La Contraloría General de la República puso bajo la lupa dos proyectos de becas financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en los departamentos de Chocó y Magdalena, tras detectar hallazgos administrativos con incidencia fiscal por más de $69.000 millones, según el más reciente informe de auditoría, las iniciativas, diseñadas para fortalecer la formación de alto nivel y las capacidades en ciencia, tecnología e innovación, no lograron demostrar su ejecución ni el cumplimiento de sus objetivos.
El ente de control concluyó que los recursos comprometidos carecen de soportes suficientes que permitan verificar su destinación, lo que impide establecer una relación clara entre el dinero desembolsado y los resultados obtenidos, en ambos casos, el equipo auditor calificó los sistemas de control interno como “inadecuados”, al evidenciar fallas estructurales en los mecanismos de seguimiento, ausencia de auditorías y vacíos en la gestión documental.
La Contraloría General de la República detecta irregularidades por $69.000 millones en becas con regalías
Uno de los casos más críticos corresponde al departamento del Magdalena, donde el proyecto orientado a fortalecer capacidades en investigación fue aprobado en 2013 con un presupuesto cercano a los $29.011 millones, la iniciativa buscaba financiar becas de maestría y doctorado para profesionales de la región, sin embargo, ni la Gobernación, ni el entonces operador el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ni las universidades vinculadas, lograron aportar documentación que acreditara la lista de beneficiarios, certificaciones académicas o evidencias concretas de los programas financiados.
La Contraloría tampoco encontró soportes que respalden los giros realizados ni informes técnicos o de ejecución, pese a que el proyecto reportaba un avance financiero superior al 80%, esta falta de información llevó a que no se pudiera verificar el uso de $28.210 millones, generando uno de los principales hallazgos fiscales dentro de la auditoría, además, las instituciones educativas que participaron entregaron información fragmentada, lo que agravó la imposibilidad de reconstruir el impacto real del programa.
En el caso del Chocó, el panorama es aún más complejo, el proyecto aprobado en 2012 con un presupuesto de $41.608 millones presenta múltiples deficiencias que van desde la falta de acreditación de beneficiarios hasta la inexistencia de productos académicos derivados de las becas, el informe señala que no hay evidencia de tesis, ensayos ni publicaciones que sustenten la formación financiada, tampoco se encontraron resultados en términos de apropiación social del conocimiento, como artículos, libros o plataformas propias.
A esto se suma la ausencia de soportes sobre formación en segunda lengua, la falta de expedientes oficiales y graves omisiones en la labor de supervisión e interventoría, según la Contraloría, la gestión del proyecto careció de controles básicos, lo que permitió que los recursos se ejecutaran sin trazabilidad ni seguimiento efectivo, además, se identificó que la información contractual no fue reportada de manera adecuada en plataformas oficiales como SECOP, limitando el control institucional y ciudadano.
El informe advierte que estas fallas reflejan un problema estructural en la gestión de proyectos de largo plazo, especialmente aquellos que atraviesan varias administraciones, la falta de procesos estandarizados y de memoria institucional termina trasladando la responsabilidad a funcionarios específicos, lo que genera vacíos en la definición de roles y dificulta la continuidad de las iniciativas.
Ante este escenario, la Contraloría anunció que avanzará en las actuaciones correspondientes para establecer responsabilidades fiscales individuales, además, trasladó los hallazgos a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelanten las investigaciones disciplinarias y penales a que haya lugar, el organismo también aseguró que realizará un seguimiento permanente para evitar que este tipo de irregularidades se repitan.
El caso reabre el debate sobre la eficiencia en el uso de los recursos de regalías y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, especialmente en programas que buscan cerrar brechas educativas y potenciar el desarrollo regional, en medio de la falta de soportes y resultados verificables, más de $69.000 millones quedan, por ahora, en entredicho.
