El Gobierno Nacional puso en marcha la primera fase del Plan de Choque en Salud, una estrategia de carácter extraordinario y temporal que busca reducir las atenciones represadas y garantizar la continuidad de tratamientos para más de un millón de usuarios en todo el país, de acuerdo con las cifras presentadas por el Ejecutivo.
La medida fue anunciada por el presidente Abelardo De La Espriella al término del Consejo de Ministros del 21 de septiembre, tras un cruce de información entre las entidades del sistema, los aseguradores y las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios, proceso que permitió identificar 1.069.196 personas con medicamentos o procedimientos pendientes.
El anuncio ocurre en medio de un volumen elevado de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, entre enero y julio de 2026 se registraron 1.220.142, según las cifras divulgadas por el Gobierno, de los cuales el 92 % estuvo relacionado con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.
Salud: Plan de Choque priorizará a pacientes según su nivel de riesgo
La primera etapa tendrá cobertura nacional y concentrará la atención en los pacientes que enfrenten mayores riesgos por la demora en sus tratamientos, entre ellos personas con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente y VIH.
También estarán incluidos usuarios con EPOC, asma, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica y mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales, además de otros casos en los que una demora pueda generar una descompensación progresiva.
El plan contempla más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes y el seguimiento de más de 300.000 pacientes que esperan procedimientos, especialmente en áreas relacionadas con enfermedades huérfanas, cardiovasculares y atención materna.
La estrategia busca que cada caso tenga seguimiento desde la identificación del pendiente hasta la comprobación de que el medicamento fue entregado o que el procedimiento efectivamente se realizó, para lo cual las EPS deberán identificar y reportar los casos, determinar las atenciones requeridas y gestionar su solución.
El proceso se desarrollará entre septiembre y diciembre de 2026, con seguimiento continuo a los casos incluidos en esta primera fase, mientras las entidades responsables deberán verificar el cumplimiento de las atenciones.
Para facilitar la solución de los pendientes, el Ministerio de Salud implementará un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida para las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, con una tasa de interés del 0 % y un periodo de gracia de un año.
El Gobierno explicó que los recursos estarán destinados a las atenciones contempladas dentro del plan y que la medida no pretende reconocer nuevamente servicios que ya fueron pagados, sino generar liquidez para facilitar el pago de los servicios pendientes y permitir que los recursos lleguen a la red encargada de prestar la atención.
El seguimiento estará a cargo de una mesa técnica integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES, mientras la Supersalud deberá vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las EPS.
La primera fase, según el Gobierno, busca que el cierre de un caso no dependa únicamente de una autorización o de un registro administrativo, sino de la comprobación efectiva de que el paciente recibió el medicamento o procedimiento que tenía pendiente.
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