El pasado 30 de noviembre, fue expedida la Ley 2173 de 2021 que busca la restauración y conservación de ecológica del territorio por medio de la siembra de árboles en zonas que destinarán los municipios y que serán llamadas Áreas de Vida.
Por: Catalina Escobar Pérez
La creación de las Áreas de Vida estará a cargo de las alcaldías municipales, con el apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos, los establecimientos públicos ambientales y Parques Nacionales Naturales, según su respectiva jurisdicción. Y, con el acompañamiento específico de las autoridades ambientales de cada departamento, se garantizará que se siembren las especies especies ornamentales, frutales o forestales indicadas para cada territorio.
En el caso de Antioquia, uno de los departamentos con mayores índices de deforestación, se están haciendo enormes esfuerzos desde los sectores público y privado por recuperar las zonas degradadas. Y es que, el promedio anual de hectáreas deforestadas en Antioquia es de más de 25 mil. Los antioqueños tenemos un reto enorme frente a la deforestación y las acciones que cada ciudadano tome para ayudar a combatirla son urgentes y necesarias.
DEL MISMO AUTOR: La tragedia Leal
En el capítulo de las empresas, la Ley establece que las grandes y medianas empresas deberán construir un programa de siembra de árboles para las Áreas de Vida y cada uno de sus empleados, deberá sembrar 2 árboles anualmente. Las empresas deberán cumplir con esta Ley a partir de 2023. Y como contraparte, los ciudadanos y las empresas que siembren, recibirán por parte del estado el Certificado Siembra Vida Buen Ciudadano con el que podrán obtener descuentos en matrículas educativas y en otros trámites del sector público.
Este tipo de leyes nos alertan sobre la necesidad de darle una mirada a nuestro planeta, nos hacen más conscientes de la importancia de nuestros ecosistemas y nos llaman a la acción. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que es una regulación más para las empresas, implica más costos laborales y debemos recordar que la prioridad hoy, debería ser generar más empleo. ¿Qué pasará con las empresas que ya cuentan con programas ambientales? ¿Será esta Ley una imposición adicional a los programas ambientales que están en curso en el sector privado? Como dicen en Libertank “es mejor un incentivo positivo que una imposición”.
¿Qué opinan?
