El aumento del costo de vida y la inestabilidad laboral están dejando a miles de colombianos contra la pared de las obligaciones financieras. Embargos, llamadas de cobro y reportes negativos en centrales de riesgo se convierten en una rutina agobiante para familias que, aun con voluntad de pago, no encuentran un camino de regreso a la solvencia.
En ese panorama aparece la Ley de insolvencia, un mecanismo legal que suspende procesos de cobro, permite renegociar pasivos y, sobre todo, otorga la posibilidad de empezar de nuevo con cuentas en orden.
Ley de insolvencia: un salvavidas con base jurídica sólida
Aunque su antecedente inmediato fue la Ley 1380 de 2010, el marco actual de la insolvencia de persona natural se encuentra en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), reforzado ahora por la Ley 2445 del 11 de febrero de 2025, que amplió la cobertura a pequeños comerciantes con activos inferiores a 1.000 salarios mínimos mensuales vigentes y redujo varios plazos internos del trámite.
“El objetivo principal de esta ley es brindar una segunda oportunidad a quienes, por distintas razones, no han podido ponerse al día con sus pasivos. Es una figura que le ayuda a cualquier persona a resolver sus deudas sin caer en la ilegalidad o en prácticas informales que agravan la situación”, explica Eduir Estupiñán Clavijo, docente de Derecho en Areandina sede Valledupar.
¿Quién puede acogerse a la Ley de insolvencia?
La puerta no está abierta para todo el mundo, pero el filtro es menos estricto de lo que muchos piensan. Para solicitar la protección se necesita:
Tener obligaciones vencidas con al menos dos acreedores distintos.
Haber caído en cesación de pagos por más de 90 días.
Registrar dos o más procesos de cobro judicial en curso.
No haber usado la insolvencia en los últimos seis años.
De cumplirse estas condiciones, el ciudadano puede presentar su solicitud ante un centro de conciliación, una notaría de su lugar de domicilio o un juzgado civil municipal (dependiendo del monto total de la deuda). Y, a diferencia de otros procesos, no es obligatorio contratar abogado.
“Sería un contrasentido exigir un abogado si la persona no tiene ni cómo pagar sus deudas. Esta ley está pensada para que sea accesible para todos”, añade Estupiñán.
Paso a paso para aplicar a la Ley de insolvencia
Solicitud formal. El deudor radica un documento con la propuesta de pago y la fotografía completa de su situación: ingresos, egresos, bienes, deudas, procesos judiciales y lista de acreedores.
Admisión y efectos inmediatos. Si la autoridad admite la solicitud se suspenden embargos, intereses moratorios, reportes negativos y cualquier remate en curso. “A partir de ese momento, y si la solicitud es admitida, se suspenden todos los embargos, los cobros judiciales, los intereses moratorios y los reportes negativos en centrales de riesgo”, subraya el docente.
Audiencia de conciliación. Se cita a los acreedores para buscar un acuerdo que ajuste las cuotas a la realidad económica del solicitante.
Liquidación patrimonial (plan B). Si no hay acuerdo, se ordena la venta organizada de los bienes para cancelar las obligaciones.
La ley fija un plazo de máximo 90 días hábiles para resolver el caso, pero la realidad judicial puede prolongarlo. “Aunque la ley establece que el trámite debe resolverse en un plazo máximo de 90 días hábiles, en la práctica puede tardar hasta dos años, debido a la congestión judicial y a los retrasos en la conciliación con los acreedores”, advierte Estupiñán.
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Beneficios tangibles de aplicar a la ley de insolvencia
– Suspensión de procesos judiciales: al detener embargos y remates, se gana tiempo vital para negociar.
– Cuotas realistas: el plan se diseña conforme a la capacidad de pago, lo que puede incluir la congelación o reducción de intereses.
– Protección del mínimo vital: el esquema garantiza recursos para alimentación, vivienda, salud y educación mientras se honran las deudas.
– Rehabilitación crediticia: una vez cumplido el acuerdo o liquidación, el deudor puede limpiar su historial y volver al sistema financiero sin estigmas.
– Prevención de préstamos informales: al ofrecer una salida institucional, evita que la desesperación conduzca al “gota a gota” o a prestamistas abusivos.
“Esta ley no solo es una herramienta legal, es una tabla de salvación económica para muchas familias. Muchas veces las personas viven angustiadas, acosadas por llamadas o notificaciones, y no saben que existe una salida legal y humana para resolver su situación”, concluye Estupiñán.
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