La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente cargos a Laura Sarabia, actual funcionaria y exjefa de Gabinete de la Presidencia de la República, ante el Juzgado 1 de Control de Garantías de Bogotá. Los delitos endilgados por el ente investigador son abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado, en el marco del proceso judicial que se sigue por la prueba de polígrafo practicada irregularmente a la exniñera Marelbys Meza.
Panorama general: De acuerdo con la exposición del ente investigador, todo se originó tras el hurto de dinero en efectivo que se encontraba guardado en una maleta dentro de la vivienda de Sarabia. A raíz de este faltante, Meza fue trasladada hasta las oficinas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), ubicadas en el edificio Galán, para ser sometida a la prueba de confianza.
La Fiscalía sostiene que Sarabia habría dado la instrucción directa al coronel Carlos Alberto Feria para que se le practicara el examen a la exniñera. Para el organismo acusador, al impartir esta directriz, la entonces funcionaria excedió de manera flagrante sus competencias funcionales al intentar resolver un asunto de carácter estrictamente personal utilizando la infraestructura del Estado.
Durante la audiencia, el ente investigador profundizó en la naturaleza de estas herramientas institucionales, señalando que las pruebas de poligrafía estaban concebidas exclusivamente como un mecanismo técnico para evaluar la confiabilidad del personal que rodeaba al presidente de la República, por lo que desnaturalizar su uso para aplicarlo a una empleada particular constituyó una extralimitación.
Juzgado 1 de Control de Garantías procesa a Laura Sarabia por uso irregular de recursos públicos
El delito de constreñimiento ilegal agravado se fundamentó en la asimetría de la relación laboral. Según la Fiscalía, Sarabia aprovechó la posición de poder derivada de su cargo y la dependencia económica de su empleada para lograr que esta aceptara someterse al procedimiento. La fiscal del caso argumentó que Meza conocía el alto rango de Sarabia en el Gobierno y dependía de ese empleo como su principal sustento, factores que anularon su capacidad de decisión y la condicionaron a aceptar la prueba.
Por su parte, el peculado por uso se configuró,según la tesis de la acusación, porque se destinaron recursos y bienes públicos a una actividad ajena a la función pública. El traslado de Meza ocurrió el 30 de enero de 2023, hacia las 2:00 p.m., a bordo de vehículos y bajo la custodia de personal asignado a la seguridad de la funcionaria, extendiéndose el procedimiento al interior del Dapre por un espacio de entre tres y cuatro horas.
Los hechos que motivaron esta vinculación formal al proceso penal se remontan al episodio en el que se reportó la pérdida de una fuerte suma de dinero en la residencia privada de Sarabia. La investigación sostiene que la utilización de medios y mecanismos del Estado para atender un asunto de índole estrictamente personal derivó en las conductas punibles por las que hoy responde ante la justicia colombiana.
La inclusión del delito de peculado por uso generó fricciones en la sala de audiencias. El abogado Mario Iguarán, integrante de la defensa de Sarabia, calificó el cargo de sorpresivo, incoherente e ininteligible. El jurista argumentó que, en acercamientos previos con la Fiscalía para explorar un preacuerdo, se les había manifestado que los análisis descartaban tal conducta, por lo que exigió mayor precisión sobre la coherencia entre el abuso de función pública y este nuevo señalamiento.
En el plano procesal, el despacho judicial avaló la solicitud de la Presidencia de la República para ser reconocida como víctima dentro de la actuación. No obstante, la jueza primera de control de garantías negó dicha condición a Marelbys Meza, a Fabiola Perea y a la fiscal Marbel Morales. Asimismo, el ente acusador precisó que, por el momento, Sarabia no está siendo vinculada a esta investigación por las interceptaciones telefónicas a Meza y Perea, ni por los hechos relacionados con la presunta inducción en error a la fiscal Morales.