El panorama salarial de los empleados públicos colombianos vuelve a moverse. Tras tres intensas semanas de negociaciones, el Gobierno y las centrales sindicales alcanzaron un consenso que fijó el incremento de 2025 en 7 % y ató el ajuste de 2026 a la fórmula IPC del año + 1,9 puntos. La cifra final venció la resistencia fiscal del Ejecutivo y superó—por un pequeño margen—el techo que algunos analistas daban por inamovible.
La mesa fue presidida por los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, y de Hacienda, Germán Ávila Plazas, quienes compartieron la responsabilidad de destrabar un proceso que arrancó con posiciones muy distantes: las organizaciones obreras pedían IPC + 5 % —alrededor de 10,2 %— frente a una oferta oficial inicial de apenas IPC + 1,3 %.
Cuatro rondas de contrapropuestas después, ambas partes cerraron la brecha y anunciaron el acuerdo en vísperas del 1.º de mayo, fecha que el Ejecutivo aprovechará para radicar en el Congreso una Consulta Popular sobre reformas sociales.
“Nos sentimos contentos de poder entregar este resultado de la mano de los trabajadores y que todo se realiza teniendo como referente el Decreto 243 de 2024, que hace más eficiente y organizada la negociación estatal”, declaró Sanguino al emplazar el documento final.
Más de 1.250.000 trabajadores estatales se beneficiarán con un aumento salarial del 7% en 2025 y del IPC + 1,9% en 2026.
Un logro de la negociación nacional del sector público.
¡Avanza la justicia laboral en Colombia!🇨🇴
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— Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) May 1, 2025
El panorama del incremento salarial de los empleados públicos
El nuevo porcentaje forma parte de una tendencia que combina inflación y “colchón” adicional para evitar pérdida de poder adquisitivo. Basta repasar la serie histórica: 10,88 % de incremento en 2024 (IPC 2023 + 1,6 pp), 14,62 % en 2023 (IPC 2022 + 1,5 pp) y 7,26 % en 2022 (IPC 2021 + 1,64 pp). La lógica se repite ahora, pero con menos holgura: un plus de aproximadamente 1,8 puntos sobre la inflación esperada.
El presidente de la CUT, Fabio Arias, celebró el resultado, aunque subrayó que la agenda está lejos de cerrarse. “Se negoció el salario, pero faltan los demás asuntos de prestaciones económicas y otros. Obviamente, celebramos este acuerdo salarial. Saludamos estos esfuerzos que siempre serán insuficientes, pero están en la dirección correcta”, afirmó.
Los empleados públicos que se beneficiarán del incremento salarial en 2025 – 2026
Será en torno a 1 250 000 personas —y aquí vale detenerse—:
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Docentes de colegios oficiales y universidades públicas, columna vertebral de la educación del país.
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Trabajadores de la salud en hospitales y centros de atención estatales, desde médicos y enfermeras hasta personal administrativo.
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Miembros de la Fuerza Pública (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía), encargados de la seguridad y defensa nacional.
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Funcionarios administrativos de todos los ministerios y entidades del Gobierno central.
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Servidores territoriales, es decir, empleados de gobernaciones, alcaldías y entes descentralizados en departamentos y municipios.
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Personal de la justicia y los organismos de control, cuya labor garantiza la aplicación de las normas y la vigilancia de los recursos públicos.
En otras palabras, el aumento impactará a más del 5 % de la población ocupada y tendrá un efecto cascada en la demanda interna, pues la mayoría de estos salarios se destina al consumo local.
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Cómo se destrabó la negociación para aumentar el salario de los empleados públicos
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Oferta inicial del Ejecutivo
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IPC + 1,3 % (muy por debajo del 10,2 % exigido).
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Las centrales la calificaron de “estrategia de turqueo” y la rechazaron tajantemente.
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Propuestas intermedias
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IPC + 1,45 % y luego IPC + 1,6 %.
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Ambas fueron consideradas insuficientes; la brecha seguía en torno a 3 puntos.
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Movimiento sindical
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Con el tiempo en contra, los sindicatos bajaron su petición a IPC + 3 % y dejaron la pelota en el campo del Gobierno.
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Cifra definitiva
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IPC + 1,8 % para 2025, que equivale al 7 % de incremento nominal anunciado.
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Para 2026 se pactó IPC + 1,9 %, evitando reabrir la discusión en año preelectoral.
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Aunque el ministro Ávila habló de “estrechez fiscal”, el acuerdo añadirá varios billones de pesos a la masa salarial del Estado en 2025. El desafío será financiar ese gasto sin deteriorar la senda de ajuste presupuestario ni sacrificar programas sociales.
En paralelo, la mesa deberá retomar los temas pendientes: prestaciones, estabilidad, carrera administrativa y condiciones de salud y seguridad en el trabajo. La CUT ya anticipó que buscará poner estas materias en el centro del siguiente ciclo de conversaciones, consciente de que el salario es apenas una pieza del rompecabezas laboral.
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