¿Por qué decretaron la Consulta Popular si está viva la Reforma Laboral?

La Consulta Popular firmada por el presidente Gustavo Petro este miércoles 11 de junio de 2025 cayó con sorpresa en la opinión pública y especialmente sobre un Senado que aún debía votar la Reforma Laboral.

El mandatario alega que el silencio legislativo lo habilitó; la oposición y varios gremios hablan de prevaricato y “decretazo”.

¿Congreso o Consulta Popular? Este es el panorama

El 9 de junio la mesa directiva del Senado aplazó, por segunda vez, el último debate de la Reforma Laboral, pese a estar en el orden del día. Para Petro, esa dilación fue decisiva: “el presidente del Senado decidió cerrar el Congreso y perder todo el martes” —escribió en X—, dejándole solo 24 horas para usar la Ley 1757.  Así, la Consulta Popular pasó de amenaza retórica a un decreto ya firmado.

Bases legales del decreto de Consulta Popular

El Ejecutivo se ampara en el artículo 33 c de la Ley 1757 de 2015, que faculta al presidente a convocar la Consulta Popular si el Senado guarda silencio durante un mes sobre el concepto previo. Petro lo recalcó en un extenso trino.

“El decreto de consulta tiene una base legal que impide cualquier prevaricato… Estoy facultado legalmente para la segunda opción porque, ¿qué pasa si en el mes después de presentada la consulta el Senado no toma concepto? Lo que dice la Ley 1757 art. 33c es que también hay decreto presidencial.”, escribió el mandatario.

En contraste, el constitucionalista Rodrigo Uprimny advierte que someter la reforma a consulta, cuando su trámite ordinario sigue abierto, “tensiona la división de poderes”. Asimismo, el exmagistrado Antonio José Lizarazo coincide en que el decreto podría ser suspendido por el Consejo de Estado.

Entre tanto, la senadora Angélica Lozano, clave en la ponencia de la Reforma Laboral, criticó con dureza el documento: “El ministro Benedetti se ha salvado de muchos procesos penales… Le va a pasar lo de Alcapone; va a caer por el #Decretazo. El prevaricato se consuma, aunque el Consejo de Estado derogue el decretazo.”

Su advertencia reflejó la postura de nueve partidos opositores que desconocen al Gobierno como garante del proceso electoral. A la par, gremios como Fenalco y la ANDI tacharon la iniciativa de “factor de incertidumbre” para la inversión.

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¿Qué puede ocurrir con la Consulta Popular y la Reforma Laboral?

Tres vías concentran la atención de juristas y economistas sobre el panorama con la recién decretada Consulta Popular.

1. Aprobación legislativa antes de octubre
   Si el Senado aprueba la Reforma Laboral con el texto concertado —80 % igual al avalado en Cámara, según Lozano— el Gobierno derogaría el decreto y sancionaría la ley, despejando dudas sobre seguridad jurídica.

2. Voto ciudadano en las urnas
   Si el Consejo de Estado no suspende el decreto, la Registraduría debería convocar la Consulta Popular dentro de los tres meses que fija la Ley 1757; se barajan finales de septiembre como ventana probable. El paquete pondría a consideración, entre otros puntos, la jornada de 42 horas y el recargo dominical del 100 %.

3. Freno judicial
   Demandas por prevaricato o inconstitucionalidad podrían lograr medidas cautelares. Un fallo adverso anularía la Consulta Popular y obligaría al Ejecutivo a retomar el camino legislativo o a rediseñar las preguntas.

Con este panorama, más que un mecanismo participativo, la Consulta Popular es la carta de presión de la Casa de Nariño frente a un Congreso que, hasta ahora, no ha enterrado la Reforma Laboral. Si el Legislativo actúa con rapidez, la consulta podría quedar sin efecto; de lo contrario, serán los jueces —o los ciudadanos— quienes decidan.

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