Una de las más recientes polémicas del Gobierno de Gustavo Petro gira alrededor de las distintas medidas que está tomando para frenar algunas actividades económicas, blindando áreas en distintos departamentos con “actividades milenarias” que generan desarrollo local y nacional. Las reformas que buscan sacar adelante desde el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ponen en peligro el derecho fundamental a la propiedad privada.
Tener tierras con títulos de propiedad permite el acceso a la participación de los mercados, pero donde no hay propiedad privada llega la informalidad y con ella la pobreza y los conflictos sociales.
Según el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2024, Colombia está ubicada en el puesto 75 a nivel mundial en materia de derechos de propiedad física y de séptima en América Latina. No es sorpresa entonces, que el país se encuentre sustancialmente por debajo del puntaje mundial en relación con el derecho a la propiedad física. Según el mismo índice, el único país que está por debajo de Colombia en derechos de propiedad privada es Turquía.
El Gobierno Nacional sigue comportándose de manera errática e incoherente, reforzando su discurso con tinte social, mientras que sus iniciativas legislativas van en contra de ese objetivo. Las reformas que busca sacar han disminuido la inversión directa extranjera y las brechas entre las regiones ricas y menos favorecidas solo aumenta. En el primer semestre del 2024 la inversión extranjera acumulada directa disminuyó un 28,64% en comparación con el mismo periodo del 2023. Asimismo, el Banco de la República afirmó que desde el año 2.000 las regiones más pobres de Colombia se han posicionado más lejos de las regiones ricas y además han ido hacia atrás en los pocos avances que habían alcanzado.
Lo anterior, se debe a la falta de conectividad vial y tecnológica que existe en el territorio nacional, y en la desactualización en los POT y catastros. El POT del Gobierno Petro solo incrementa esa brecha regional, tomando unas decisiones centralizadas con desconocimiento y sin criterio sobre lo que necesitan las comunidades.
Mientras el gobierno de Gustavo Petro promueve la modificación al Sistema General de Participaciones, a través de estas maniobras con los POT y regulaciones, se va perdiendo la autonomía de los gobiernos locales de hacer uso de sus suelos para inversiones públicas que puedan redundar en desarrollo de infraestructura y formalización de los títulos de tierras, para fomentar más participación financiera desde las regiones en la economía nacional.
Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), el Decreto 0044 y la autoridad a las comunidades étnicas sobre los territorios, son mecanismos que está usando el Gobierno Petro para retener el poder ejecutivo y legislativo.
El Gobierno Nacional está encontrando el camino – a través de regulaciones sin los trámites y transparencia exigida – de asumir decisiones y labores exclusivas de las entidades territoriales; las cuales, por supuesto, tienen un mayor conocimiento de sus tradiciones, áreas a intervenir e impactos de las reformas que se llevan a cabo.
Es poco confiable que, y sólo por enunciar algunos casos, desde el Ministerio de Agricultura o el de Ambiente, en una oficina de Bogotá, se pueda tener el criterio suficiente para saber qué implica excluir actividades productivas que generan regalías indispensables para los territorios, conocer las necesidades locales o cómo los conflictos sociales se verán intensificados al espantar a los campesinos de sus tierras, por los altos impuestos que se verán obligados a pagar y las limitaciones que tendrán para producir.
La autoridad local tiene una caracterización de los suelos que desde la centralizada capital no existe. Por ejemplo, uno de los estereotipos que queda en evidencia con las APPA es que desde la visión nacional se asume que todo lo que pasa en lo rural es agrario, y eso no es así. Por eso existen regiones que históricamente han tenido presencia de actividades como la minería, la ganadería, la floricultura, el turismo, entre otros.
¿Qué pasa con las propuestas de Gustavo Petro?
Adicionalmente, otro punto caótico de las múltiples reformas impulsadas por el gobierno es el Decreto 1275 de 2024, que desbarata el Sistema Nacional Ambiental, ampliando a las comunidades indígenas la competencia para ejercer su supuesta autoridad ambiental, desconociendo de tajo los requerimientos técnicos y las capacidades necesarias para tomar decisiones acertadas en materia de otorgamiento de licencias y procesos sancionatorios. Al final, todo se resume a continuar alimentando la violencia en los territorios, atraer a grupos armados a las tierras donde los propietarios tuvieron que ceder por inseguridad jurídica y tarifa de impuestos, y para exacerbar la problemática histórica de las tierras en Colombia.
Así pues, las contradicciones se mantienen y las reformas y decretos que adelanta el “Gobierno del Cambio”, contrarían las reglas de juego establecidas en la Constitución del 91. El POT va a aumentar las cifras de predios rurales que no cuentan por títulos legales. El Gobierno Petro que se posicionó como un cambio para favorecer a los menos favorecidos, será el mismo que obligará a esas minorías a ceder sus tierras y no a los “ricos” que tanto critica.
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