Fair Share es hoy la bomba de tiempo silenciosa de las telecomunicaciones en Colombia. Mientras en Europa, Estados Unidos y Asia los gobiernos, reguladores y operadores ya discuten cómo equilibrar el modelo de financiación de las redes frente al imparable crecimiento del tráfico digital, en Colombia el debate sigue ausente. Y esa ausencia no es menor: el desequilibrio actual amenaza la sostenibilidad de la infraestructura, el acceso de millones de ciudadanos a internet y el futuro mismo de la conectividad en el país.
En el ecosistema de las telecomunicaciones, el término Fair Share —contribución justa— se ha convertido en uno de los debates más sensibles de la última década. No se trata únicamente de una disputa entre operadores y plataformas digitales, sino de la sostenibilidad misma de la conectividad.
Mientras en Europa, Asia e incluso algunos países de América Latina la discusión avanza con pasos concretos, en Colombia permanece en el limbo. Los operadores alzan la voz, los expertos piden decisiones, pero el Estado se limita a abrir consultas y estudios. La pregunta es inevitable: ¿por qué el país no inicia de manera real este debate, pese al grito de quienes invierten en las redes?
¿Qué es el Fair Share y por qué importa?
El concepto de Fair Share parte de una premisa sencilla: quienes generan la mayor parte del tráfico en internet deberían contribuir a los costos de la infraestructura que hace posible su servicio. Hoy, gigantes como Meta, Alphabet, TikTok, Amazon o Netflix concentran más del 70 % del tráfico de descarga móvil en la región, sin poner un solo peso en las redes que construyen los operadores. El resultado es un desequilibrio estructural. Unos producen contenido y lo monetizan, mientras otros financian antenas, fibra y espectro para sostener el transporte de esos datos.
Los operadores advierten que este modelo es insostenible. Las inversiones en infraestructura siguen aumentando con el despliegue de 5G, la expansión de fibra y la creciente demanda de servicios digitales. Sin embargo, los ingresos no crecen al mismo ritmo y los márgenes se reducen.
En la práctica, el ecosistema digital se sostiene gracias a la asimetría: unos pocos capturan los beneficios, mientras otros cargan con el costo. De ahí que el Fair Share se presente como una solución posible, al menos para equilibrar las cargas.
Colombia: voces encontradas
En Colombia, Asomóvil ha liderado el llamado a discutir el Fair Share. El gremio, que agrupa a los principales operadores, insiste en que se necesitan condiciones para que las plataformas digitales más intensivas en tráfico firmen acuerdos de compensación. El argumento es que este no debe ser un debate de impuestos o cargas arbitrarias, sino de justicia en el uso de infraestructura. Si las plataformas se benefician del ecosistema, deben asumir también una cuota de responsabilidad en su sostenibilidad.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones ha respondido con prudencia. Su posición en algunos debates y fores es que no se observa, por ahora, un problema grave de congestión de red que justifique una intervención inmediata. Sin embargo, el regulador reconoce que el consumo crece a tasas aceleradas y que la discusión no puede cerrarse. Desde diciembre de 2024 se abrió una consulta pública sobre servicios OTT para recoger información y evaluar escenarios regulatorios. La pelota, de momento, sigue en la cancha del análisis técnico.
Desde la academia y el análisis independiente, la visión es más crítica. Para expertos como Juan Manuel Ramírez, economista con experiencia en políticas públicas, el debate ya no puede seguir aplazándose. En su opinión, lo que está en juego no es la rentabilidad de las telcos, sino la sostenibilidad de la conectividad. Si el modelo actual no cambia, la calidad de los servicios, la cobertura en regiones apartadas y la capacidad de innovar se verán comprometidas. El riesgo es que las brechas digitales se amplíen, justo cuando el país necesita cerrar diferencias y garantizar inclusión digital.
Incluso desde la Presidencia se reconoce la necesidad de discutir el tema. Consejeros del Gobierno han señalado que la reorganización regulatoria es indispensable para sostener la conectividad a largo plazo. No obstante, no existe aún una estrategia clara para impulsar el debate en el Congreso o en escenarios de política pública. El resultado es un vacío: operadores presionando, reguladores observando y el país a la espera de decisiones.
El panorama internacional
Mientras en Colombia el tema apenas se esboza, en el mundo la discusión avanza con fuerza. En Europa, los operadores llevan años reclamando el Fair Share como parte de la agenda de la Década Digital 2030.
El argumento es que existe una brecha de inversión de más de 170.000 millones de euros para lograr la cobertura gigabit y el despliegue total de 5G. Los grandes generadores de tráfico deberían contribuir a cerrarla. La Comisión Europea abrió una consulta pública en 2023 y, aunque recibió fuerte oposición de la sociedad civil, el tema se mantiene en la agenda política.
Italia se ha convertido en uno de los países más proactivos. Allí se discuten fórmulas regulatorias que obliguen a las plataformas digitales a negociar compensaciones con los operadores. Aunque no se habla de impuestos, sí se plantea un esquema de pago por el uso intensivo de red. El objetivo es garantizar que los despliegues de fibra y 5G no se detengan por falta de recursos.
En Asia, Corea del Sur fue pionero al aplicar el modelo conocido como “sender pays”, donde las plataformas que generan mayor tráfico deben pagar a los operadores. Sin embargo, la medida ha sido polémica: algunos la consideran positiva porque asegura ingresos a las telcos, mientras otros la critican por su impacto en costos y por las dudas sobre neutralidad de red.
En India, en cambio, el regulador ha rechazado cualquier posibilidad de imponer pagos a los OTT. La visión india es que la digitalización del país no puede frenarse por medidas que encarezcan los servicios o limiten el acceso. Allí, la prioridad es garantizar conectividad masiva antes que equilibrar cuentas entre plataformas y operadores.
América Latina se encuentra en un punto intermedio. Países como Brasil y Chile observan de cerca el debate europeo, pero no han tomado decisiones concretas. En la región, el reto es doble: se necesitan más inversiones en infraestructura y, al mismo tiempo, la conectividad aún no es universal. Esto vuelve el Fair Share un tema urgente, pero también complejo de resolver.
Neutralidad, desigualdad y sostenibilidad
Uno de los argumentos más sensibles contra el Fair Share es el riesgo de afectar la neutralidad de la red. Si se obliga a ciertas plataformas a pagar, ¿qué garantías existen de que no reciban un trato preferencial en la gestión del tráfico? La neutralidad es un principio fundamental de internet y cualquier medida que lo ponga en entredicho despierta resistencias.
En Colombia, además, este debate se cruza con una realidad particular: la Corte Constitucional declaró inconstitucional el zero-rating, es decir, los planes que favorecen ciertas aplicaciones con datos gratuitos o diferenciados. Ese antecedente hace más difícil aceptar medidas que puedan interpretarse como privilegios o tratos diferenciados a unas plataformas sobre otras.
Sin embargo, limitar la discusión al terreno de la neutralidad es desconocer un problema mayor: la desigualdad en la distribución de responsabilidades en el ecosistema digital. Hoy unos pocos generan la mayoría del tráfico y monetizan con publicidad o suscripciones, mientras otros financian la infraestructura que lo soporta. Esa asimetría, de no corregirse, amenaza la sostenibilidad del sistema en su conjunto.
¿Por qué no arranca el debate en Colombia?
Las razones son múltiples. En primer lugar, existe una inercia regulatoria. La CRC prefiere avanzar con pie de plomo y priorizar consultas, análisis de datos y estudios comparados. Esto puede ser prudente, pero también retrasa decisiones urgentes.
En segundo lugar, el tema no ha trascendido del ámbito técnico al político. El Fair Share sigue siendo un asunto de gremios y expertos, pero no ha llegado con fuerza al Congreso ni a la agenda nacional. Mientras tanto, las inversiones en infraestructura se estancan y los operadores reducen márgenes en un mercado cada vez más competitivo.
En tercer lugar, hay un temor legítimo a que cualquier medida se traduzca en mayores costos para los usuarios. En un país con altos niveles de desigualdad y con millones de personas aún por conectar, cualquier incremento en tarifas puede resultar impopular. El reto está en diseñar un esquema que reparta cargas sin castigar al consumidor final.
Finalmente, pesa la falta de visión estratégica. El país carece de una hoja de ruta clara sobre cómo garantizar la sostenibilidad de la conectividad en la próxima década. Sin ese horizonte, el Fair Share se queda en un debate sectorial sin aterrizar en decisiones de política pública.
El Fair Share no es un capricho de los operadores ni un tecnicismo más en el universo de las telecomunicaciones. Es un debate que define cómo se financiará la conectividad en el futuro, quién asumirá los costos de la infraestructura y cómo se garantizará que todos los ciudadanos tengan acceso a una red de calidad.
Colombia no puede seguir aplazando esta discusión. Mientras otros países avanzan en marcos regulatorios, el nuestro se limita a consultas y estudios. El tiempo corre, el tráfico crece y las inversiones necesarias se multiplican. Si el país no asume pronto el debate del Fair Share, el riesgo es claro: deterioro en la calidad del servicio, freno a la innovación, ampliación de las brechas digitales y pérdida de competitividad en la economía digital.
El reto no es menor: encontrar un modelo justo, equilibrado y sostenible. Pero la decisión de iniciar el debate ya no admite más demoras. El Fair Share debe dejar de ser un concepto de seminario académico o de gremio para convertirse en una prioridad nacional. En juego está el futuro de la conectividad en Colombia.
