El Departamento de Defensa de Estados Unidos, bajo las directrices del secretario de Defensa Pete Hegseth, está profundizando y expandiendo de forma acelerada su estrategia militar en Sudamérica. Lo que comenzó hace más de un año como una campaña de ataques navales contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en aguas del Caribe y el Pacífico oriental, ha escalado hasta convertirse en una operación multifronteriza que incluye ataques terrestres, incursiones conjuntas con fuerzas locales, la destrucción de infraestructura logística en alta mar y el despliegue estratégico de armamento de alta tecnología, como drones de combate MQ-9 Reaper.
La administración del presidente Donald Trump ha catalogado a 20 cárteles latinoamericanos y grupos criminales, entre los que destacan las organizaciones ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos, con nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación de México, como organizaciones terroristas extranjeras. Bajo el argumento de que el tráfico de drogas sintéticas y cocaína está diezmando a las familias estadounidenses, Washington ha impulsado un giro drástico en su política exterior para el hemisferio occidental, articulado a través de la Coalición Americana contra los Cárteles (ACCC), un bloque de 19 países.
Panorama general: El epicentro de esta nueva fase de cooperación militar sobre el terreno se encuentra en Ecuador. Hace apenas unas semanas, medio centenar de militares y agentes del orden estadounidenses participaron en redadas coordinadas junto a la policía ecuatoriana y la Administración para Control de Drogas (DEA), enfocadas en desarticular redes criminales.
Según altos funcionarios del Pentágono, las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos se encargan de entrenar a las fuerzas aliadas y ejecutar labores de análisis y control en el terreno, priorizando operaciones donde el objetivo ya ha sido neutralizado o contenido. Este despliegue cuenta además con la presencia intermitente de marines estadounidenses en instalaciones como la base aérea de Taura, al este de Guayquil.
Para el general de cuatro infantes de marina Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), el objetivo de esta estrategia es aplicar una «fricción sistémica total» contra lo que denominan redes de amenazas hemisféricas. El plan abarca cinco líneas de acción: desmantelar redes ilícitas, atacar su logística, evitar la regeneración del adversario, reforzar la soberanía de los socios y construir una coalición sólida.
La campaña también ha transformado las tácticas en el mar. Desde finales de agosto, el ejército estadounidense ha comenzado a interceptar y destruir estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible frente a las costas de Ecuador, evacuando previamente a las tripulaciones para entregarlas a las autoridades locales antes de dinamizar los pesqueros.
Giro militar en Sudamérica: EE. UU. expande operaciones contra cárteles con ataques y drones
Como parte del giro estratégico hacia América Latina, el Pentágono ha trasladado un número indeterminado de drones de combate MQ-9 Reaper, aviones no tripulados valorados en hasta 50 millones de dólares cada uno, desde el Comando África hasta Ecuador y Colombia.
El ministro de defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, confirmó recientemente en una entrevista radial que dos de estas aeronaves ya operan en los cielos de su país, mientras que el gobierno colombiano ha avanzado en acuerdos para recibir unidades similares.
La llegada de los Reaper busca solucionar un obstáculo histórico en la región: la complejidad de la geografía selvática y montañosa que dificulta la localización de laboratorios de producción y rutas de narcotráfico. Equipados con cámaras térmicas, sensores de amplio alcance y capacidad para ataques de precisión, estos aparatos actúan como herramientas de vigilancia y ataque de largo alcance.
Esta reasignación de recursos militares no se limita a la tecnología. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló recientemente que el ejército estadounidense se encuentra en «guerra» contra los cárteles y que se evalúa el redespliegue de tropas desde Europa hacia el hemisferio occidental para mantener la presión sobre estas estructuras criminales.
Por qué es importante: Desde el inicio de las operaciones directas a finales del verano pasado, el Pentágono reporta haber ejecutado decenas de ataques que han mermado sustancialmente el flujo marítimo de estupefacientes. Según cálculos oficiales, el movimiento de embarcaciones con cocaína con destino a Estados Unidos se ha reducido entre un 30% y un 60% en rutas clave del Caribe y el Pacífico oriental. No obstante, el Caribe central ha experimentado un repunte, lo que ha llevado a Washington a colaborar estrechamente con naciones como República Dominicana, Jamaica y las Bahamas.
A pesar de los balances operativos ofrecidos por la Casa Blanca, la estrategia suscita profundos debates jurídicos y geopolíticos.
- Críticas legales: Expertos en derecho internacional y derechos humanos han cuestionado la legalidad de los ataques letales contra embarcaciones en alta mar, tildándolos en ocasiones de ejecuciones sumarias al considerar que los sospechosos no representan una amenaza armada inminente y directa contra el territorio estadounidense.
- Eficacia estructural: Analistas como Benjamin Gedan, del Centro Stimson, advierten que etiquetar a bandas criminales como terroristas y priorizar ataques cinéticos genera impacto mediático, pero resulta insuficiente para erradicar las causas profundas del narcotráfico y la corrupción pública en la región.
- Implicaciones regionales: Especialistas en seguridad como Adam Isacson, de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA), señalan que la presencia de personal y asesores estadounidenses en zonas fronterizas calientes, como el límite entre Ecuador y Colombia, incrementa los riesgos geopolíticos, especialmente ante la posibilidad de fricciones con grupos armados en la frontera con Venezuela.
Por su parte, defensores de la mano dura como el exadministrador interino de la DEA, Derek Maltz, defienden la agresividad de la campaña al argumentar que las drogas sintéticas y el crimen organizado están destruyendo comunidades enteras en Estados Unidos, justificando así una ofensiva total contra los centros neurálgicos de producción en Sudamérica.
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