Hay una verdad que a veces cuesta decir en voz alta: en buena parte de Colombia el Estado dejó de mandar hace rato. Donde no llega el juez llega el que cobra la vacuna, y donde no llega la fuerza pública manda el fusil. Por eso, cuando un gobierno dice que va a recuperar la autoridad y a poner a los violentos de rodillas ante la justicia, lo primero que sentimos no es sospecha, sino alivio.
El gobierno de Abelardo de la Espriella armó su estrategia en dos piezas. Una es la ley de sometimiento, que radicó el 13 de octubre con mensaje de urgencia y que el propio Ejecutivo llama la zanahoria. La otra es el estatuto antiterrorista, todavía en borrador, que sería el garrote. La idea de fondo es razonable: al que entregue las armas y diga la verdad, una rebaja de pena; al que insista en el terror, todo el peso del Estado.
Lo que sí hay que respaldar
La ley de sometimiento tiene una virtud que vale la pena reconocer: no es una negociación. El Estado pone las reglas de antemano y el que quiera acogerse las acepta o se atiene a las consecuencias. El ministro Iván Cancino lo dijo sin rodeos: no habrá reconocimiento político ni, por regla general, excarcelaciones, y el trato diferenciado jamás es impunidad.
Creemos que el Estado puede abrir esa ventana, pero con condiciones que no se negocian. La primera, una fecha límite clara, para que el sometimiento no se vuelva una puerta giratoria permanente. La segunda, que no haya beneficios políticos de ninguna clase. Y la tercera, que cualquier reducción de pena llegue solo a cambio de la verdad de los hechos cometidos, de reparación efectiva a las víctimas y de garantías de no repetición. Bajo esas reglas, el sometimiento no es blandura. Es justicia con incentivos, que es muy distinto.
El enemigo ya no es el de antes
Conviene entender a quién enfrentamos, porque el terrorismo de hoy es muy distinto del que Colombia padeció durante las últimas cuatro décadas, aunque conserve muchas de sus formas. Ya casi no quedan grupos armados movidos por una causa ideológica. Y si alguno dice tenerla, en el fondo es una organización narcotraficante, dedicada además a la minería ilegal en buena parte del país. Esa mutación obliga al Estado a pelear distinto, con menos retórica y mucha más inteligencia y cooperación internacional, porque el crimen que nos desangra es transnacional y maneja estructuras financieras enormes.
Ahí está, quizás, la preocupación mayor. Detrás de la violencia hay un gran lavado de activos que en Colombia se ve a simple vista en las calles. Muchas actividades y buena parte del consumo de los colombianos terminan financiando a organizaciones criminales y terroristas, a través de las mismas redes empresariales que usan para lavar el dinero. A eso se suma la cibercriminalidad, que no respeta geografías. Y no conviene confundir escenarios, porque una cosa es la ciudad y otra el campo. Un estatuto que quiera servir tiene que golpear el músculo financiero del crimen con la misma fuerza con que persigue al que dispara.
⚖️ Aprobado en primer debate el proyecto de ley de sometimiento del Gobierno nacional. El ministro Iván Cancino destacó esta iniciativa, que busca fortalecer las herramientas del Estado para desmantelar estructuras criminales, garantizar el orden y recuperar los territorios. 🧵👇🏽 https://t.co/rId36qFzW3
— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) October 22, 2026
Donde encendemos la alarma
Dicho el respaldo, viene el reparo, y no es menor. El estatuto antiterrorista es un texto de más de cien páginas que crea figuras de hondo calado: un registro oficial de organizaciones terroristas con congelamiento de bienes, un régimen carcelario especial, un alto comisionado con facultades extraordinarias y hasta un cambio en la competencia para resolver las tutelas contra operaciones de la fuerza pública. Son herramientas poderosas que, mal calibradas, se vuelven contra el que decían proteger.
El Gobierno tramita una parte de ese paquete como ley estatutaria, lo que obliga a aprobarla en una sola legislatura y con revisión automática de la Corte Constitucional. Esa revisión es una buena noticia. Pero la combinación de urgencia, plazos apretados y un articulado extenso enciende la alarma que más nos preocupa: que una ley llamada a durar décadas se apruebe a las carreras, entre afanes políticos y sin el debate que merece. Ya vimos esta semana lo que cuesta la prisa, cuando el presupuesto de 2027 terminó expedido por decreto por un error de trámite que le costó el cargo a un equipo de Hacienda. Allí el error se corrige con otro decreto. Aquí se pagaría con derechos.
Garantías para el inocente, no escudo para el culpable
El diablo está en los detalles, y hay que cuidarlos. Un registro que congela bienes necesita control judicial claro, y el régimen carcelario, por duro que sea, debe respetar los límites que la Constitución no deja negociar. Pero que quede claro: defender el debido proceso no es repartir garantías entre los violentos. Es asegurar que la condena sea firme y no se caiga después por una norma mal escrita. Una cosa es el rigor jurídico y otra la ingenuidad con el criminal.
El verdadero escándalo es la impunidad
Y aquí hay que decir lo que casi nadie dice. De lo que se quejan los colombianos no es de un exceso de dureza, sino de lo contrario, de una impunidad que deja sueltos a los que deberían estar tras las rejas. Ningún estatuto servirá si la justicia que debe aplicarlo sigue congestionada, lenta y desbordada. Por eso, al lado de la zanahoria y del garrote, falta la pieza de la que nadie habla: una reforma a la justicia que la vuelva rápida y eficaz. No puede ser que un criminal termine con más garantías que el ciudadano honesto al que le robaron, lo extorsionaron o lo desplazaron. Las garantías existen para proteger al inocente, no para blindar al culpable.
Nadie serio pide que el Estado se cruce de brazos frente al ELN, las disidencias y las mafias que desangran a las regiones. Al contrario, le exigimos firmeza, y además la herramienta que de verdad falta, una justicia que funcione. El Congreso tiene al frente una oportunidad grande: darle al país leyes serias contra el terror y empezar a saldar la deuda de la impunidad. Que no la desperdicie aprobando a las carreras ni la ensucie repartiendo indulgencias. El país no aguanta ni una ley hecha con afán ni un criminal más suelto en la calle.