Una hora antes de que un menor de edad le disparara en el parque Modelia de Bogotá, Miguel Uribe ordenó grabar un video que se publicaría justo cuando el Gobierno firmara el decreto para convocar una consulta popular sobre reforma laboral.
En la pieza, el senador acusa al presidente Gustavo Petro de romper la Constitución y anuncia acciones judiciales. Mientras el político permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe, el país debate si el decreto es un mecanismo de participación o un atropello institucional.
La advertencia de Miguel Uribe que encendió las alarmas
Uribe supo que el Ejecutivo firmaría el decreto y, sin perder minutos, pidió a su equipo registrar el mensaje. Con gesto serio sostuvo ante la cámara que “el presidente Gustavo Petro ha expedido un decreto que va en contra de la Constitución y que pone en riesgo la democracia. Es un autogolpe de Estado”.
El precandidato presidencial añadió que el acto era “abiertamente ilegal” y prometió demandarlo ante el Consejo de Estado “por falsa motivación y violación del artículo 104”.
Asimismo, recalcó que: “Presentaremos denuncia penal por prevaricato… nadie está por encima de la ley”. Para cerrar, remató: “Seguimos actuando con firmeza y dentro de la ley para defender la democracia y el futuro del país”.
Al publicarse el video —cuando Uribe se recupera de las graves heridas del atentado— las palabras amplificaron la disputa jurídica.
Momentos antes de que atentaran contra su vida, Miguel Uribe Turbay recibió información de la inminente firma del decreto convocando la Consulta Popular.
En ese momento, indicó a su equipo grabar este video y publicarlo una vez se hiciera oficial la firma.
Cumpliendo sus… pic.twitter.com/o62MS21FWa
— Miguel Uribe (@MiguelUribeT) June 11, 2025
Consulta popular: choque entre Palacio y Senado
El detonante del enfrentamiento es el artículo 104 de la Constitución, que exige concepto previo favorable del Senado para cualquier consulta popular nacional. La Casa de Nariño, sin embargo, se ampara en la Ley 1757 de 2015 y en particular en su artículo 33-c, que permitiría expedir el decreto si la corporación no responde en un mes.
Petro reiteró que la iniciativa se congelaría si el Congreso aprueba la reforma laboral acordada, pero acusó a la mesa directiva de “cerrar” el debate para forzarlo a actuar.
Los juristas Rodrigo Uprimny y Luis Guillermo Guerrero califican la movida de inconstitucional porque una ley estatutaria no suplanta el mandato de la Carta Política. En paralelo, nueve partidos de oposición anunciaron que no reconocerán al Gobierno como garante electoral si la convocatoria sigue adelante, evidencia de la tensión institucional desencadenada tras el atentado contra Miguel Uribe.
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El atentado y la atención en la Clínica Santa Fe
El 7 de junio, hacia las 17:25, un joven de 14 años se acercó al precandidato en Modelia y le disparó a la cabeza; el ataque quedó registrado por transeúntes. Uribe fue estabilizado en un centro médico de Fontibón y trasladado en ambulancia a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde ingresó “en estado crítico”, de acuerdo con el parte oficial.
Los especialistas practicaron una cirugía de emergencia para controlar lesiones craneales y vasculares y lo remitieron a la Unidad de Cuidado Intensivo con pronóstico reservado. La familia ha pedido respetar la reserva clínica mientras el equipo médico evalúa la evolución neurológica cada seis horas.
El presidente convocó un consejo de seguridad extraordinario la misma noche del atentado y denunció posible “infiltración” en el esquema de protección del senador, tema que ya investiga la Fiscalía.
El atentado contra Miguel Uribe y la firma de un decreto cuestionado abrieron un doble campo de batalla: el de la seguridad personal de los opositores y el de la integridad institucional.
Con el senador aún en cuidados intensivos y la oposición dispuesta a litigar cada paso, el destino de la consulta popular —y de la reforma laboral que la motivó— dependerá de un delicado equilibrio entre la calle, los tribunales y un Congreso fracturado.
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