En un país donde los servicios públicos son, en muchas regiones, más una promesa que una realidad, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y su filial Afinia asumieron un reto monumental: recuperar y garantizar el suministro de energía eléctrica en parte de la región Caribe, un territorio históricamente golpeado por la ineficiencia, el abandono institucional y la desconfianza ciudadana.
Este esfuerzo no fue fácil. No lo fue cuando EPM decidió, a pesar de las críticas y del contexto adverso, intervenir en una zona donde anteriores operadores habían dejado un desorden técnico, financiero y social. No lo fue cuando, como parte de un acuerdo entre el entonces presidente Iván Duque y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se asumió el compromiso de apoyar el proyecto del Metro de la 80 a cambio de que EPM, a través de Afinia, llegara a prestar el servicio en una parte de la Costa Caribe.
Y tampoco lo ha sido ahora, cuando, tras cuantiosas inversiones y operando en pérdida, Afinia sigue prestando el servicio sin contar con una base mínima de confianza ni con los pagos correspondientes de muchos usuarios ni del propio Estado.
Porque hay que decirlo sin rodeos: la cultura de no pago en buena parte del Caribe es una realidad estructural y preocupante. Algunos ciudadanos simplemente no quieren pagar, otros no confían en el servicio, otros más han respondido con violencia e incluso destrucción de instalaciones. Mientras tanto, Afinia continúa instalando redes, postes, transformadores. Pero ningún modelo de negocio, ni siquiera uno público y con vocación social, puede sostenerse indefinidamente si no hay ingresos.
Hoy, incluso otras empresas como Aire, que opera en Barranquilla, le adeudan a Afinia más de 107.000 millones de pesos. A eso hay que sumarle lo que deben los usuarios y el propio Estado por concepto de subsidios o tarifas sociales.
Lo paradójico, y profundamente irresponsable, es que, ante esta situación, la reacción del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, haya sido criticar y señalar a EPM, una empresa que durante décadas ha sido sinónimo de eficiencia, estabilidad financiera y servicio ejemplar. No es entendible que, en lugar de buscar soluciones conjuntas, el Gobierno se limite a atacar a una compañía que ha mantenido el servicio incluso sin recibir pagos suficientes y en condiciones muy desfavorables.
Más aún, el ministro olvida que ya no es más un líder sindical o un activista político. Ahora representa a un Estado que debería estar concentrado en resolver los problemas, no en profundizarlos con discursos populistas. Porque negar la realidad tarifaria, ignorar el impacto del hurto de energía y atacar a una empresa que ha intentado sostener lo insostenible no es liderazgo: es mezquindad.
EPM funciona en Medellín porque la ciudadanía paga. En el Caribe debe suceder lo mismo. Es impopular decirlo, pero no hay otra vía: los servicios públicos se deben pagar. Y si el Estado cree que puede hacerlo mejor, puede ejercer su opción de compra sobre Afinia. Pero sería, muy probablemente, otra crónica de una muerte anunciada.
Hoy EPM pierde dinero con Afinia, pero sigue cumpliendo. Lo mínimo que se esperaría es que el Estado honre sus compromisos y que la ciudadanía comprenda que el servicio que no se paga, se pierde. Aquí no hay espacio para romanticismos, sino para soluciones. Soluciones reales, técnicas, estructurales y alejadas de cálculos políticos.
Defendemos a EPM y a Afinia no por regionalismo ni por ideología, sino porque han sido actores responsables en medio del caos, porque le han apostado a una región históricamente olvidada, y porque aún creen que es posible transformar desde la gestión pública eficiente.
Pero también exigimos: que el Estado pague lo que debe, que se levante de manera inteligente y progresiva el esquema tarifario obsoleto, que se enfrente el robo de energía con determinación, y que las comunidades asuman su rol de corresponsabilidad.
Porque mientras se siga politizando el debate y el ministro siga criticando desde la comodidad del cargo, la gente del Caribe seguirá sufriendo, con apagones, tarifas elevadas y servicios inestables. La historia puede repetirse o podemos evitarla.
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