En un movimiento decisivo para combatir el contrabando y fortalecer la industria nacional, el presidente Gustavo Petro ha firmado el decreto 659 de 2024, el cual establece un nuevo estatuto aduanero. Así lo anunció Luis Carlos Reyes, el saliente director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
El nuevo marco regulatorio incluye varias medidas significativas. Entre ellas, destaca la obligatoriedad de declarar un inventario detallado de las mercancías, el aumento de las declaraciones anticipadas por parte de los importadores y la exigencia de dispositivos de trazabilidad para los camiones que circulan en el país. Estas disposiciones buscan cerrar las brechas que los contrabandistas han aprovechado históricamente.
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Según datos proporcionados por la Dian, entre 2018 y 2022, el contrabando representó el 10% del valor total de las mercancías ingresadas al país, superando los 8.800 millones de dólares solo en 2022. El estudio de la Dian resalta que la modalidad predominante de contrabando es el «contrabando técnico por subfacturación», con un promedio anual de 6.234 millones de dólares, representando el 90% del contrabando estimado.
Esta modalidad implica que los contrabandistas declaran un valor de importación inferior al real, aprovechándose de las flexibilidades del antiguo estatuto aduanero y de las limitaciones en la capacidad de inspección en las aduanas.
Por qué es importante: La firma del decreto 659 de 2024 es crucial para la economía colombiana, ya que el contrabando no solo afecta los ingresos fiscales del país, sino que también representa una amenaza significativa para la industria nacional. Las empresas locales compiten en desventaja frente a productos ingresados ilegalmente y vendidos a precios reducidos, lo que pone en riesgo miles de empleos y la estabilidad económica.
Además, el contrabando afecta la calidad y seguridad de los productos que llegan a los consumidores. Sin una regulación adecuada, es difícil garantizar que los bienes cumplan con los estándares de salud y seguridad, lo que puede tener consecuencias graves para la población.
Nuevas medidas del decreto 659 de 2024 para combatir el contrabando en Colombia
Detalles: El nuevo estatuto aduanero establece que los importadores deberán declarar un inventario detallado de todas las mercancías que ingresan al país, lo que permitirá un control más riguroso y una mayor transparencia en las operaciones comerciales. También se incrementarán las declaraciones anticipadas, lo que facilitará la planificación y ejecución de las inspecciones aduaneras.
Otra medida relevante es la implementación de dispositivos de trazabilidad en los camiones que transportan mercancías. Estos dispositivos permitirán un seguimiento en tiempo real de los bienes, reduciendo la posibilidad de desvíos ilegales y asegurando que las mercancías lleguen a su destino final de manera segura y controlada.
Contexto: En el período comprendido entre 2018 y 2022, el contrabando se convirtió en un problema creciente para Colombia. Según la Dian, el 10% del valor total de las mercancías que ingresaron al país en estos años fue contrabando, superando los 8.800 millones de dólares en 2022. El contrabando técnico por subfacturación, donde los contrabandistas declaran valores de importación inferiores a los reales, representó el 90% del contrabando total, con un promedio anual de 6.234 millones de dólares.
Este tipo de contrabando no solo disminuye los ingresos fiscales del país, sino que también perjudica la competitividad de la industria nacional y pone en riesgo la calidad de los productos disponibles para los consumidores.
Panorama general: La implementación del nuevo estatuto aduanero es un paso crucial en la estrategia del gobierno de Gustavo Petro para combatir la economía ilegal y proteger la industria nacional. Con medidas más estrictas y herramientas avanzadas de control, se espera reducir significativamente el contrabando y fortalecer la economía formal.
A largo plazo, estas acciones podrían traducirse en un incremento en los ingresos fiscales, una mayor competitividad para las empresas locales y una mejora en la calidad de los productos disponibles para los consumidores. Además, se espera que la reducción del contrabando genere un ambiente más seguro y equitativo para el comercio en Colombia.