Desde todo punto de vista, suspender el proceso para adjudicar las obras del proyecto del Canal del Dique, era lo más sensato. Sin embargo, ronda la preocupación por el futuro de esta APP que lleva años sin poder concretarse, aumentando la deuda que tiene el país con los habitantes de la ecoregión, al tiempo que se agrava la crisis debido al incremento de las lluvias, que han desencadenado múltiples emergencias en la zona de influencia.
Insistir sin razón en un proyecto tan cuestionado era un despropósito que se logró atajar. Lo correcto siempre fue que, por los tiempos, la adjudicación de la obra quedara en manos del gobierno del presidente Gustavo Petro, tal y como sucedió, para que de manera reposada, pero a la vez diligente se revisara a profundidad, la estructuración de la APP y las dudas que existen sobre el proceso. Es primordial blindar esta megaobra para evitar que se nos convierta en un nuevo elefante blanco.
No era infundado el rechazo generalizado de las poblaciones y los sectores, alrededor de la APP. La falta de estudios ambientales, la poca claridad sobre su impacto, así como las múltiples inquietudes técnicas y sociales, se completaban con el hecho de las deficiencias en las consultas previas, que no fueron realizadas a todas las comunidades. Que solo se contara con un único proponente, que además ha tenido diferentes pleitos con el Estado e incumplimientos en otro país, era otra razón de peso para detenerse a revisar el tema.
Las alertas emitidas por la Contraloría General de la Nación al exponer una serie de cuestionamientos a la propuesta presentada por la firma Sacyr, entre las que indica que la información suministrada por el proponente no cumple con las condiciones establecidas en la ley y el pliego definitivo de condiciones, por lo que existe un riesgo de afectación o pérdidas de recursos públicos en su ejecución, son preocupantes. No estamos para exponernos a los grandes peligros que supondría contratar a este único oferente. Eso sería una total irresponsabilidad.
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En medio de todo, tranquiliza el anuncio realizado por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, sobre exigir la licencia ambiental para el contratista de la Asociación Público-Privada del Canal del Dique, con el propósito de garantizar la protección de la ecoregión. Al ser una obra que comprende una longitud total de 115.5 kilómetros, con inversiones por $3,10 billones y una duración de 15 años, es importante asegurar los aspectos ambientales, técnicos, jurídicos, y financieros del proyecto. No dejar nada a la suerte.
El doble fracaso del anterior gobierno con las APP del Canal del Dique y del Río Magdalena, coloca sobre el tablero la discusión acerca de la imposibilidad que ha mostrado reiterativamente el ejecutivo de sacar adelante estas obras. El centralismo antepuesto a las necesidades regionales ha reinado por encima de estos megaproyectos claves para el Caribe, que no han podido surgir ante la falta de voluntad política.
La disposición que dicen tener el Presidente Petro y sus ministros, con el proyecto del Canal del Dique, tiene que pasar del dicho al hecho. La incredulidad en la región es muy válida, después de las incontables promesas que han realizado gobiernos anteriores. Hacemos votos para que esta vez sí se concrete e inicie la construcción de la solución definitiva a la problemática del Dique, que afecta a los habitantes de los 19 municipios del Atlántico, Bolívar y Sucre.
Estamos a la expectativa de lo que sucederá el próximo 12 de septiembre con la adjudicación de la APP. La Costa Caribe exige todas las garantías en este proceso.
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