La crisis que atraviesa el sistema de salud encendió nuevamente las alarmas en las principales ciudades del país. Tras una reunión extraordinaria en la que participaron secretarios de salud de más de 25 mandatarios, Asocapitales anunció que iniciará el proceso de adhesión a la acción popular interpuesta por la Alcaldía de Medellín, con el propósito de exigir al Gobierno Nacional y a las EPS el pago de las millonarias deudas que hoy tienen en vilo la atención médica en todo el territorio.
La acción popular, admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, fue presentada en mayo por la administración distrital para obligar al Gobierno a ponerse al día con hospitales y clínicas, especialmente ante el deterioro acelerado de la Nueva EPS.
Mandatarios capitales anuncian adhesión colectiva a la acción popular de Medellín por el colapso de la Nueva EPS
Aunque el Tribunal ordenó, mediante medida cautelar, garantizar los pagos pendientes, la Alcaldía aseguró que los plazos no se cumplieron, lo que llevó a la apertura de un incidente de desacato. Con ese antecedente, Medellín invitó a las demás ciudades a sumarse, argumentando que el problema dejó de ser local y se convirtió en una crisis nacional de alcance estructural.
La situación se ha agravado por el peso que ha adquirido la Nueva EPS, una entidad que hoy concentra 11,7 millones de afiliados. Sus dificultades financieras hablan por sí solas: pasó de adeudar $5,42 billones en 2022 a $21,37 billones en marzo de 2025, arrastra 22 millones de facturas sin auditar por $22,1 billones y enfrenta fallas contables, suspensiones de servicios y rupturas en el suministro de medicamentos. Para los mandatarios locales, estas cifras reflejan un colapso que está impactando directamente a los pacientes y desbordando la capacidad de las redes hospitalarias urbanas.
Bogotá, por ejemplo, reportó 1.943 quejas por fallas entre enero y septiembre de este año, y la deuda de la Nueva EPS con la red pública pasó de $35.000 millones a más de $90.000 millones. El incremento obligó a implementar restricciones en urgencias y cirugías, mientras la capital asume el 16 % de atenciones provenientes de otras regiones, cifra que representa el 40 % de la carga total en urgencias.
En Valledupar, la red hospitalaria opera al límite y está recibiendo pacientes del sur de La Guajira, el sur de Bolívar, el Magdalena y los 25 municipios del Cesar. Desde Cali, la Secretaría de Salud alertó sobre la interrupción de tratamientos esenciales y el deterioro de los servicios de urgencias. Y en Medellín, el distrito ha tenido que invertir 400.000 millones de pesos para sostener la red pública ante la falta de respuesta del sistema.
Ante este panorama, Asocapitales definió dos rutas: adherirse de manera colectiva a la acción popular de Medellín y solicitar a las Altas Cortes la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional en salud. Las ciudades advierten que la crisis está comprometiendo tratamientos de alto costo, saturando hospitales y disparando tutelas y quejas. Por eso, insistieron en la necesidad de una intervención inmediata y coordinada por parte del Gobierno Nacional.
