El presidente Gustavo Petro deberá rectificar públicamente una publicación que realizó en la red social X (antes Twitter) en la que, según un fallo judicial, vulneró los derechos fundamentales de la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez.
La decisión fue emitida por el Juzgado 66 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que le concedió al mandatario un plazo de 48 horas para cumplir con la orden. El tribunal consideró que las afirmaciones del jefe de Estado afectaron la honra y el buen nombre de Ramírez, por lo que deberá retractarse de manera expresa y pública.
Panorama general: El origen de la controversia se remonta al 29 de agosto, cuando Petro respondió a una entrevista de Ramírez publicada por el medio La FM. En dicha conversación, la exvicepresidenta cuestionó el respaldo del Gobierno colombiano al régimen de Nicolás Maduro, al que calificó de dictatorial, argumentando que ese apoyo comprometía la estabilidad democrática de la región.
Ante esas declaraciones, el presidente publicó un mensaje en X en el que escribió: “No, señora excanciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar.”
El trino, que rápidamente se viralizó con más de 263.000 visualizaciones, 2.000 reposteos, 7.000 ‘me gusta’ y cerca de 800 comentarios, fue interpretado por varios usuarios como una acusación directa contra Ramírez, atribuyéndole supuestos vínculos con organizaciones criminales.
Juez ordena a Gustavo Petro retractarse por publicación contra Marta Lucía Ramírez
Por qué es importante: El juzgado concluyó que dicha publicación tuvo un impacto reputacional y moral negativo, lo que justificó la acción de tutela interpuesta por la exvicepresidenta. En el fallo se indica que, al ser el presidente de la República, Petro tiene acceso a canales institucionales para presentar denuncias o cuestionamientos, sin recurrir a manifestaciones públicas que puedan afectar derechos individuales.
Por ello, además de ordenar la retractación, el despacho judicial instó al mandatario a abstenerse de realizar nuevas publicaciones en redes sociales, medios de comunicación o discursos oficiales que puedan afectar a Ramírez. Según el documento, “el presidente cuenta con los medios formales y adecuados para ejercer su derecho a la libre expresión dentro del marco del respeto y la legalidad”.
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