Desastres naturales: Colombia ocupa el cuarto puesto mundial en el World Risk Report

El estudio elaborado por el IFHV ubica a las dos economías latinoamericanas en la parte más alta de una tabla encabezada por Asia.

Foto: Redes sociales

El mapa global de la vulnerabilidad climática y las amenazas geodinámicas vuelve a encender las alarmas en la región latinoamericana. De acuerdo con el World Risk Report 2025, un influyente estudio elaborado de manera conjunta por Bündnis Entwicklung Hilft y el Instituto de Derecho Internacional de la Paz y los Conflictos Armados (IFHV) de la Universidad Ruhr de Bochum, tanto Colombia como México figuran en el top cinco de las naciones con mayor riesgo del mundo frente a desastres naturales.

El informe, que evalúa la exposición de los territorios frente a eventos extremos y su capacidad de resorte institucional y social, ubica a Colombia en el cuarto puesto global con una puntuación de 39,26, mientras que México le sigue muy de cerca en la quinta posición con 38,96 puntos. Ambas naciones comparten espacio en la parte más alta de una tabla liderada por Filipinas, que encabeza el índice con un puntaje crítico de 46,56, seguida por India (40,73) e Indonesia (39,80).

Colombia y México en el top 5 de países con mayor riesgo de desastres naturales del mundo

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Gráfica: 360 Radio. Daniel Quiroga

La presencia de dos de las economías más importantes de América Latina en los primeros lugares de este índice refleja una combinación de factores geográficos, socioeconómicos y de exposición climática que incrementan la fragilidad de sus poblaciones. La convergencia de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, sumada a desafíos históricos en materia de ordenamiento territorial y desigualdad, coloca a millones de habitantes en zonas de alta susceptibilidad ante inundaciones, terremotos, deslizamientos y sequías.

En gestión de crisis y adaptación climática consultados en torno a métricas de este calibre, el desafío ya no radica únicamente en la respuesta humanitaria inmediata, sino en la capacidad estructural de los Estados para anticiparse a los impactos. La necesidad de robustecer la infraestructura pública, actualizar los mapas de riesgo locales y destinar presupuestos eficaces a la prevención se convierte, a la luz de estos datos, en una tarea inaplazable para los gobiernos de la región.

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