La Gobernación de Antioquia solicitó al Ministerio de Justicia una acción inmediata para enfrentar el crecimiento de los cultivos ilícitos en el departamento, mediante la erradicación focalizada con drones y aspersión terrestre. La petición fue realizada de forma oficial por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien envió una carta al ministro Andrés Idárraga, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes.
En la comunicación, fechada el 20 de enero de 2026, el mandatario departamental pidió que se autorice cuanto antes la implementación de esta estrategia como respuesta al aumento sostenido de los sembradíos de coca, especialmente en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, zonas que concentran buena parte de la problemática de orden público en el territorio.
Gobernación de Antioquia advierte aumento de cultivos ilícitos y pide aval del Gobierno para erradicación focalizada con drones
Según el documento, la solicitud se fundamenta en la reciente disposición del Gobierno Nacional que permite la aspersión en aquellos lugares donde los grupos armados ilegales obligan a los campesinos a sembrar hoja de coca. Bajo ese argumento, la Gobernación insiste en que la erradicación con drones permitiría una intervención más precisa, focalizada y con menor afectación al entorno.
La carta enviada al Ministerio de Justicia incluye un diagnóstico que califica como preocupante la evolución de los cultivos ilícitos en Antioquia. De acuerdo con las cifras citadas, el departamento pasó de registrar 911 hectáreas de coca en 2013 a más de 18.785 hectáreas en 2023, lo que representa un crecimiento exponencial en apenas una década.
La Gobernación advierte que la tendencia se mantiene desde 2020 y que el incremento se aceleró de manera notoria a partir de 2022, coincidiendo con el fortalecimiento de estructuras criminales en varios corredores estratégicos del departamento.
En ese contexto, el gobierno departamental priorizó una franja territorial que incluye municipios como Valdivia, Tarazá, Cáceres, Anorí, Ituango, El Bagre, Zaragoza, Briceño y Campamento, zonas donde la presencia de grupos armados ilegales continúa incidiendo tanto en la seguridad como en las economías locales.
En el documento, el gobernador Rendón solicitó no solo la autorización para avanzar con la erradicación mediante drones, sino también claridad sobre los protocolos que se aplicarían para su ejecución. En caso de una negativa, pidió conocer de manera formal las razones técnicas o jurídicas que impedirían su implementación.
Debate nacional sobre la política antidrogas
La petición de Antioquia se produce en medio de un contexto nacional marcado por ajustes en la política de lucha contra los cultivos ilícitos. En semanas recientes, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional notificó el inicio del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (PECAT) en municipios como Argelia, Cauca.
Esta modalidad, que cuenta con aval ambiental, permite la aplicación de herbicidas de manera terrestre, diferenciándose de la fumigación aérea con avionetas que fue suspendida años atrás. El retorno de estas estrategias ha reavivado el debate sobre el uso del glifosato, sus impactos y la efectividad de los distintos métodos de erradicación.
Desde sectores políticos del departamento también se han expresado posturas frente a la situación de seguridad. El candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, Andrés Felipe Gaviria Cano, señaló la importancia de la seguridad y trabajar para ella.
En sus declaraciones, insistió en que la seguridad debe ser un eje central para garantizar justicia en las regiones más afectadas, especialmente en el Suroeste, Bajo Cauca, Norte y Nordeste del departamento.
“Uno de los mayores clamores es seguridad, seguridad y seguridad. Desde Jardín hay que decir lo siguiente, no hay seguridad sin justicia, no hay seguridad con impunidad. ¿Cómo le vamos a garantizar la seguridad a los habitantes del Suroeste, Bajo Cauca, Norte y Nordeste?”
Cifras que preocupan al país
El panorama nacional muestra, además, un descenso significativo en los niveles de erradicación manual. Colombia cerró el 2025 con apenas 8.051 hectáreas erradicadas, una reducción del 14 % frente al año anterior y una caída drástica si se compara con las más de 130.000 hectáreas eliminadas en 2020.
Aunque el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha defendido una estrategia enfocada en la interdicción y el debilitamiento financiero de las organizaciones criminales, las cifras han generado cuestionamientos. A corte de julio de 2025, las autoridades reportaron incautaciones superiores a las 600 toneladas de cocaína, uno de los registros más altos de los últimos años.
Sin embargo, la expansión de los cultivos y el aumento de la producción potencial que, según informes recientes habría crecido más del 50 % ha provocado tensiones diplomáticas, especialmente con Estados Unidos, que ha advertido sobre un posible proceso de descertificación.
En ese escenario, Antioquia busca una respuesta urgente del Gobierno Nacional, argumentando que sin acciones concretas y oportunas, el crecimiento de los cultivos ilícitos seguirá impactando la seguridad, la economía y la estabilidad de amplias zonas del departamento.
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