El senador Ivan Name, expresidente del Senado, y el representante cordobés Andrés Calle, quien lideró la Cámara de Representantes hasta 2024, están en el centro del escándalo mediático después de que se conociera que serán privados de la libertad.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura preventiva por los presuntos sobornos recibidos dentro del caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según los magistrados, Name habría recibido hasta 3.000 millones de pesos y Calle otros 1.000 millones para allanar el camino legislativo de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. El alto tribunal consideró que, en libertad, ambos podrían obstruir la investigación y los imputó por cohecho propio, peculado por apropiación y financiación ilegal de campañas políticas.
¿Quién es Iván Name?
Nacido en Barranquilla el 18 de junio de 1957, Iván Leonidas Name Vásquez lleva más de cuatro décadas en la política. Empezó como diputado de Cundinamarca en 1980, saltó a la Cámara dos años después y, tras varios intentos fallidos, llegó al Senado en 2010 por la Alianza Verde (antes militó casi 25 años en el Partido Liberal).
En 2023 alcanzó la Presidencia del Senado, cargo que ejerció hasta julio de 2024. Avanzada su carrera, su influencia se forjó tanto por los vínculos familiares —es sobrino del veterano barón costeño José Name Terán— como por su capacidad para tejer alianzas con bancadas conservadoras y de derecha, a pesar de pertenecer formalmente a una colectividad de centro-izquierda.
Su paso por la Mesa Directiva no estuvo exento de controversias: durante 2023 bloqueó la reforma pensional del Gobierno y fue criticado, incluso, por sectores de su propio partido. Pero el golpe más duro llegó con el expediente UNGRD.
De acuerdo con las declaraciones del exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, y del exdirector Olmedo López, a Name se le habrían entregado maletas de efectivo en su apartamento en el norte de Bogotá para acelerar —o frenar, según conviniera— las discusiones de las reformas pensional, laboral y de salud.
En la plenaria del Senado, dos días antes de que se firmara la orden de captura, el propio Name pareció presagiar su suerte: “No sé si esta sea mi despedida en el tránsito de una democracia en la que creemos y de una justicia en la que confiamos, dispuestos a cambiar el traje y la vestidura parlamentaria por el que deba ser”, dijo, ante un hemiciclo atónito.
¿Quién es Andrés Calle?
Al contrario de Name, Andrés David Calle Aguas representa a una generación política más joven. Abogado y politólogo, nació en Montelíbano (Córdoba) el 27 de diciembre de 1991 y se curtió como dirigente estudiantil antes de obtener su primera curul en la Cámara en 2018 por el Partido Liberal.
En julio de 2023 asumió la Presidencia de la Cámara con apenas 31 años, convirtiéndose en uno de los rostros emergentes del liberalismo y en un aliado visible del Ejecutivo para sacar adelante las reformas.
No obstante, los señalamientos de Pinilla y López sitúan a Calle en el mismo engranaje de sobornos: una maleta con fajos de 50.000 y 100.000 pesos habría sido entregada —según la versión del testigo— en su apartamento de Montería.
Con esas pruebas preliminares, la Corte abrió en 2024 una indagación formal y hoy le impuso la misma medida de aseguramiento que a su homólogo del Senado. Para la Fiscalía, los supuestos pagos tenían como fin “aceitar” la agenda legislativa del Gobierno, argumento que la defensa de Calle considera “especulativo y falto de sustento”.
El hilo que une a los congresistas con la UNGRD
El origen del escándalo se remonta a los millonarios sobrecostos detectados en un contrato para comprar 40 carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira. Esos recursos, según la hipótesis fiscal, nutrieron una bolsa de coimas de más de 4.000 millones de pesos repartidos entre varios congresistas para allanar las reformas del Gobierno Petro. La colaboración de Pinilla y López —ya condenados o negociando penas reducidas— permitió trazar la ruta del dinero hasta las oficinas y viviendas de Name y Calle.
Los investigadores sostienen que los pagos se efectuaron en octubre de 2023, pocos días antes de las elecciones regionales donde contendían la hija de Name y el padre de Calle. Asimismo, los señalamientos salpican a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, al entonces jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia Carlos Ramón González y a varios ministros de la época, quienes hoy también son objeto de pesquisas preliminares.
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En el plano jurídico, la medida de aseguramiento no implica sentencia, pero anticipa un proceso prolongado en el que la Corte deberá valorar testimonios, chats, registros financieros y la eventual colaboración de otros implicados. Si se confirmara el peculado, las penas podrían superar los 12 años de prisión y la inhabilidad para ejercer cargos públicos, un panorama particularmente severo para Name, quien acumula 15 años consecutivos de fuero parlamentario.
Tras entregarse a la Dijín, los dos congresistas serán trasladados a un centro de reclusión preventiva mientras la Corte define si se mantiene la detención intramural o se sustituye por domiciliaria. El proceso también obligará a sus partidos —Verde y Liberal— a decidir si les suspenden la militancia y, de paso, a recomponer las alianzas que sostienen la coalición gubernamental en la Cámara y el Senado.
En cualquier escenario, el caso marca un antes y un después en la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo: deja en entredicho la transparencia en la negociación de proyectos y tensiona las filas del Pacto Histórico, que apostaba por aprobar la reforma pensional antes del receso de mitad de año. Mientras tanto, la opinión pública asiste a un nuevo recordatorio de cómo la política de los viejos clanes y la promesa de la renovación terminan, una vez más, cruzadas por el mismo atajo de la corrupción.
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