Cuando Sergio Díaz-Granados, samario que preside la CAF y que antes de llegar al banco fue ministro de Comercio bajo Juan Manuel Santos, anunció en Medellín los US$9.000 millones que el banco pondrá a disposición del gobierno entrante hasta 2030, fue cuidadoso con las palabras: «Este es solo el piso», dijo. No el techo. No la meta. El piso. Que un colombiano, al frente de la principal banca de desarrollo de la región, elija esa expresión para describir el respaldo más grande que CAF le ha dado nunca al país, dice tanto sobre la magnitud del gesto como sobre la magnitud de lo que se espera a cambio.
Y lo que se espera a cambio es, en últimas, la pregunta central de esta transición: ¿está el próximo gobierno en condiciones reales de honrar la confianza que le están dando los mercados y la banca multilateral, en medio de la crisis fiscal más severa que ha recibido una administración colombiana en años recientes?
Los números no dejan espacio para el optimismo retórico. La Contraloría General de la República advirtió, en su informe más reciente antes del cierre del gobierno Petro, que el déficit primario, el que excluye el pago de intereses, se deterioró de -1,45% a -1,97% del PIB, y que al presupuesto de 2026 le faltan 303 billones de pesos por financiar, equivalentes a más de la mitad del total. El ente de control fue más allá: abrió una observación disciplinaria contra el entonces Ministerio de Hacienda por la aceleración del endeudamiento interno y externo, y por contratar deuda a tasas «significativamente superiores» a las razonables. A esto se suma lo que ya venía señalando Bloomberg: Colombia recibirá un déficit fiscal cercano al 6,7% del PIB en 2026, que sin reforma ni recorte de gasto podría escalar a 7,5% en 2027, el tercer déficit más alto del mundo, solo detrás de Brasil y Polonia. No es una herencia complicada. Es una herencia irresponsable, y conviene decirlo con esa claridad: cuatro años de gasto público desbordado, reformas tributarias fallidas y deterioro sostenido del perfil de deuda dejan al país en una posición de vulnerabilidad que no se resuelve con un solo anuncio, así sea de US$9.000 millones.
Ahí está la otra cara de la moneda. Los mercados ya reaccionaron: el peso se fortaleció, los bonos repuntaron y los spreads de riesgo cayeron tras el triunfo de Abelardo De la Espriella el 21 de junio. Pero ese optimismo, como han advertido los mismos analistas que lo celebraron, es frágil y condicionado. No es un cheque en blanco: es una apuesta que exige decisiones y acciones contundentes, más que discursos. Los inversionistas no están esperando promesas de campaña; están esperando un plan fiscal creíble, con cifras verificables, antes de que termine el primer semestre de gobierno.
La responsabilidad de que esa apuesta se cumpla recae, en primer lugar, sobre tres nombres. Miguel Gómez Martínez, el ministro de Hacienda designado, ya fijó el tono con una frase que debería repetirse en cada consejo de ministros de los próximos cuatro años: «aquí hubo una parranda de cuatro años y ahora viene el guayabo». Es un diagnóstico correcto, pero un diagnóstico no ajusta un déficit. José Manuel Restrepo, como vicepresidente y con la experiencia de haber sido él mismo ministro de Hacienda, tiene la obligación de blindar técnicamente cada decisión fiscal frente a la tentación política del corto plazo. Y el propio presidente electo, Abelardo De la Espriella, tendrá que sostener con hechos, no con anuncios en redes sociales, el capital de confianza que hoy le están dando tanto CAF como los mercados internacionales.
El recorte de embajadas anunciado hasta ahora, respaldado incluso por el expresidente Álvaro Uribe, es una señal en la dirección correcta. Pero seamos honestos sobre su tamaño real: el ahorro que representa cerrar sedes diplomáticas es simbólicamente potente y fiscalmente marginal frente a un hueco de 303 billones de pesos. El verdadero mazo grueso del gasto público colombiano no está en las embajadas: está en los cientos de miles de contratos de prestación de servicios que durante años han inflado la nómina paralela del Estado sin que exista, en la mayoría de los casos, una función real que los justifique. Ese es el ajuste que de verdad mueve la aguja fiscal, y es también el más difícil políticamente, porque toca redes clientelares construidas durante décadas. Una revisión seria, y quizás una fusión, de ministerios sería otra señal de que el ajuste no es cosmético.
El financiamiento de la CAF es una herramienta poderosa y bien diseñada: barata, condicionada a proyectos técnicamente evaluados, y respaldada por un banco que hoy dirige un colombiano que conoce de cerca las limitaciones institucionales del país. Pero ninguna línea de crédito, por generosa que sea, sustituye el ajuste fiscal que Colombia le debe a sí misma. El 7 de agosto no empieza una celebración: empieza el examen. Y ese examen no lo van a calificar los discursos de posesión, sino los primeros presupuestos, los primeros recortes reales y la primera calificación de riesgo que las agencias le pongan al nuevo gobierno.