Una de las soluciones que se tienen a la vista, es que los gobernadores y alcaldes atiendan a las personas sindicadas y dejen de enviarlas a las prisiones.
Por: Natalia Tangarife Salazar.
Ya se van a cumplir diez meses tras declararse la emergencia carcelaria en el país y ninguna solución se vislumbra. Las pocas medidas que se han tomado frente al 52,53% de hacinamiento han sido insuficientes y los problemas siguen.
La Defensoría del Pueblo pide cerrar cárceles y se dictan fallos de tutela para proteger a los presos, mientras continúa la crisis humanitaria por las deficientes condiciones de indignidad y violación de derechos.
Según el INPEC, las situaciones de sobrepoblación ya están en manos de la Corte Constitucional después de las solicitudes enviadas por la Defensoría del Pueblo pidiendo que las cárceles de Riohacha (La Guajira) y Bellavista (Antioquia) que tienen 452% y 283% de hacinamiento respectivamente, sean cerradas.
El Ministerio de Justicia tiene previsto entregar 4080 nuevos cupos, mientras que el Gobierno viene trabajando en la creación de tres nuevos centros penitenciarios, uno de los cuales será en Riohacha.
Por su parte el Ministro de Justicia recién nombrado, Enrique Gil Botero, deberá enfrentar las 93.000 audiencias represadas en el país, de las cuales 16.000 son de imputación de cargos y las otras 1205 tienen retrasos de más de un año en los juzgados.
En cuanto a la propuesta de dejar de enviar personas a la cárcel, se espera que la denominada nueva Ley de las Pequeñas Causas logre disminuir el hacinamiento al reducir el tiempo de los casos menos complejos de investigar. Ley que será apoyada por el Ministro Gil Botero, quien considera que “hay que generar una política criminal más abierta, que tenga unos fines, que entienda la libertad como un principio, un valor y un derecho” por lo que no apoyará las iniciativas del Congreso para aumentar las penas.
