La reforma laboral del presidente Gustavo Petro, una de las iniciativas clave de su gobierno, volvió a tomar protagonismo tras la caída de la consulta popular del 14 de mayo de 2025.
En este ABC para entender la reforma laboral de Petro, explicamos de forma clara qué sucedió con la consulta popular, por qué la reforma laboral vuelve a estar sobre la mesa, qué cambios propone el proyecto, quiénes la apoyan o rechazan, cuáles serían sus implicaciones para trabajadores y empresarios, y qué sigue a continuación en el proceso legislativo.
La consulta popular: ¿qué pasó y por qué fracasó?
El 14 de mayo de 2025, el Senado de Colombia negó la realización de una consulta popular que el presidente Petro había impulsado para someter su reforma laboral a votación ciudadana.
La propuesta de consulta fue derrotada por un estrecho margen: 49 votos en contra y 47 a favor. Esto impidió que Petro pudiera convocar a las urnas a los ciudadanos para decidir sobre cambios en las leyes laborales, representando una nueva derrota para el Gobierno en el Congreso.
La votación en el Senado estuvo rodeada de polémica. Integrantes del gobierno denunciaron irregularidades en el procedimiento. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó lo sucedido de “fraudulento” y acusó al presidente del Senado de cerrar prematuramente el registro de votación cuando la opción favorable a la consulta iba ganando. “Hoy hicieron trampa”, protestó Benedetti en su cuenta de X (antes Twitter), anunciando que apelaría la votación.
Malandrines. En este video se demuestra cómo el secretario del Senado tacha un voto del Sí y lo agrega a los votos del No después de cerrada la votación. De ahí mi reacción. Habrá denuncia penal por ese robo. Con ese voto habríamos estado 48-48 y además no dejaron votar al menos… pic.twitter.com/WvdUOKZ95h
— Armando Benedetti (@AABenedetti) May 14, 2025
Por su parte, el propio presidente Petro, quien se encontraba de visita oficial en China, también denunció un “fraude” similar al de las controvertidas elecciones de 1970, e instó a las centrales obreras y movimientos sociales a reunirse para dar una respuesta contundente en las calles.
La Registraduría Nacional había advertido además que realizar la consulta costaría alrededor de 700 mil millones de pesos, un argumento esgrimido por algunos opositores para rechazarla.
En consecuencia, la consulta popular quedó archivada por decisión del Congreso, frustrando la intención del Gobierno de legitimar su reforma laboral vía participación ciudadana. Sin embargo, lejos de significar el fin del asunto, esta derrota abrió paso a un giro inesperado en la estrategia legislativa que puso nuevamente la reforma en el centro del debate.
La “resurrección” de la reforma laboral de Petro en el Congreso
Minutos antes de votar la consulta popular, el Senado tomó una decisión sorpresiva: revivir el proyecto de ley de reforma laboral que había sido archivado en marzo.
Mediante una figura poco usual –la apelación al archivo–, la plenaria aprobó por amplia mayoría (68 votos a favor y 3 en contra) el recurso para desarchivar la iniciativa gubernamenta.
Esta movida, impulsada principalmente por sectores de oposición, “resucitó” la reforma laboral dándole una nueva oportunidad de trámite legislativo, pero también sirvió para quitar sustento a la necesidad de la consulta popular convocada por Petro.
De hecho, una vez aprobado el recurso de apelación, muchos senadores argumentaron que ya no tenía sentido llamar a las urnas sobre un tema que seguiría su curso en el Congreso. Acto seguido, procedieron a rechazar la consulta popular en la ajustada votación ya mencionada.
El contexto político de esta maniobra fue muy particular. Los partidos opositores (Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador, entre otros) promovieron el recurso de apelación a última hora justamente para “atornillar” el debate de la reforma en el Congreso y torpedear la consulta del Gobierno.
Por su parte, la bancada oficialista del Pacto Histórico inicialmente se opuso a revivir el proyecto –pues apostaba por la vía ciudadana– e incluso se ausentó de la votación del recurso en señal de protesta.
En cualquier caso, la decisión del 14 de mayo significa que la reforma laboral de Petro vuelve al ruedo legislativo. Ahora el proyecto cuenta con un plazo muy limitado para surtir los debates pendientes: según la ley, debe aprobarse antes del 20 de junio de 2025 o de lo contrario se archivará nuevamente.
En términos prácticos, esto implica que en las próximas semanas el texto será asignado a una nueva comisión del Senado (distinta de la Comisión Séptima, que lo había hundido) para su tercer debate, y luego pasaría a la plenaria del Senado para un cuarto y último debate.
Son aproximadamente 37 días de plazo para definir la suerte de la reforma, en medio de un clima político tenso y bajo la atenta mirada de la opinión pública.
ABC de la reforma laboral de Petro
La reforma laboral del gobierno Petro busca introducir profundos cambios al régimen laboral colombiano, orientados a fortalecer los derechos de los trabajadores y reducir la precariedad. A grandes rasgos, estos son algunos de sus puntos clave:
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Límite a la jornada y recargos: Establecer una jornada máxima de 8 horas diarias y redefinir el horario nocturno desde las 6:00 p.m. (actualmente comienza más tarde), de modo que el trabajo después de esa hora tenga recargo nocturno. Asimismo, aumentar el recargo por trabajo en días dominicales y festivos del 75% al 100% del salario habitual. Esto implica que trabajar un domingo o festivo sería pago al doble, como solía ser antes de reformas anteriores.
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Mejoras para empleados de plataformas y temporales: Garantizar la afiliación a seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales) de los trabajadores de plataformas digitales de reparto y otros empleos por aplicación, muchos de los cuales hoy laboran sin protección. También se busca eliminar la intermediación laboral abusiva y reducir la excesiva temporalidad en la contratación. En otras palabras, promover el contrato a término indefinido sobre figuras precarias, de modo que sea la forma usual de vinculación laboral.
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Licencias y bienestar: Otorgar permisos remunerados para asistir a citas o tratamientos médicos durante la jornada de trabajo, obligando a los empleadores a facilitar el acceso a la salud de sus empleados. Igualmente, crear la licencia menstrual para mujeres trabajadoras que sufran periodos menstruales incapacitantes, permitiéndoles días libres remunerados en esos casos. Estas medidas apuntan a mejorar la calidad de vida y salud ocupacional de la fuerza laboral.
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Otros cambios propuestos: La iniciativa también contempla mayores garantías para sindicatos y negociación colectiva, protección especial contra despidos injustificados y equiparación de prestaciones para trabajadores domésticos, entre otras disposiciones según borradores discutidos. El espíritu general de la reforma es “devolver” derechos laborales que, según sus promotores, fueron recortados en reformas de gobiernos anteriores, y actualizar la legislación acorde con principios de trabajo digno. En suma, la reforma pretende reequilibrar las relaciones obrero-patrón en favor del trabajador, corrigiendo inequidades históricas.
Es importante destacar que todas estas medidas aún son propuestas en discusión. El articulado podría sufrir modificaciones durante el trámite legislativo, ya sea para matizar algunos puntos o para incorporar acuerdos con distintos sectores.
Apoyos y rechazos: ¿quiénes están a favor y en contra?
La reforma laboral de Petro genera posiciones polarizadas en Colombia. Por un lado, el Gobierno y sectores progresistas la defienden con vehemencia. Petro llegó a la presidencia como el primer mandatario de izquierda del país (en agosto de 2022) con la promesa de reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de los trabajadores.
Sindicatos y centrales obreras también apoyan plenamente la reforma: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras organizaciones sindicales han participado en su elaboración y realizado movilizaciones para impulsarla.
“No le fallen a los trabajadores… No pueden seguir de espaldas al país y de espaldas a los trabajadores”, advirtió Fabio Arias, presidente de la CUT, pidiendo al Senado que aprobara la consulta popular como mecanismo para sacar adelante los cambios.
Tras la negativa del Congreso, los líderes sindicales han anunciado nuevas jornadas de protesta y hasta la posibilidad de huelga general, al considerar que el Legislativo le está dando la espalda a las justas reivindicaciones laborales.
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Por otro lado, los partidos de oposición y gremios empresariales rechazan la reforma tal como está planteada. Legisladores conservadores y de derecha alegan que muchas disposiciones del proyecto son populistas, rígidas o inconvenientes para la economía. En vez de fomentar el empleo, advierten, podría ocurrir lo contrario: que suban los costos laborales y se reduzca la contratación, aumentando el desempleo y la informalidad. Los gremios empresariales –como la ANDI (industriales), Fenalco (comercio), SAC (sector agro) y otros– han sido muy vocales al respecto.
Tras el hundimiento de la consulta, estos gremios celebraron que prevaleciera el debate institucional en el Congreso. “Las decisiones que tomó el Congreso… son correctas. El escenario para la discusión de proyectos como la reforma laboral es sin duda el legislativo”, afirmó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.
No obstante, los empresarios dejan claro que no apoyan el texto actual de la reforma. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificó el regreso del proyecto al Congreso como un “premio de consolación” para el Gobierno, advirtiendo que la reforma no protege a las empresas que luchan por sobrevivir en un contexto económico desafiante.
Los opositores respaldan sus preocupaciones en estudios técnicos. Por ejemplo, el Banco de la República publicó un análisis advirtiendo que, de aprobarse la reforma laboral, se podrían perder más de 450.000 empleos en el mediano plazo.
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