La posesión presidencial del próximo viernes no iba a ser en Cali. Iba a ser en Popayán. El cambio de sede se explicó oficialmente por la ceniza del volcán Puracé y las restricciones aéreas que esa actividad volcánica impone. Pero detrás de esa versión hay otra, confirmada por varios medios: el Ejército detectó e inhibió un dron que iba a atacar un helicóptero en el Cantón Militar General José Hilario López, una de las sedes que se evaluaban para la ceremonia en Popayán. Es decir: a Colombia le tocó trasladar la posesión de un presidente a otra ciudad, por primera vez en más de un siglo, no solo por un volcán, sino porque ni siquiera un cantón militar resultó un lugar seguro para jurar como jefe de Estado. Y conviene decirlo con toda claridad: tampoco Cali está exenta de riesgo. Además del plan de atentado que la Policía desarticuló en el Valle del Cauca, con 3.000 millones de pesos de recompensa ofrecidos por el Eln y disidencias de las Farc, el Pacto Histórico ya convocó movilizaciones paralelas en Puerto Resistencia para el mismo 7 de agosto, con el argumento de que no avalará «un gobierno cuya legitimidad está seriamente cuestionada». Se blinda una ciudad con once mil uniformados y, aun así, nadie puede garantizar una jornada sin sobresaltos.
Pero reducir esta historia a Cali, o incluso a Cali más Popayán, sería quedarse corto. El sábado, un camión bomba estalló frente al comando de Policía de Cúcuta: once heridos, autoría atribuida al Eln. Y esa no fue una excepción aislada, sino el episodio más visible de una ola que, solo entre mediados y finales de julio, dejó ataques armados en cinco departamentos: en Tibú, Norte de Santander, el corazón del Catatumbo, un carro bomba del Eln cerca de una instalación militar dejó siete afectados; en Tame, Arauca, un ataque con explosivos contra el puesto de Policía de Betoyes mató a dos uniformados y a un civil, y dejó nueve heridos; en Chocó, combates entre el Ejército y el Eln en la vía Quibdó-Carmen de Atrato atraparon a 45 personas que tuvieron que ser evacuadas; y en Cumaribo, Vichada, un ataque armado contra el resguardo indígena de Saracure dejó tres jóvenes indígenas asesinados, una mujer herida y varias familias desplazadas después de que quemaran sus viviendas.
Esto no es una amenaza. Es una guerra activa, con muertos civiles y uniformados, ocurriendo en simultáneo en distintas regiones del país, mientras el país entero concentra su atención en una sola ciudad.
Las cifras oficiales confirman que esto no es percepción ni exageración periodística. La Defensoría del Pueblo advirtió que el 71 por ciento de los municipios colombianos está hoy amenazado por grupos armados ilegales, y que en 790 municipios del país hay presencia confirmada de alguna de estas estructuras. Según la Fundación CORE, el Clan del Golfo opera en 292 municipios, el Eln en 219, la estructura de «Iván Mordisco» en 133 y otra disidencia en 113. En conjunto, estos grupos ya controlan o disputan más de 420.000 kilómetros cuadrados: casi el 40 por ciento del territorio nacional. Y según la Fundación Ideas para la Paz, el número de combatientes en estas estructuras pasó de 13.000 en 2018 a más de 27.000 en 2025, un salto que no se explica por casualidad, sino por una política de negociación que les dio tiempo, margen y territorio para crecer en lugar de desmovilizarse.
Ese es el punto que estas dos semanas están dejando en evidencia con una crudeza que ningún comunicado oficial puede maquillar: la «paz total» no pacificó al país; le entregó tiempo a las estructuras armadas para expandirse de Cúcuta a Cumaribo, de Tame a Quibdó, de Tibú a las goteras de un cantón militar en Popayán. La consecuencia directa es que hoy, para simplemente cumplir con un acto protocolario tan básico como jurar a un presidente, Colombia necesita cambiar de ciudad, desplegar once mil soldados y aun así vivir con la incertidumbre de si algo más puede pasar.
Hay que ser justos con lo que sí ha funcionado: la inteligencia militar detectó el dron en Popayán antes del ataque; la Policía desarticuló el plan contra el presidente electo en el Valle del Cauca antes de que se ejecutara. Eso es el Estado operando bien en el momento puntual. Pero una fuerza pública que reacciona con eficacia caso por caso no sustituye a una política de seguridad que recupere, de manera sostenida, el control del territorio en los 790 municipios donde hoy no lo tiene.
El próximo gobierno no puede darse el lujo de tratar el 7 de agosto como una prueba superada y pasar la página. Cúcuta, Tibú, Tame, Quibdó y Cumaribo no son notas de pie de página de esta semana: son el mapa real del país que va a gobernar. Si la seguridad se sigue midiendo únicamente por si una ciudad aguanta un fin de semana sin atentados, Colombia seguirá blindando actos puntuales mientras dos terceras partes de su territorio permanecen, día tras día, bajo la sombra de estructuras armadas que no han dejado de crecer. Ese, y no la ceremonia del viernes, es el verdadero examen que el país tiene pendiente.