Impuesto predial: estos son los cambios que propone el Gobierno para una reforma integral

El impuesto predial en Colombia tendría unos cambios significativos ante la propuesta del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura para una reforma integral en el modelo.

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El Gobierno Nacional ha desvelado ante el Congreso una ambiciosa propuesta destinada a reformar las leyes que rigen el impuesto predial en el país. La iniciativa, liderada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y en colaboración estrecha con el Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo principal establecer límites claros al crecimiento del impuesto predial unificado (IPU) y promover la cultura de la actualización catastral.

Durante una reunión sostenida con miembros de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, se revelaron los detalles del documento que modifica el proyecto de ley 292 del 2023. Estas propuestas llegan en un momento crucial, donde el debate sobre la equidad fiscal y el fortalecimiento de los recursos públicos es prioritario para el desarrollo económico del país.

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Por qué es importante: La reforma del impuesto predial es un tema de relevancia nacional, ya que impacta directamente en la economía de los ciudadanos y en la capacidad financiera de los gobiernos locales para proveer servicios públicos básicos. Estos cambios propuestos buscan garantizar una mayor equidad en la distribución de la carga tributaria y fomentar la actualización catastral, lo que a su vez puede contribuir a una mejor planificación urbana y al desarrollo sostenible.

Detalles de la propuesta de reforma del impuesto predial en Colombia

Detalles de la propuesta de reforma del impuesto predial en Colombia
Foto: Alcaldía de Medellín

Detalles: Entre los detalles más relevantes de la propuesta se encuentran los ajustes en los porcentajes de incremento del IPU, que varían según el avalúo catastral de las propiedades, así como la creación de incentivos para aquellos contribuyentes que mantengan al día sus obligaciones fiscales. Asimismo, se establecen responsabilidades adicionales para los municipios en relación con la gestión catastral, con el objetivo de mejorar la eficiencia y transparencia en este proceso.

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Reducción de techos y aumento escalonado: Uno de los puntos clave de la propuesta es la reducción de los porcentajes de incremento del IPU para propiedades urbanas y rurales sujetas a la metodología de reducción de rezago de avalúo catastral. De acuerdo con la nueva normativa, los límites de aumento se ajustarían de la siguiente manera:

  • Propiedades con avalúo catastral igual o inferior a 135 salarios mínimos mensuales (smmlv): máximo aumento del 50%.
  • Propiedades con avalúo entre 135 y 250 smmlv: máximo aumento del 75%.
  • Propiedades con avalúo entre 250 y 350 smmlv: máximo aumento del 100%.
  • Propiedades con avalúo entre 350 y 500 smmlv: máximo aumento del 150%.
  • Propiedades con avalúo superior a 500 smmlv: máximo aumento del 200%.

Además, se sugiere que, para propiedades sujetas a la mencionada metodología, el aumento máximo del IPU sea del 50% del monto liquidado el año anterior.

Incentivos para la actualización catastral: La propuesta también contempla la creación de una serie de incentivos destinados a promover la cultura de la actualización catastral. Los concejos municipales y distritales tendrán la facultad de establecer tarifas diferenciadas del impuesto predial unificado para propiedades con avalúo catastral actualizado, dentro de ciertos rangos. Por ejemplo:

  • Propiedades urbanas de estratos 1, 2 y 3, así como rurales con avalúo inferior a 135 smmlv, tendrían una tarifa entre el 1‰ y el 10‰.
  • Se establecerían tarifas específicas para áreas de protección ambiental, zonas de amenaza y riesgo, y predios destinados a la producción alimentaria, con rangos entre el 1‰ y el 4‰.

Responsabilidades municipales reforzadas: Además, se impondrán obligaciones adicionales a los municipios en relación con la gestión catastral. Deberán coordinar estrategias de interlocución social con el gestor catastral durante los procesos de formación y actualización. También se les exigirá presentar informes sobre el aumento de los valores comerciales derivados de estos procesos, proponiendo acuerdos al concejo distrital o municipal para mitigar los impactos del aumento del impuesto.

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Proceso legislativo en curso: Este proyecto de ley aún está en fase de revisión conjunta con la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Se espera que el debate comience una vez concluyan los análisis correspondientes. La propuesta ha generado un amplio interés entre los diferentes actores políticos y económicos del país, quienes esperan que estas reformas contribuyan a una mayor equidad y eficiencia en la recaudación del impuesto predial.

Contexto y Panorama general: El contexto en el que se presenta esta propuesta es crucial, ya que el país enfrenta desafíos económicos y fiscales importantes, agravados por la pandemia de COVID-19. En este sentido, la reforma del impuesto predial se presenta como una medida necesaria para fortalecer las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

El panorama general indica que estas reformas pueden generar debates intensos en el Congreso, donde diferentes sectores políticos y económicos buscarán influir en su contenido final. Sin embargo, se espera que estas medidas contribuyan a una mayor equidad y eficiencia en la recaudación del impuesto predial, beneficiando tanto a los ciudadanos como a las administraciones locales.

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