Colombia ha tenido gobiernos fatales, desastrosos, gobiernos que han herido las bases democráticas y republicanas de la Nación. El de Gustavo Petro fue una tragedia para el país. Su estrategia frente a la violencia terminó favoreciendo a quienes delinquen, mientras los colombianos veíamos cómo se deterioraba la seguridad y se aplazaban las esperanzas de progreso. Fueron cuatro años perdidos para una nación que necesita avanzar y poner fin a esa violencia fratricida que nos acompaña desde que nos independizamos.
De ese gobierno se ha hablado y se seguirá hablando. La discusión sobre su legado no ha terminado, aunque para muchos colombianos su balance resulte claramente negativo. Sin embargo, cuando escribo estas líneas, quien gobierna es Abelardo de la Espriella. Y es de él, de sus actuaciones y de la manera como entiende el poder, de quien quiero hablar.
Su gobierno apenas supera los cien días. Sería irresponsable declarar desde ahora que ha sido un fracaso definitivo o afirmar que ya destruyó las bases democráticas y republicanas del país. Pero tampoco podemos utilizar la brevedad de su mandato como excusa para guardar silencio ante señales que merecen atención. En este corto periodo han aparecido presagios de autoritarismo e improvisación que despiertan inquietudes legítimas sobre la vida institucional de Colombia.
Puedo decir que lo que lleva de gobierno ha sido fatal en un sentido distinto al de sus resultados, que todavía son discutibles y necesitan tiempo para evaluarse. Me preocupa, sobre todo, su posición frente a las instituciones y su manera de ejercer la autoridad. Petro tensó la cuerda del Estado de derecho desde la izquierda; De la Espriella empieza a hacerlo desde el extremo contrario. Cambian las convicciones ideológicas, pero la República vuelve a quedar expuesta a la misma tentación de convertir el poder presidencial en una voluntad que no reconoce suficientes límites.
Y esto no es un asunto menor. Vivimos un momento histórico en el que resurgen movimientos autoritarios, antiliberales, ultraconservadores y religiosos fundamentalistas que cuestionan principios esenciales de las democracias. No se trata de una disputa entre izquierda y derecha, ni de una pelea por quién tiene la razón en el cuadrante político. Se trata de defender la libertad, el pluralismo y la separación entre el Estado y las convicciones particulares de quienes gobiernan.
Por principio de cuentas, hay una frase que el presidente De la Espriella ha convertido en una de sus consignas públicas. «¡Viva Cristo Rey!». Y sobre ella tengo algo que decir.
No me gusta que el jefe de Estado utilice una expresión de carácter confesional como si pudiera convertirse en el motor religioso de toda la Nación. Colombia es mayoritariamente católica y cuenta también con una importante población protestante y de otras confesiones cristianas. Pero eso no le concede al presidente el derecho de presentar una creencia particular como identidad religiosa del Estado. Colombia garantiza la libertad de cultos y esa garantía obliga, ante todo, a quien ocupa la Presidencia.
Tampoco me gusta que utilice a Cristo como una figura guerrera, confrontacional, perseguidora o justiciera. Lo digo desde mi propia creencia. El Jesús que encuentro en la Biblia es un hombre humilde, protector de los necesitados, cercano a quienes sufren, portador de un mensaje de amor y conciliación. No recorría Jerusalén, Galilea, Cafarnaúm, Tiberíades, Nazaret o Betsaida rodeado de comandantes y generales, lanzando amenazas y sembrando miedo. Se acercaba a los enfermos, a los pobres, a los excluidos y a quienes necesitaban consuelo.
Por eso me resulta tan contradictorio que se invoque su nombre para acompañar discursos de confrontación y demostraciones de fuerza. El presidente debería comprender que no gobierna una comunidad religiosa, sino una República. En Colombia también viven musulmanes, judíos, budistas, hinduistas, ateos y agnósticos. Todos pagan impuestos, contribuyen al sostenimiento del Estado y tienen los mismos derechos. El presidente debe respetarlos sin distinción. Su salario y su seguridad también se financian con los recursos de ciudadanos que no necesariamente comparten sus creencias.
El segundo asunto tiene que ver con su manera de encarar a los delincuentes. No hay discusión sobre la obligación del Estado de perseguir a quienes cometen delitos, capturarlos y llevarlos ante la justicia. Si ofrecen resistencia armada, la Fuerza Pública tiene la facultad de actuar dentro de la ley. Para eso existe el Estado. Colombia ha padecido demasiadas guerras y demasiada violencia como para confundir la autoridad con la debilidad.
Pero hay una diferencia fundamental entre combatir al delincuente y humillarlo. En distintos operativos de la Fuerza Pública, el presidente ha difundido videos en los que aparece encarando con palabras fuertes a personas capturadas, presentadas como presuntos bandidos. La captura puede ser necesaria y legítima; la humillación pública es otra cosa. No considero que esa sea la conducta que corresponde a quien ostenta la más alta magistratura del Estado.
Incluso en la guerra existen reglas. Una de ellas es no degradar al enemigo. El Estado debe distinguirse de quienes infringen la ley, precisamente porque está obligado a respetarla. No podemos regresar a las épocas de los romanos, las cruzadas o la Edad Media, cuando la exhibición del vencido formaba parte de la demostración del poder. Hoy existen una Constitución, garantías judiciales y normas internacionales que limitan la actuación de las autoridades. Se han planteado cuestionamientos jurídicos sobre estos episodios, particularmente frente al artículo 12 de la Constitución, que prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y al artículo 29, que consagra la presunción de inocencia y el debido proceso. No son formalidades que el presidente pueda ignorar porque quiera mostrarse implacable.
El último asunto tiene que ver con la idea que De la Espriella parece tener de sí mismo como nuevo líder de la derecha colombiana. Puede que se considere su representante; quizá su liderazgo corresponda más a los sectores de la ultraderecha que a una derecha liberal y democrática. En cualquier caso, sus posiciones merecen ser examinadas sin confundir la autoridad presidencial con un cheque en blanco.
El presidente parece interpretar su victoria como un mandato amplio para hacer cuanto considere conveniente. Pero los números electorales cuentan otra historia. Ganó por una diferencia cercana a los 252.000 votos, equivalente al 0,96 por ciento, según las cifras que se han puesto sobre la mesa. No obtuvo una ventaja contundente que le permita presentarse como dueño de una voluntad nacional indiscutible. Buena parte de quienes votaron por él lo hicieron también para impedir la continuidad del petrismo en una eventual reelección representada por Cepeda. Muchos de esos mismos ciudadanos hoy lo cuestionan y le reprochan la manera en que está ejerciendo el poder.
De la Espriella debe entender que ganó una elección, no la propiedad de Colombia. Su victoria le entregó la responsabilidad de gobernar, no el derecho de pasar por encima de las instituciones, las minorías o los ciudadanos que no piensan como él. Tampoco lo convirtió automáticamente en el líder indiscutible de una corriente política.
Petro ya nos mostró los riesgos de un presidente que confunde el mandato electoral con la posibilidad de tensionar las instituciones a su antojo. No necesitamos repetir la experiencia desde el otro extremo ideológico. La República no pertenece a la izquierda ni a la derecha, tampoco al presidente de turno. Nos pertenece a todos, incluso a quienes votaron por él y hoy tienen razones para cuestionarlo.
Por eso no pienso guardar silencio. Los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de vigilar al poder, de cuestionarlo y de advertir sus excesos. La democracia no termina el día de las elecciones. Ese día comienza una responsabilidad mucho más importante, impedir que quien gana las urnas termine creyendo que también ha ganado el derecho a disponer de la República.
Por: Aldumar Forero Orjuela- @AldumarForeroO
