El hecho:
El Gobierno estaría considerando retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI), aunque aún no hay confirmación oficial.
¿Por qué es importante?:
Porque cambiaría la relación de Colombia con la CPI y sus obligaciones internacionales en materia de justicia penal.
¿Cuál es el contexto?:
Colombia hace parte del Estatuto de Roma desde 2002. Para retirarse, tendría que notificar oficialmente a la ONU y cumplir el procedimiento establecido.
¿A quiénes afecta y cómo?:
Al Estado colombiano, a las víctimas y a quienes puedan estar vinculados a delitos bajo competencia de la CPI. La salida no borraría las obligaciones ni los hechos ocurridos durante la vigencia del tratado.
El dato que no se puede perder:
Retirarse de la CPI no impediría que la Corte investigue hechos ocurridos mientras Colombia fue parte del Estatuto de Roma.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella estaría considerando iniciar el proceso para retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI), mediante la denuncia del Estatuto de Roma, tratado que reconoce la jurisdicción del tribunal con sede en La Haya.
La información fue revelada inicialmente por Caracol Radio, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la Casa de Nariño ni de la Cancillería.
De concretarse la decisión, Colombia seguiría el procedimiento previsto en el Estatuto de Roma, que establece que un Estado debe notificar por escrito al secretario general de las Naciones Unidas su intención de denunciar el tratado.
Durante ese período de transición, la Corte Penal Internacional conservaría su capacidad para ejercer jurisdicción sobre hechos que entren dentro de su competencia.
Asimismo, la salida del tratado no eliminaría automáticamente las obligaciones adquiridas por Colombia mientras fue Estado Parte, ni impediría que la CPI conociera de conductas ocurridas durante la vigencia del Estatuto para el país.
Colombia hace parte del Estatuto de Roma desde 2002, luego de que el Congreso aprobara el tratado mediante la Ley 742 y la Corte Constitucional avalara su exequibilidad. Para ello, el país realizó una modificación constitucional que permitió reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos por el acuerdo internacional.
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