La Contraloría General de la República advirtió sobre un comportamiento contractual fuera de lo común durante la primera semana de noviembre de 2025, justo antes de que entraran en vigor las limitaciones establecidas por la Ley de Garantías Electorales.
Según el organismo de control, entre el 1º y el 7 de noviembre las entidades públicas comprometieron recursos por $9 billones, una cifra que supera ampliamente los niveles regulares registrados a lo largo del año.
Panorama general: El análisis reveló que el 7 de noviembre se convirtió en el día de mayor actividad contractual: en solo 24 horas se firmaron compromisos por $6,1 billones, lo que equivale al 68% del total contratado en esa semana. Este volumen resulta 2,9 veces mayor al promedio mensual observado entre enero y agosto de 2025, que rondaba los $2,1 billones. Además, representa un aumento del 190% frente al comportamiento histórico, razón por la cual la Contraloría calificó este pico como una concentración “atípica”.
La alerta se enmarca en el seguimiento preventivo que adelanta la entidad de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, reguladas por la Ley 996 de 2005. El objetivo es monitorear cómo se comporta la contratación estatal en los periodos inmediatamente anteriores a las restricciones electorales, con el fin de prevenir riesgos asociados a un posible uso inadecuado de los recursos públicos.
La Contraloría detecta concentración contractual irregular previo a restricciones electorales
Por qué es importante: El comportamiento contractual fue identificado mediante el Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, presentado por la Contraloría el 10 de noviembre. La revisión de los datos reportados en el Secop permitió evidenciar no solo el volumen de los compromisos interadministrativos, sino también su concentración en una fecha específica, lo que incrementó el nivel de alerta institucional.
Entre las entidades que más recursos comprometieron aparece el Departamento de Prosperidad Social (DPS), que suscribió contratos por $770.000 millones, equivalentes al 8,5% del total de la semana. La Contraloría informó que se encuentra en curso un análisis regional para identificar cómo se distribuyeron estos convenios en los distintos departamentos y verificar que los recursos se ejecuten conforme a la normativa vigente.
La vigilancia continuará durante toda la temporada electoral. La Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, junto con la Diari, examina desde septiembre los contratos suscritos hasta el 7 de noviembre, revisando su modalidad, objeto y valores agregados.
