La discusión sobre las reservas de gas natural en Colombia ha estado marcada por declaraciones confusas, desinformación y una falta de claridad en las políticas energéticas del país. En enero de 2023, la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que Colombia tenía garantizado el abastecimiento de gas hasta 2037.
Sin embargo, poco después, expertos y exfuncionarios, como Belizza Ruiz, desmintieron estas afirmaciones, señalando que el informe presentado era una «marrulla» que distorsionaba la realidad.
A lo largo de las últimas décadas, el gas natural ha sido una pieza clave en la transformación social y económica del país. Su masificación ha permitido que millones de familias dejen atrás la leña y otros combustibles contaminantes, accediendo a un recurso más limpio y económico.
La improvisación política y las agendas ideológicas han puesto en riesgo la estabilidad del suministro, dejando en incertidumbre a millones de colombianos.
El informe de reservas de gas presentado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fue objeto de críticas debido a que proyectaba un escenario optimista sin contar con bases sólidas.
Varios analistas, como el consultor energético Sergio Cabrales, han enfatizado que Colombia posee gas, pero en yacimientos no convencionales (fracking) y en desarrollos costa afuera (offshore), los cuales requieren inversiones y decisiones políticas firmes para su explotación.
Paradójicamente, mientras el país mantiene debates estériles sobre la viabilidad de extraer sus propios recursos, se importa gas desde Estados Unidos, producido mediante fracking. Esto evidencia una incoherencia en la gestión del sector, que podría llevar a un encarecimiento del servicio para los ciudadanos. Además, el retroceso en la exploración compromete la seguridad energética, forzando a Colombia a depender de mercados externos.
Uno de los mayores logros del desarrollo gasífero en Colombia ha sido la democratización del acceso a la energía.
Un panorama poco alentador para el gas natural
Actualmente, más del 75% de los hogares tienen gas domiciliario, lo que ha permitido reducir la pobreza energética y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Sin embargo, este avance podría verse amenazado si el suministro de gas se vuelve más costoso o inestable debido a la falta de nuevas exploraciones.
Para muchas familias, el gas natural sigue siendo la alternativa más económica y viable. A diferencia de la electricidad, cuyos costos siguen siendo elevados en muchas regiones, el gas permite un ahorro significativo en los servicios públicos.
Perder esta ventaja podría traducirse en un impacto directo sobre los hogares de menores ingresos, obligándolos a destinar una mayor parte de su presupuesto a la energía, tanto así que, por lo menos en Bogotá, varias facturas ya reflejan ese incremento de precios.
Las políticas energéticas de un país no pueden definirse cada cuatro años, según los intereses del gobierno de turno. Colombia necesita una estrategia integral que garantice su autosuficiencia y sostenibilidad.
Esto implica fomentar la exploración de nuevas reservas, promover tecnologías limpias y, al mismo tiempo, avanzar en la transición hacia energías renovables sin poner en riesgo la estabilidad del suministro actual.
El desarrollo de los yacimientos offshore y no convencionales es una oportunidad que no puede ser descartada sin una evaluación técnica rigurosa.
Otros países han logrado combinar el aprovechamiento de sus recursos fósiles con una transición ordenada hacia fuentes más limpias. Colombia no puede darse el lujo de ignorar sus reservas mientras se ve obligada a importar energía a precios elevados.
El debate sobre el gas natural en Colombia debe centrarse en hechos y cifras concretas, no en agendas ideológicas o intereses políticos.
Garantizar la seguridad energética del país es una obligación del Estado, que debe tomar decisiones basadas en la evidencia y el bienestar de la población. Perder el acceso al gas por desinformación o falta de planeación sería un retroceso que afectaría especialmente a los más vulnerables.
Es hora de que el gobierno, la industria y la sociedad trabajen en conjunto para definir una política energética clara, que garantice el abastecimiento de gas a largo plazo sin comprometer la transición hacia un futuro más sostenible. La improvisación y la falta de acción solo traerán consecuencias negativas para Colombia y sus ciudadanos.
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