El Gobierno Nacional ha decidido postergar el incremento en el precio de los peajes previsto para finales de este año y unificarlo con el aumento programado para 2025. La medida, confirmada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, durante el XXI Congreso Nacional de la Infraestructura, busca realizar un solo ajuste a principios del próximo año.
Impacto del aplazamiento en tarifas de peajes y ajuste para 2025
El ajuste pendiente para este año, estimado en un 4,64% la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) de 2022, que alcanzó el 9,28%, se combinará con el porcentaje correspondiente a la inflación de este año, la cual, según cifras preliminares, podría cerrar cerca del 5%.
Impacto económico y logístico
La decisión de unificar los incrementos responde, en parte, a los efectos del congelamiento de tarifas decretado en 2023, que generó un déficit fiscal de más de 400.000 millones de pesos. Esta polémica medida también desató demandas por parte de concesionarios debido a presuntos incumplimientos contractuales. En su momento, las tarifas de los peajes debieron haberse incrementado un 9,28%, pero solo se aplicó un ajuste parcial del 4,64% en agosto.
La Contraloría General de la República ya había alertado sobre el impacto financiero del congelamiento, advirtiendo que, de no realizarse los ajustes pendientes, el Gobierno podría enfrentar costos superiores a 1 billón de pesos por concepto de indemnizaciones y pagos compensatorios.
El incremento que se implementará en 2025 será de aproximadamente un 10%, según las proyecciones actuales, y aplicará exclusivamente a los peajes gestionados por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Los recursos provenientes de estas tarifas son fundamentales para garantizar la financiación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial del país, así como para respaldar la sostenibilidad de las concesiones privadas.
El Gobierno se enfrenta al desafío de equilibrar las necesidades fiscales y las demandas de los sectores productivos, mientras busca reducir el impacto en los usuarios. Según los analistas, un incremento del 10% en las tarifas podría generar resistencia entre la población, especialmente en un contexto de desaceleración económica y con la inflación aún presente como una preocupación macroeconómica.
La decisión de postergar el ajuste y concentrarlo en un solo incremento podría ser una estrategia para reducir la incertidumbre y facilitar la implementación del alza. Sin embargo, quedará por verse si esta medida logra equilibrar las expectativas de todos los actores involucrados, desde los usuarios de las vías hasta los concesionarios y el propio Gobierno.