Una denuncia formal ante la Fiscalía y la Policía encendió las alarmas por un presunto complot para asesinar a Federico Gutiérrez, al secretario de Seguridad Manuel Villa y a los concejales Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón.
Según el reporte, disidencias de las Farc y estructuras urbanas articularían el plan, mientras crece la preocupación nacional tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.
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¿Qué se denuncia y por qué apunta a Federico Gutiérrez?
El Concejo de Medellín radicó una denuncia que señala a los frentes 18, 33 y 36 de las disidencias de las Farc, en alianza con la Oficina de Envigado, de estar detrás de un ofrecimiento de 8 millones de dólares para atentar contra Federico Gutiérrez, Villa, Carrasquilla y Tobón.
Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro en Colombia 🇨🇴.
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 12, 2025
La alerta habría surgido de información entregada desde la cárcel de Cómbita (Boyacá). Los denunciantes pidieron medidas urgentes a la UNP y refuerzo de esquemas.
Como parte de la amenaza, otra alianza entre “el Doce” y “la Oficina de Córdoba” estaría recolectando fondos para atacar a Villa con un artefacto explosivo y tender emboscadas a los concejales en barrios que visitan. Los corporados insisten en respaldo estatal. (Dato según denuncia radicada.)
Alias ‘Douglas’, alias ‘Pesebre’ y el papel de la Oficina de Envigado
De acuerdo con la exposición de los concejales, el complot urbano involucraría a la Oficina de Envigado a través de alias ‘Douglas’ y alias ‘Pesebre’. Douglas es José Leonardo Muñoz Martínez, histórico cabecilla de la organización, hoy condenado y reconocido por el Gobierno como vocero en la mesa de “paz urbana” con bandas del Valle de Aburrá. Su rol como interlocutor fue autorizado en 2025, en medio de fuerte polémica.
Carlos ‘Pesebre’ (Freyner Ramírez García) es un jefe criminal ligado a los Pesebreros y a la propia Oficina; fue capturado en 2013 y permanece preso. Su estructura ha tenido dominio en la comuna 7 (Robledo) y vínculos con economías ilegales como microtráfico y extorsión.
La Oficina de Envigado, surgida como “oficina de cobro” y hoy red mafiosa con franquicias y alianzas, mantiene influencia en Medellín pese a capturas de alto perfil. Su entramado incluye subestructuras como La Terraza y Los Pesebreros.
Las disidencias 18, 33 y 36: presencia y capacidad de daño
El Frente 18 ha sido señalado por acciones con explosivos en el norte de Antioquia y por intentar reactivar control armado en corredores hacia Hidroituango. Operaciones recientes del Ejército reportaron neutralizaciones de artefactos y hostigamientos.
El Frente 36 delinque en Nordeste y Norte antioqueño; ha alternado entre gestos de “cese al fuego” y demostraciones de fuerza en zonas rurales. Su capacidad de movilidad y su relación con economías ilícitas sostienen el riesgo de ataques.
El Frente 33 tiene epicentro en Catatumbo y ha expandido su influencia hacia Norte de Santander y Cesar, con alertas tempranas de la Defensoría por desplazamientos y reclutamiento. Su articulación con otras células amplifica el alcance logístico para atentados.
El ‘Doce’ y la ‘Oficina de Córdoba’: focos urbanos bajo la lupa
En Medellín, la Policía ha golpeado de forma reciente al GDO “Los del Doce”, activo en Doce de Octubre y corredores aledaños, por delitos como extorsión y economía ilegal. La estructura mantiene bases barriales y redes de recaudo.
Aunque sobre la llamada “Oficina de Córdoba” hay menos documentación abierta, autoridades locales y fuentes de seguridad la incluyen en el mapa de actores con vasos comunicantes con la Oficina y combos de barrios. En este contexto, la coordinación entre bandas urbanas y disidencias rurales es un patrón que la inteligencia viene siguiendo desde 2024–2025.
Andrés Tobón enfatizó: “Nosotros no les tenemos miedo. No retrocedemos un solo milímetro… lo primero que defendemos nosotros es la democracia y las instituciones”. Claudia Carrasquilla añadió: “Es lamentable porque lo único que hemos hecho y manifestado es que hay que luchar contra el crimen organizado…”.
La denuncia llega en medio de un clima enrarecido por la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrida el 11 de agosto, dos meses después de que le dispararan en un acto político en Bogotá. El caso, que las autoridades investigan como crimen con motivación política, conmocionó al país y reavivó el fantasma de la violencia contra líderes públicos.
En Medellín, Federico Gutiérrez ya había denunciado planes en su contra y recibió refuerzo de su esquema; ahora, con una alianza que mezclaría disidencias y crimen urbano, los riesgos se potencian. El secretario de Seguridad, Manuel Villa, ha descrito una red con soporte financiero, legal y logístico.
La denuncia por el plan para asesinar a autoridades locales expone una peligrosa articulación entre disidencias y bandas urbanas.
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Con el país consternado por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, se impone acelerar el estudio de riesgo, cerrar las fuentes de financiación criminal y blindar a quienes ejercen funciones públicas. La defensa de la institucionalidad exige respuestas rápidas, coordinadas y verificables.
