En un colegio de Sabanilla, en Puerto Colombia, Atlántico, el presidente electo Abelardo de la Espriella reunió este fin de semana a su esposa, Ana Lucía Pineda, al vicepresidente electo José Manuel Restrepo y a su gabinete designado. Hubo misa, rosario, cantos y oraciones de rodillas. Cada asistente recibió una Biblia azul con el mapa de Colombia y el Sagrado Corazón de Jesús en la portada. De la Espriella dijo sentirse «tocado por el Espíritu Santo» al haber escogido a su equipo, y aseguró que gobernará poniendo «a Dios en el centro de cada decisión». La reacción no se hizo esperar: el petrismo preguntó «¿y el Estado laico para cuándo?», y el propio presidente Gustavo Petro, con lenguaje igual de religioso, escribió que son «falsos los cristianos que llevan odio en su corazón» y «falsos sus pastores idólatras de la codicia».
Digamos, desde ya, cuál es nuestra posición: defendemos el Estado laico. Sin comas, sin peros, sin excepciones. Y precisamente por defenderlo en serio, hay que decir algo incómodo: buena parte del escándalo de esta semana es hipocresía nacional pura.
Colombia es un país profundamente religioso en su arquitectura oficial y profundamente selectivo en su indignación. Nuestro calendario de festivos está construido, en gran medida, sobre el santoral católico: Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús, San Pedro y San Pablo, la Asunción de la Virgen, todos los santos, la Inmaculada Concepción, la Navidad. Son días no laborales, protegidos por ley, que mueven la economía y le dan descanso a millones de colombianos. A nadie, en ninguna bancada, se le ha ocurrido proponer que el Estado deje de organizar su calendario laboral alrededor de esas fechas religiosas. El laicismo colombiano se activa con vehemencia cuando el que reza no comparte nuestra ideología política, y se apaga, convenientemente, cuando se trata de un feriado que todos disfrutamos.
Y para ser justos con la historia reciente, tampoco el gobierno que se va fue un ejemplo de neutralidad religiosa discreta. Hubo una ceremonia indígena de posesión en el Parque Tercer Milenio, contratos por cientos de millones de pesos para «rituales de armonización» con participación de chamanes, y meses de debate público sobre esoterismo en Palacio. Quienes hoy se rasgan las vestiduras por un rosario no recordaron rasgárselas entonces con el mismo fervor. Eso no vuelve correcto lo de Sabanilla; simplemente deja claro que el reclamo casi nunca es por principio. Es por quien reza, y a cuál Dios.
Dicho esto, y aquí está lo que de verdad importa, hay que separar dos cosas que este debate insiste en mezclar. Una es el derecho de cualquier presidente, del signo político que sea, a practicar su fe: rezar, ir a misa, arrodillarse, regalar biblias a su gabinete, sentir lo que sienta frente a Dios. Eso es libertad de culto, protegida exactamente igual que la de cualquier ciudadano, y no desaparece porque alguien gane una elección. Este medio defenderá siempre ese derecho, para este presidente y para el que venga después, sea creyente, ateo o agnóstico.
Otra cosa, completamente distinta, es que esa fe personal se convierta en política de Estado obligatoria para quienes no la comparten. Ahí sí hay una línea que no se puede cruzar, y que merece vigilancia real, no aplausos automáticos ni escándalo automático. Poner «a Dios en el centro de cada decisión» no es, por sí solo, una violación a la laicidad; pero si esa convicción se traduce en decretos que discriminen otras confesiones, en normas que impongan una moral religiosa particular sobre quienes no la comparten, o en un trato desigual entre católicos, evangélicos, judíos, musulmanes y no creyentes, entonces sí habrá un problema constitucional serio. La prueba no está en un fin de semana de oración en Sabanilla. Está en las decisiones de gobierno de los próximos cuatro años.
Sobre la Casa de Nariño: la decisión de no vivir ni despachar allí, y de gobernar desde el Palacio de San Carlos mientras recorre las regiones, tiene razones que el propio presidente electo ha explicado con claridad: descentralización y seguridad para su esposa y sus hijos, alejados de la exposición mediática de vivir en el centro de Bogotá. Son motivos razonables que no necesitan adornos esotéricos para sostenerse. Basta con recordar en qué clima político se entrega hoy esa casa, entre denuncias cruzadas de fraude electoral, decretos de última hora y un antecesor que ya avisó que su despedida es apenas «transitoria», para entender que cualquiera preferiría empezar en otro lugar.
Este editorial no se suma al escándalo selectivo. Defendemos el Estado laico sin excepciones, también cuando el feriado religioso nos conviene a todos por igual. Y defendemos, con la misma firmeza, el derecho de un presidente a arrodillarse frente a quien quiera arrodillarse, siempre que no le pida al Estado que se arrodille con él. Esa, y no la fotografía del rosario, es la línea que de verdad hay que vigilar a partir del próximo viernes.