El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se ha convertido en uno de los procesos legales más complejos y prolongados de la historia reciente de Colombia.
Este caso sin precedentes –Uribe es el primer exmandatario colombiano en sentarse en el banquillo de los acusados– ha estado marcado por un contexto altamente polarizado, múltiples cambios de jurisdicción, recursos legales dilatorios y acusaciones cruzadas de persecución política y de búsqueda de justicia.
ABC del proceso contra Álvaro Uribe Vélez
El proceso judicial contra Álvaro Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, tiene sus raíces en un enfrentamiento político con el senador opositor Iván Cepeda. En 2012, Cepeda realizó un debate en el Congreso sobre paramilitarismo en Antioquia y presentó testimonios que vinculaban al expresidente Uribe y a su hermano con la conformación de un grupo paramilitar conocido como el Bloque Metro.
En respuesta, Uribe –por entonces senador– denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de manipulación de testigos, al alegar que Cepeda habría buscado testigos falsos contra él.
Sin embargo, tras años de indagaciones, la Corte Suprema determinó que no existía tal manipulación por parte de Cepeda, sino indicios de que personas cercanas a Uribe habrían intentado influir en testigos para desacreditar al senador opositor. El 16 de febrero de 2018, la Sala Penal de la Corte archivó la investigación contra Cepeda y ordenó investigar al propio Álvaro Uribe por presunto soborno de testigos y fraude procesal.
Así, lo que empezó como una denuncia del expresidente terminó volviéndose en su contra, dando inicio formal al llamado Caso Uribe.
Este caso toca asuntos sensibles del conflicto colombiano. Los testigos clave –como Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, exparamilitares– han declarado sobre supuestos vínculos de Uribe con grupos paramilitares en el pasado.
Monsalve, hijo de un antiguo mayordomo de la hacienda Guacharacas (propiedad de la familia Uribe), ha sostenido que en esa finca se gestó un grupo de autodefensa ilegal, acusación que el expresidente niega tajantemente. Dada la gravedad de estas afirmaciones, el proceso contra Uribe por fraude procesal (engañar a la justicia) y soborno en actuación penal (manipular testigos) ha estado rodeado de una fuerte carga política.
Uribe, líder del partido derechista Centro Democrático, se ha declarado inocente y afirma ser víctima de persecución política por parte de sus adversarios. Sus seguidores consideran que el juicio es un intento de manchar su legado, mientras que sus críticos lo ven como una prueba de la independencia judicial y la necesidad de verdad sobre viejas alianzas con el paramilitarismo.
Cronología del caso Uribe: de la Corte Suprema a la Fiscalía (2018-2024)
2018 – Inicio de la investigación formal: Después del auto de la Corte Suprema de febrero de 2018, el 24 de julio de ese año la Corte abrió investigación formal contra Álvaro Uribe y lo llamó a indagatoria (interrogatorio oficial).
Se le vinculó junto con el entonces congresista Álvaro Hernán Prada, por supuestamente presionar al testigo Monsalve para retractarse y declarar falsamente contra Cepeda. En septiembre de 2018 ocurrió un incidente controvertido: se descubrió que la Corte había interceptado por error una línea telefónica de Uribe en el curso de otro caso, lo que desató una polémica sobre eventuales irregularidades en la investigación.
A pesar de los reclamos de la defensa, la Corte mantuvo el proceso y en febrero de 2019 acreditó a Iván Cepeda como víctima dentro del caso, dándole participación formal en el expediente. Ese mismo año, Uribe intentó sin éxito anular la investigación alegando violación a sus garantías (por las interceptaciones), petición que fue rechazada por el tribunal.
Tras recoger numerosos testimonios durante 2019, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema imputó formalmente a Uribe en octubre de ese año por los delitos de soborno y fraude procesal.
La situación dio un giro histórico el 4 de agosto de 2020, cuando la Corte Suprema ordenó medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra el exmandatario, al considerar que existía riesgo de obstrucción de la justicia. Por primera vez en la historia, un expresidente colombiano fue puesto en arresto domiciliario en medio de un proceso penal.
Esta decisión causó un fuerte impacto político: pocos días después, el 18 de agosto de 2020, Álvaro Uribe renunció a su escaño en el Senado, maniobra que tuvo consecuencias jurídicas importantes. Al dimitir como congresista, Uribe perdió el fuero que le otorgaba la Constitución (según el cual era la Corte Suprema la encargada de juzgarlo) y logró que su caso pasara a la justicia ordinaria, es decir, a la Fiscalía General de la Nación.
Este traslado de jurisdicción implicó, en la práctica, que el expediente fuera asignado a un fiscal y un juez de circuito, cambiando el rumbo del proceso.
Uribe permaneció 66 días bajo arresto domiciliario hasta que, en octubre de 2020, una jueza de control de garantías revocó esa medida y dejó al exmandatario en libertad mientras avanzaba la investigación.
Con el caso ya en manos de la Fiscalía, encabezada entonces por Francisco Barbosa (cercano al gobierno uribista de Iván Duque), la defensa de Uribe pasó a la ofensiva jurídica para cerrar el proceso. En marzo de 2021, el fiscal delegado Gabriel Jaimes solicitó precluir (archivar) la investigación argumentando falta de pruebas suficientes para acusar formalmente al expresidente.
Esta fue la primera de una serie de intentonas para terminar el caso antes de llegar a juicio. Sin embargo, dichas maniobras no prosperaron en los tribunales: en abril de 2022, la juez encargada negó la preclusión y ordenó continuar con la investigación. Pese a ello, un segundo fiscal asignado (Javier Contreras) insistió en la necesidad de cerrar el caso por falta de mérito.
El tira y afloja legal continuó durante 2022 y 2023. En octubre de 2022 se llevaron a cabo audiencias para debatir la legalidad de la preclusión solicitada, y la decisión final se postergó para el año siguiente.
Finalmente, el 23 de mayo de 2023, la jueza 41 de Conocimiento de Bogotá, Laura Barrera, decidió no precluir el caso. En un extenso fallo, la jueza concluyó que la Fiscalía no presentó argumentos sólidos para cerrar el expediente y que existían indicios que ameritaban llevar a Uribe a juicio.
Uribe reaccionó entonces señalando que el proceso estaba politizado y criticando a la jueza, lo que evidenció de nuevo la polarización alrededor del caso. La Fiscalía, bajo la dirección de Barbosa, aún trató de insistir: apeló la decisión, pero el 6 de octubre de 2023 el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la negativa a la preclusión, rechazando por tercera vez cerrar el proceso. Con este camino despejado, la Fiscalía no tuvo más opción que preparar la acusación formal.
En abril de 2024 se materializó un avance clave: el 9 de abril de 2024, un fiscal delegado ante la Corte Suprema radicó el escrito de acusación contra Álvaro Uribe. En esta acusación se habrían incluido nuevas pruebas que anteriormente no figuraban en las solicitudes de preclusión, lo que indicaba que el ente acusador finalmente reunió suficientes elementos para sustentar un juicio.
A partir de ese momento, el proceso entró a fase de juicio en un juzgado de Bogotá. No obstante, el calendario apremia: la justicia ordinaria tiene plazo, según los términos de prescripción, hasta 2025-2026 para lograr una sentencia definitiva en este caso. Esto agrega presión adicional, ya que si el juicio se prolonga más allá de esos límites sin un fallo, los delitos imputados podrían prescribir.
¿Por qué se ha demorado tanto el caso Uribe?
La complejidad jurídica y las tácticas de defensa han jugado un papel crucial. En total, fueron casi seis años desde que la Corte Suprema inició la investigación (2018) hasta que la Fiscalía logró llevar a Uribe al banquillo en un juzgado (2024).
Este lapso incluyó: cambios de jueces y magistrados, como la recusación de una magistrada en 2019 por posible conflicto de intereses; traslados de jurisdicción, al pasar de la Corte al sistema ordinario; y reiterados recursos legales (nulidades, tutelas, solicitudes de archivo) que dilataron la llegada a juicio.
Adicionalmente, la trascendencia política del caso hizo que cada decisión judicial fuese controvertida. Por un lado, hubo sectores denunciando que aliados de Uribe en la Fiscalía buscaban frenar el caso para garantizar la impunidad; por otro, seguidores del exmandatario alegaron que algunos jueces actuaron con sesgo político en su contra.
Estos vaivenes de decisiones han prolongado el proceso por años, al punto que se habla de más de una década de antecedentes desde las primeras denuncias. Cada avance significativo (como la imputación de cargos o la negativa a una preclusión) fue generalmente seguido de apelaciones o contramovidas que consumieron meses adicionales. Todo esto explica la inusual lentitud para definir la situación jurídica de Uribe, una figura cuyo peso político ha hecho del juicio un tema nacional delicado.
Lo más reciente del caso contra Álvaro Uribe
Este panorama llegó a un momento cumbre el 5 de mayo de 2025, cuando Álvaro Uribe Vélez finalmente rindió declaración en el juicio oral que se adelanta en su contra en Bogotá.
Esa mañana, el exmandatario asistió de forma presencial al Juzgado 44 Penal del Circuito en el complejo judicial de Paloquemao, convirtiéndose oficialmente en el primer expresidente colombiano en comparecer como acusado en un juicio penal ordinario.
Al inicio de la diligencia, la jueza Sandra Liliana Heredia le preguntó si deseaba acogerse a su derecho a guardar silencio. Uribe sorprendió al renunciar a ese derecho, aduciendo que sentía un “compromiso con la justicia, con [su] familia… y con las instituciones” que representó. Según dijo en su testimonio, su responsabilidad con el país y con quienes lo han apoyado lo obligaba moralmente a declarar y dar la cara: “Todo eso fija una enorme responsabilidad en mi persona que me obliga a renunciar al derecho de guardar silencio”, afirmó.
Durante su intervención de aproximadamente nueve horas, Uribe negó categóricamente las acusaciones. En particular, respondió a los señalamientos relativos a los supuestos intentos de manipular testigos a través de su entonces abogado, Diego Cadena.
El exmandatario rechazó haber enviado a Cadena a sobornar a exparamilitares para que cambiaran sus declaraciones, insistiendo en que nunca dio esa instrucción ni estuvo al tanto de irregularidades. Frente al testimonio específico de Juan Guillermo Monsalve –considerado el testigo clave del caso–, Uribe negó siquiera conocerlo personalmente.
Bajo juramento declaró que “nunca lo he conocido, lo vine a conocer cuando vino aquí al juicio”, explicando que su conocimiento de Monsalve provino de la publicidad que tuvo en medios la entrevista que este dio al senador Cepeda años atrás.
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En otras palabras, sostiene que solo supo de la existencia de Monsalve cuando este apareció públicamente acusándolo de nexos con paramilitares, y que jamás tuvo trato directo con él. Adicionalmente, Uribe afirmó no recordar haber intervenido para favorecer a Monsalve en temas carcelarios: cuando su abogado le preguntó sobre una supuesta carta de Monsalve pidiendo traslado de prisión durante su gobierno, el expresidente dijo “no lo recuerdo” y agregó que de haber conocido tal solicitud la habría remitido a la Fiscalía en su momento.
Uribe dedicó buena parte de su declaración a repasar su trayectoria y a defender su honra. Habló de su gestión como gobernador de Antioquia en los años 90 y como presidente, destacando medidas de seguridad y negando vínculos con narcotraficantes o paramilitares.
Por ejemplo, al referirse a la antigua hacienda Guacharacas –escenario de la controversia– aseguró que su familia la vendió en 1996 debido a la violencia en la zona y que él no volvió allí tras el asesinato de su padre en 1983, subrayando que no tuvo injerencia en la finca después de esa fecha. También negó cualquier amistad o sociedad con hombres como Santiago Gallón Henao, un exnarco comprador de Guacharacas señalado de fomentar paramilitarismo: “Yo no he conocido ni he tenido negocios con él… Mi relación con él es inexistente”, aseveró Uribe refutando especulaciones sobre supuestos socios oscuros. Con estas explicaciones, la defensa de Uribe busca desmontar la idea de que existió un plan orquestado desde su entorno para conseguir falsos testigos a su favor.
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