Si bien el sistema político de Colombia está consagrado como un Estado Social de Derecho, una democracia, y una república, en la que hay un presidente que, aunque tiene facultades y poderes considerables, está sometido a un control de poderes y a un sistema de pesos y contrapesos ejercido por las Cortes, el Congreso de la República y, desde luego, por un constituyente primario, Colombia se ha vuelto un país excesivamente presidencialista y dependiente de todo lo que haga o deje de hacer el Estado colombiano.
En parte, esto se debe a que el Estado es el mayor empleador del país, una situación que, de entrada, está muy mal, no es sostenible ni sano, especialmente cuando los resultados han sido los que todos hemos visto en los últimos años. A pesar de algunas mejorías en los últimos 20 años, el Estado sigue siendo lento, burocrático, costoso, ineficiente e incapaz de garantizar algunos derechos fundamentales.
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Se supone que uno de los principios de la construcción de un país como este es que hay unas renuncias ciudadanas a aspectos como la seguridad y la justicia, que se le entregan al Estado para que administre y ejerza esas funciones. Con esa base, las personas pagan impuestos y esperan que el Estado garantice un sistema judicial, un sistema de seguridad, de salud, de educación, y otros derechos fundamentales.
Entonces, el ciudadano renuncia a ciertas libertades para entregárselas al Estado, que debe administrarlas. Pero en Colombia, eso no ha pasado. En Colombia, lo que hemos visto es que la agenda del país gira en torno a lo que el presidente de turno haga, diga, piense y quiera, concentrando un poder excesivo en las manos del mandatario.
Un aspecto peligroso ha sido el manejo de las superintendencias, que ahora muchos reconocen como instrumentos de control del presidente. Estas entidades tienen facultades excesivas que, si se utilizan mal, pueden servir como canales de represión contra ciertas industrias o sectores empresariales que no se alineen con los intereses del gobierno.
Consideramos prudente y necesario iniciar un debate sobre cómo reducir la dependencia del país del Estado colombiano. Si el Estado no se mueve, si el Estado no funciona, si el Estado falla, el país se paraliza. Para no irnos muy lejos, deberíamos observar ejemplos cercanos, como el caso de Perú. Perú, un país con una alta inestabilidad política, ha logrado separar su economía de los vaivenes políticos, proporcionando estabilidad y confianza a los inversionistas.
Colombia debe avanzar hacia una economía más sólida y una sociedad más fuerte que realmente tome las riendas del país. En un futuro, el presidente no debería tener la capacidad de dinamitar lo que ha permitido el avance del país, independientemente de su ideología.
Es momento de entender y aprovechar las crisis como oportunidades de mejora. Tenemos que identificarlas, abordarlas y trabajar sobre ellas antes de que sea demasiado tarde.