Lucas Gallitto, director de Políticas Públicas para América Latina de GSMA, habla sobre cómo el hecho de que las telecomunicaciones fueran puestas en el spotlight durante este 2020 hizo acelerar la digitalización en la región, y menciona algunas estrategias para que el sector vuelva a ponerse en marcha.
360 Revista: Este año demostró que las telecomunicaciones son un sector fundamental, que ofrece servicios indispensables y multisectoriales a nivel mundial. Desde GSMA, ¿qué sensaciones deja este año en el sector? ¿Qué balance puede hacer?
Lucas Gallitto (L.G.): Durante este año fuimos recordados casi a diario acerca de la importancia de la digitalización. Para que se logren maximizar los beneficios de una sociedad conectada es fundamental que el sector público y el privado trabajen en forma articulada en el desarrollo de habilidades digitales y en promover el acceso a internet móvil, donde así sea posible. Esta es una oportunidad para que los hacedores de políticas y regulación acompañen a los operadores móviles y al ecosistema digital todo, con políticas dinámicas y flexibles, que conduzcan hacia una América Latina realmente conectada.
La buena noticia es que la pandemia habilitó la conversación acerca de la revisión de los marcos actuales, ¿qué ayudó a estar conectados durante el aislamiento? La flexibilidad y la colaboración. Lo interesante para esta próxima etapa es que pasemos de conversación a la acción. Que ejemplos de fomento de la innovación, como el sandbox regulatorio en Colombia, pasen a aplicarse, y que algunas políticas temporales que surgieron para paliar la crisis sean adoptadas en el largo plazo. Por ejemplo, algunos países de la región como Panamá pusieron a disposición espectro adicional- que estaba sin uso, siendo desaprovechado –sin cargo para proveer mayor capacidad y cobertura durante la pandemia.
360 Revista: A nivel de Latinoamérica, ¿qué países han avanzado más al hablar de conectividad y cuáles han tenido procesos más rezagados?
L.G.: Cada coyuntura es particular y en términos de conectividad se pueden destacar decisiones que benefician a los ciudadanos en diversos países, así como circunstancias que corren el riesgo de perjudicarlos. En términos positivos, aquellos países de la región que adoptaron políticas de flexibilidad, por ejemplo, con miras en el largo plazo, invitaron a que la industria planifique las respuestas ante la crisis, de una manera más sostenible, que prevalezca más allá de la situación de emergencia.
Ahora, el riesgo de la falta de diálogo y articulación entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y sector privado, por ejemplo, puede devenir en consecuencias negativas para los ciudadanos, por quedar fuera de los beneficios de la digitalización. Además de afectar a la sostenibilidad de una industria que provee de ese acceso, fomenta el empleo, y es democratizadora del acceso a los beneficios de la conectividad.
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360 Revista: ¿Qué opina sobre la regulación por parte de los gobiernos a las compañías de telecomunicaciones en la región?
L.G.: Es interesante tu pregunta, porque solemos hacer foco en la regulación sectorial. Lo interesante en estos años que estamos viviendo, con cambios tan acelerados en los ciclos tecnológicos y con avances e innovación venideros que cambiarán definitivamente el modo de vida de la gente, es que pensemos en marcos de políticas públicas, más allá de la regulación específica.
Al hablar de empleo y economía, los gobiernos reconocen y destacan la importancia de las herramientas digitales y las nuevas tecnologías, pero ese reconocimiento no siempre se traduce en políticas públicas integrales y coordinadas para fomentar la conectividad, que es el motor de esas herramientas. Impulsar una agenda digital es impulsar más trabajo, más educación, más salud.
Es importante que existan políticas de Estado, transversales, que sean consistentes con los objetivos de conectividad. Que el foco esté dirigido a cerrar la brecha de uso de las tecnologías móviles, de internet móvil, para poder fomentar la productividad, la digitalización y la inclusión de más personas a los beneficios de la educación online, el empleo remoto, el acceso al sistema financiero a través del uso de soluciones de pagos móviles, la digitalización de la cadena de producción, las ciudades inteligentes, entre otros beneficios que una política de estado consistente puede traer aparejada.
360 Revista: Con miras al 2021, ¿cuáles son los planes de reactivación para el sector?, ¿qué puede decir sobre la inversión?, ¿se mantendrá en niveles similares a los de los últimos años o tendrá que ser mayor?
L.G.: El 2020 fue un año muy intenso para el sector. Quedó más clara que nunca la importancia de la conectividad: fue el pilar que permitió la continuidad de actividades económicas, educativas, de entretenimiento e incluso la atención médica durante el confinamiento. Las redes soportaron con solidez el aumento en el tráfico de datos, y los cambios de patrones de consumo y eso fue el resultado de décadas de inversiones sostenidas por parte de los operadores móviles, en recursos humanos calificados, en despliegue y mantenimiento de redes y en innovación y desarrollo.
El 2021 nos encuentra con un sector esencial para la reactivación productiva y recuperación económica de los países de la región y el mundo. Es la oportunidad de potenciarlo, para construir sociedades y economías más resilientes, preparadas para enfrentar los desafíos del futuro.
Es clave generar condiciones que contribuyan a la canalización de las inversiones, la implementación de políticas de despliegue de infraestructura (nacional y municipal) y políticas fiscales que permitan lanzar y extender los nuevos servicios que cambian la vida de las personas. La certidumbre jurídica y la previsibilidad a mediano y largo plazo son fundamentales para una industria como la de telecomunicaciones, que requiere de inversiones intensivas de capital cada año, para actualizar las tecnologías que mejoran la experiencia y la calidad de servicio recibida por los consumidores. Las subastas de espectro anunciadas para 2021 en varios países de la región serán una instancia clave. Para promover las inversiones a largo plazo en las redes, los gobiernos deberían adoptar un sistema predecible y oportuno de otorgamiento de licencias, así como condiciones de otorgamiento que prioricen la maximización socioeconómica y no los ingresos monetarios federales.
Según nuestro último estudio, “La Economía Móvil en América Latina 2020”, las tecnologías y los servicios móviles generaron el 7 % del PIB de América Latina (USD 421.000 millones de valor económico) y respaldaron cerca de 1,4 millones de empleos en forma directa e indirecta en 2019. Esta contribución tiene la posibilidad de ser amplificada por la llegada de las nuevas tecnologías, fundamentalmente con el aumento de la productividad en las industrias mediante la digitalización de los procesos. La industria de las telecomunicaciones es un aliado estratégico en mejorar la competitividad de las economías locales.