Ubicada en pleno corazón del Amazonas, frente a la ciudad colombiana de Leticia y a unos pasos de la frontera con Brasil, la isla Santa Rosa de Yavarí, jurisdicción peruana, ha vuelto a estar en el centro de una creciente tensión entre Colombia y Perú. Aunque su tamaño es modesto y su población apenas supera los mil habitantes, esta porción de tierra fluvial se ha convertido en un punto caliente de disputa por su posición estratégica, su historia ambigua y su simbolismo nacional.
El conflicto, que parecía dormido por años, despertó con fuerza tras recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien acusó a Perú de haberse «apropiado» de la isla de manera unilateral, reavivando una vieja controversia sobre los límites en la región amazónica.
¿Dónde queda la isla Santa Rosa y por qué es tan estratégica?
Santa Rosa está situada en medio del río Amazonas, frente a Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil), en lo que se conoce como la triple frontera. Su ubicación le otorga un valor geopolítico innegable: es un punto clave de control fluvial, de comercio fronterizo y de presencia estatal en una región donde las líneas divisorias son más simbólicas que reales.
Sin embargo, esta isla no existía al momento de firmarse los tratados limítrofes entre Colombia y Perú, como el Tratado Lozano-Salomón de 1922. Surgió por sedimentación natural en los años 60 o 70, lo que ha generado un vacío legal sobre su soberanía.
Por qué es importante: Colombia sostiene que al no haber sido asignada formalmente, la isla no puede considerarse automáticamente peruana. Perú, en cambio, afirma que ha ejercido una ocupación pacífica, continua y efectiva, y que por tanto, el territorio le pertenece.
La tensión escaló en julio y agosto de 2025. El presidente Petro denunció la creación del nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto por parte del Congreso peruano, formalizado en julio, como un acto de “anexión”. La Cancillería colombiana emitió notas diplomáticas y solicitó reactivar la Comisión Binacional COMPERIF para tratar el asunto.
Perú respondió con firmeza: defendió su soberanía, negó cualquier violación al derecho internacional y afirmó que la creación del distrito busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta aislada región.
