seguido nuestra trayectoria política, conoce nuestra obsesión por la vida. Cuidarla, defenderla, protegerla y promoverla en todas sus manifestaciones han sido las acciones que han guiado nuestro quehacer en lo público, inspirando a muchas otras personas.

No podía ser de otro modo después del sacrificio de mi hermano Guillermo, del asesor de Paz, Gilberto Echeverri Mejía y de tantos hombres y mujeres muertos en medio de un conflicto que todavía no termina y, en muchos casos como el de los exgobernadores de Antioquia, privados de su derecho fundamental a la libertad.

En días recientes, con motivo de la visita a Antioquia del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para conmemorar los cinco años de la firma del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Farc, recordaba las palabras de mi hermano en la Carta al Pueblo Antioqueño que se hizo pública después de su secuestro. Decía Guillermo que la única razón que podía mediar para su liberación, la única que él estaría dispuesto a aceptar, era que finalmente sus captores entendieran “el derecho inalienable a la libertad que todos los seres humanos tenemos”.

Al recoger las banderas de mi hermano, como me lo pidió en esa misma carta, nos propusimos poner la defensa de la vida como eje de nuestros gobiernos, pero no solamente en la dimensión del conflicto armado, sino en tantas otras que amenazan día a día y en todo lugar a gentes de todas las edades, estratos, creencias y culturas. Así lo hemos hecho, buscando cerrar brechas de inequidad y promoviendo la noviolencia como una manera de resistencia y de resiliencia.

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Durante todos estos años hemos trabajado por mejorar de manera significativa los indicadores de vida, con convicción política y ética y de manera coherente. Es así como nos hemos enfocado con el mismo empeño en disminuir las muertes de niños, niñas y jóvenes por causas que son evitables, pero también en fortalecer las capacidades del Estado para combatir a los grupos al margen de la ley, que no solo atentan directamente contra la vida mediante el homicidio, sino a través de la promoción de las rentas ilícitas derivadas de la producción, tráfico y consumo de sustancias sicoactivas.

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Y nos enfocamos en muertes evitables como respuesta a una realidad sobrecogedora. Unicef reporta que, aunque en las dos últimas décadas se ha reducido la desnutrición crónica en el mundo en un 40%, todavía muren cerca de 2 millones 800 mil niños al año por causas asociadas a la desnutrición; en sentido similar, Naciones Unidas tuvo un registro, antes de la pandemia de Covid19, de 5,2 millones de niños menores de 5 años fallecidos por causas evitables o enfermedades tratables. Y a esto hay que sumarle las vidas que se pierden en accidentes de tránsito o por el suicidio, cuyo crecimiento inusitado tras la pandemia refleja la importancia que reclama hoy día la salud mental de nuestras gentes.

Estos no son fenómenos exclusivos de nuestro país ni de nuestro departamento. En todos los rincones del mundo, aún en los países más desarrollados, ocurren situaciones que, en mayor o menor medida, ponen en riesgo la vida de las personas. Hay un indicador clave que lo refleja: la esperanza de vida.

En el mundo, la expectativa de vida está en 73 años, pero mientras países como Japón, Singapur, Suiza o Andorra tienen expectativas cercanas a los 90 años, las gentes de Nigeria, Lesoto, Sierra Leona o el Chad tienen una esperanza de menos de 53 años. No nos cabe duda de que la mayor desigualdad e inequidad que existe es esta diferencia en el derecho y el respeto por la vida.

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Esta realidad nos llevó a plantear en el reciente encuentro de Smart Cities, en Barcelona, que el mundo debe comprometerse a buscar que la esperanza de vida aumente en todo el mundo hasta los 90 años o más. La misma propuesta se la hicimos al Secretario General de la ONU. Esa es hoy nuestra consigna y nuestro propósito. Un mundo más justo es aquel en el que cualquier niño o en niña, en cualquier lugar, tenga la misma esperanza de vivir.

Es mucho lo que hay por hacer para lograrlo y solamente es posible mediante acuerdos universales, similares a aquellos que han hecho posibles propósitos comunes como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de modo que los esfuerzos se sumaran para erradicar la pobreza extrema, el hambre y la malnutrición; poner fin a las epidemias, reducir la tasa mundial de mortalidad materna, lograr el acceso universal al agua potable, garantizar un crecimiento del PIB sostenible, asegurar el acceso de todas las personas a la vivienda y reducir los impactos ambientales negativos, así como todas las formas de violencia.

En otras palabras, movilizar la meta de una mayor esperanza de vida en el planeta, implica abordar los tres pilares del desarrollo sostenible: el social, el económico y el ambiental, que conforman un triángulo virtuoso de bienestar. Procurar que la esperanza de vida se consolide como un compromiso planetario pensado para nuestros niños y niñas y para toda la población, logrará no solo una mejor capacidad productiva de los territorios, sino un envejecimiento digno, justo y con equidad.

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