El Gobierno del presidente Petro parece consolidar una nueva posición frente al uso de los recursos de los colombianos. El punto de partida es una discusión que hoy se centra en el supuesto incumplimiento, según el propio Gobierno, del Pacto por el Crédito: un acuerdo voluntario entre el Ejecutivo y el sector financiero para movilizar aproximadamente $252,7 billones de pesos hacia sectores como manufactura, vivienda, infraestructura, agro, turismo, economía popular y transición energética, en un horizonte de 18 meses, desde 2024 hasta febrero de 2026.
Desde esa óptica, el debate se amplía porque el Gobierno afirma que los recursos movilizados no tendrían la suficiencia esperada, especialmente respecto de la producción agrícola y otros sectores que considera estratégicos. En otras palabras, se intenta sesgar la interpretación del pacto hacia una tesis de incumplimiento, no tanto por ausencia de desembolsos, sino por insuficiencia o desviación de prioridades en la asignación.
Sin embargo, el sector financiero sostiene que el avance del pacto es alto. Se habla de desembolsos cercanos a $228,1 billones, equivalentes a cerca del 90% de la meta. Otros analistas y expertos, como Jonathan Malagón, han afirmado incluso que el cumplimiento habría alcanzado entre el 96% y el 97% de lo esperado. Así, el núcleo de la controversia no es menor: el Gobierno insiste en la narrativa de incumplimiento como sustento para escalar hacia medidas de inversiones forzosas.
Y ahí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve estructural. Las inversiones forzosas, en mi criterio, le hacen daño al país. Fragmentan el sistema financiero, encarecen el crédito y dejan a discreción del Gobierno el manejo de recursos que, en última instancia, provienen del ahorro de los colombianos. En ese tránsito, se pone en riesgo la confianza, se tensiona la seguridad del ahorro y se abre la puerta a decisiones discrecionales sobre recursos que no son del Gobierno, aunque el Gobierno aspire a administrarlos.
Este debate no ocurre en el vacío. Se superpone a hechos recientes de manejo fiscal que, a mi juicio, han sido irresponsables: una presión creciente por deuda, costos operativos del Estado y una dinámica que diluye el gasto de inversión. A esa fragilidad se suma ahora una justificación coyuntural, la emergencia en la región Caribe colombiana, y también un argumento recurrente, la economía popular. Ambos se utilizan para reforzar la legitimidad de la intervención, mientras se traslada al sector financiero el peso de resultados que, en realidad, dependen de múltiples variables y de decisiones públicas acumuladas.
Hay que decirlo con claridad: el pacto, según los propios reportes que citan los actores del sector, muestra avances sustantivos, y su propuesta inicial fue técnicamente razonable. Si el objetivo es atender la crisis del Caribe, existen mecanismos alternativos, por ejemplo, subsidios condicionados y esquemas focalizados, que podrían llegar a esos escenarios sin necesidad de imponer inversiones forzosas. Lo contrario, insistir en la coerción, perturba el ahorro, erosiona la confianza y siembra dudas sobre el destino final de los recursos.
Colombia, además, ya cuenta con una estructura de títulos de desarrollo agropecuario (TDA), establecidos bajo la Ley 16 de 1990 y con reglamentación del Banco de la República y de Finagro. Ese marco ha operado como un instrumento de dirección de crédito, con condiciones e incentivos para el sector agro. Pero una cosa es un instrumento conocido, acotado y estabilizado en el tiempo, y otra, muy distinta, es expandir la lógica de la inversión obligatoria como herramienta política para múltiples propósitos en un contexto de emergencia y tensión fiscal. Ese salto de escala cambia el mensaje al mercado, cambia expectativas y multiplica riesgos.
La medida, además, llega en un momento macroeconómico sensible. Si el Banco de la República, de manera responsable, decidió subir 100 puntos básicos la tasa de interés de intervención por consideraciones de inflación, forzar simultáneamente un direccionamiento de recursos puede terminar cobrando un costo elevado, en estabilidad macroeconómica, en confianza y en crecimiento. Lo que se presenta con “nobles intenciones” puede convertirse en un deterioro real de condiciones financieras para hogares y empresas.
Finalmente, está la suspicacia fiscal, que no es menor. En un escenario de asfixia de caja y problemas de disponibilidad de recursos, el margen regulatorio para intervenir el crédito y administrar recursos ajenos abre una duda legítima: que parte de esos recursos, directa o indirectamente, termine sirviendo para dar oxígeno a las tensiones fiscales del Gobierno, incluso mediante colocaciones asociadas a títulos de deuda pública como los TES. No lo planteo como una certeza, sino como un riesgo político-financiero que crece cuando se normaliza la idea de que el ahorro nacional puede quedar “a libre disposición” del Ejecutivo mediante instrumentos regulatorios.
Por eso el dilema es profundo. La emergencia exige respuestas, sí. Pero convertir una diferencia de prioridades dentro de un acuerdo voluntario en justificación para imponer inversiones forzosas puede costarle al país más de lo que promete resolver, en crédito más caro, menor confianza y un precedente difícil de revertir.
Por: Andrés David Rico Salazar- @AndresDRico
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