El otro exfuncionario del Gobierno Petro que está prófugo al igual que Carlos Ramon González

A Carlos Ramón González se suma un segundo alto cargo de esta administración que, pese a tener orden de captura, lleva días sin ser localizado.

Foto: Redes

Por estos días le han llovido críticas a la justicia y al Gobierno del presidente Gustavo Petro por las cuentas pendientes con la justicia de dos de sus antiguos altos funcionarios.

Y es que el exfuncionario del Gobierno Petro que está prófugo no es solo Carlos Ramón González, el exdirector del Dapre señalado en el escándalo de la UNGRD y hoy refugiado en Nicaragua mientras la justicia colombiana espera una circular roja de Interpol.

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A esa lista se suma un segundo alto cargo de esta administración que, pese a tener orden de captura, lleva días sin ser localizado. Su caso, también ligado a millonarios sobornos y contratos irregulares, abre un nuevo capítulo en una trama de corrupción que sacude al Ejecutivo y plantea interrogantes sobre cómo logró evadir a las autoridades.

El otro exfuncionario del Gobierno Petro que está prófugo al igual que Carlos Ramon González
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La justicia busca a César Manrique Soacha, otro exfuncionario del Gobierno Petro que está prófugo, por su presunta participación en una red de sobornos y direccionamiento de contratos de la UNGRD. Una jueza ordenó su detención y hoy las autoridades desconocen su paradero, mientras el caso reaviva el debate por la corrupción y se compara con la fuga de Carlos Ramón González.

¿Quién es el exfuncionario del Gobierno Petro que está prófugo?

César Manrique fue director del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) entre 2022 y 2024. La Fiscalía lo investiga por supuestamente recibir $3.000 millones de coima ligados al direccionamiento de contratos de agua potable para La Guajira, dentro del escándalo de la UNGRD. En junio le imputaron concierto para delinquir, interés indebido y peculado, cargos que no aceptó.

El 29 y 30 de julio, una jueza de control de garantías ordenó su reclusión en centro carcelario junto con otras siete personas vinculadas. La medida se sustentó en riesgo de fuga y posible obstrucción a la justicia.

Además de este proceso, Manrique arrastra un antecedente: en marzo fue condenado en primera instancia por irregularidades en la compra de 100 motos eléctricas durante la Alcaldía de Bogotá (2012).

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Cronología: de la medida de aseguramiento a la búsqueda

Tras la orden de cárcel de finales de julio, CTI y Dijín intentaron capturarlo en su residencia, sin hallarlo. La Fiscalía intensificó la búsqueda y, al cierre de esta nota, mantiene las diligencias mientras seis de los coimputados ya se presentaron ante autoridades.

El 5 de agosto, reportes periodísticos consignaron operativos en Bogotá y verificación con Migración; no había registro de salida formal. En términos prácticos, lleva más de dos semanas sin ser ubicado desde que la jueza 66 ordenó su captura.

Las cifras del caso UNGRD y la red investigada

De acuerdo con la Fiscalía y documentos judiciales citados por prensa, el convenio entre la UNGRD y la ANT comprometía alrededor de $100.000 millones; a cambio del direccionamiento, se habría pactado un 7 % en sobornos y una tajada directa a Manrique de $3.000 millones. Parte de los negocios involucraban el suministro de 40 carrotanques para comunidades de La Guajira.

El caso se conecta con la línea que ya llevó a prisión a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, señalados —según la investigación— de recibir $3.000 millones y $1.000 millones respectivamente. Son montos que la Fiscalía y testigos como Sneyder Pinilla han puesto bajo la lupa.

El espejo de Carlos Ramón González: otro exalto cargo fuera del radar

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La situación de Manrique se compara con la de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de la DNI. En su caso, la Fiscalía informó que estaría en Managua (Nicaragua) mientras avanza el proceso por la UNGRD. Además, pese a la solicitud del 4 de julio, Interpol aún no ha emitido la circular roja, lo que dificulta una detención internacional inmediata.

Esa demora llevó al ente acusador a responsabilizar a Interpol por la falta de activación de la alerta, un elemento clave para capturas fuera de Colombia. La controversia mantiene el foco en las herramientas de cooperación internacional y en los tiempos de respuesta.

Para la Fiscalía, Manrique habría facilitado y gestionado la canalización de recursos de un convenio ANT–UNGRD con fines de direccionamiento y pago de coimas. Los investigadores ubican el músculo financiero del esquema en contratos de agua potable y logística que no siempre se materializaron como se prometió.

En el plano político, el caso presiona al Gobierno y a su coalición, pues Manrique fue hombre de confianza en Casa de Nariño. Su fuga —como la de González— agrava el costo reputacional y alimenta la narrativa de impunidad si no se concretan capturas con prontitud.

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