La estabilidad energética del norte de Colombia se encuentra en su punto más crítico. La reciente solicitud de Canacol Energy para rescindir anticipadamente sus compromisos de suministro ha encendido las alarmas en el sector industrial, comercial y domiciliario. Según las últimas cifras del mercado, esta decisión pone en riesgo directo el 50% del abastecimiento de gas natural en la región Caribe, un golpe que podría desestabilizar la economía de millones de usuarios.
La raíz del problema no es solo administrativa, sino profundamente técnica. Canacol, que históricamente fue un pilar en la extracción de gas en el país, ha sufrido una erosión drástica en su capacidad de producción. En apenas tres años, la compañía pasó de extraer 200 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) a tan solo 75 mpcd registrados en este primer semestre de 2026.
La incertidumbre contractual de Canacol amenaza el bolsillo de los costeños
Esta reducción del 62.5% en su operatividad ha dejado a la empresa en una situación de insolvencia técnica. Al no contar con el recurso físico para cumplir con lo pactado, la firma ha recurrido a tribunales internacionales y nacionales para intentar cancelar 19 contratos de suministro.
«Si ya existen contratos firmados, la prioridad debe ser el cumplimiento para garantizar el servicio público esencial», señaló Naturgas, advirtiendo que la terminación anticipada de estos acuerdos obligaría a los distribuidores a comprar gas en el mercado spot, donde los precios son significativamente más volátiles y costosos.
El impacto de un posible corte o reducción en el flujo de gas no es una amenaza abstracta. Empresas de la talla de Cerro Matoso, cuya operación depende en más de un 80% del gas provisto por Canacol, enfrentan un panorama desolador.
Los hornos de producción de ferroníquel, que requieren temperaturas constantes de hasta 1,450 °C, no pueden apagarse. Un cese en el suministro obligaría a una parada técnica cuyos costos de reactivación se estiman entre $500.000 y $700.000 millones de pesos.
La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Aso energía) ha sido enfática en que esta crisis llega en un momento de vulnerabilidad nacional. Con la producción local en declive y una creciente dependencia del gas importado, la salida de un actor que representa el 17% de la oferta nacional podría empujar al país hacia un déficit estructural.
Silvana Habib, directora de Aso energía, advirtió que la incertidumbre actual envía un mensaje negativo a los inversionistas internacionales. «Es fundamental que prime el ordenamiento jurídico. No se trata solo de una disputa entre privados, sino de la continuidad de operaciones que sostienen miles de empleos y la competitividad de todo el país», afirmó.
Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Minas y Energía ha hecho un llamado a la calma, asegurando que la Superintendencia de Sociedades está vigilante. Sin embargo, el mercado permanece en vilo. Si la justicia autoriza a Canacol a desvincularse de sus obligaciones contractuales sin un plan de contingencia sólido, el Caribe podría enfrentarse a un escenario de racionamiento o a una escalada de precios que afectaría el bolsillo de los colombianos de a pie. La próxima semana será decisiva. El Gobierno nacional deberá definir si interviene para proteger el servicio público o si permite que la reorganización financiera de Canacol sacrifique la seguridad energética de la región más calurosa del país.
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