La reciente aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) ha generado una ola de preocupaciones entre analistas económicos y centros de investigación. Fedesarrollo, uno de los think tanks más reconocidos de Colombia, ha sido enfático al señalar los riesgos significativos que esta nueva ley representa para la estabilidad económica del país, incluyendo un posible incremento del riesgo país y un disparo en la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano.
Panorama general: Según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el Congreso de la República omitió las recomendaciones técnicas y las alarmas levantadas por diversos expertos en economía. “Persisten las inquietudes sobre el impacto fiscal de la reforma, por el tamaño del aumento de las transferencias que se deberá dar en un periodo de 12 años, que en nuestros cálculos equivale a más de 3% del PIB”, expresó Mejía. Esta cifra, calificada como “muy grande” por el experto, amenaza con restringir aún más el ya limitado espacio fiscal del Gobierno.
El SGP, que regula la distribución de recursos hacia las entidades territoriales para cubrir sectores como educación, salud y agua potable, enfrentará un aumento en las transferencias. Sin embargo, Fedesarrollo considera que esta medida, aunque bien intencionada, carece de ajustes en aspectos clave como la autonomía fiscal y la eficiencia en el uso de los recursos a nivel local.
Por qué es importante: Entre las consecuencias inmediatas de la reforma, Fedesarrollo alerta sobre un incremento en el riesgo país, una variable clave que mide la percepción de los mercados internacionales sobre la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras. Este deterioro podría traducirse en un aumento de las tasas de interés de la deuda pública y una depreciación del peso colombiano frente al dólar.
“No nos debería sorprender presiones al alza en el dólar, es decir, depreciaciones de la moneda colombiana”, advirtió Mejía, agregando que esta situación podría impactar directamente los precios de bienes importados y, por ende, la inflación. Además, las agencias calificadoras de riesgo podrían revisar a la baja la nota crediticia del país, complicando aún más el panorama para la sostenibilidad de la deuda pública.
Faltantes en la reforma: transparencia y autonomía fiscal según Fedesarrollo
Fedesarrollo también subrayó que la reforma carece de un fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, esenciales para asegurar que los recursos destinados a las entidades territoriales tengan el impacto esperado. Mejía señaló que no se incluyeron medidas para mejorar los ingresos tributarios locales, un aspecto clave para dotar de mayor autonomía financiera a los territorios y reducir la dependencia de las transferencias nacionales.
“La ley de competencias debe ser una prioridad para garantizar que se asignen correctamente las responsabilidades de los territorios y se logre una verdadera mejora en la eficiencia del gasto público”, insistió Mejía, subrayando la necesidad de una discusión más profunda y técnica sobre el uso de estos recursos.
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