El Ministerio de Defensa abrió un nuevo capítulo de tensión política y militar tras conocerse presuntas conexiones entre altos funcionarios del Estado y mandos de las disidencias de las Farc. El ministro Pedro Sánchez anunció que ordenó una investigación exhaustiva para esclarecer estos posibles vínculos y aseguró que la cartera entregará a la Fiscalía General de la Nación toda la información necesaria para avanzar en las indagaciones.
Panorama general: La decisión se produjo luego de un informe revelado por la unidad investigativa de Noticias Caracol, que expuso una serie de chats, cartas y otros documentos hallados en dispositivos incautados a las estructuras comandadas por alias Calarcá. Según el reportaje, estas comunicaciones mostrarían contactos directos entre el general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con jefes de las disidencias como alias Calarcá y alias Catatumbo.
El material divulgado sugiere que Huertas y Mejía habrían participado en conversaciones para crear una empresa de seguridad que funcionaría como fachada para permitir que integrantes del grupo armado ilegal se movilizaran en vehículos blindados y portaran armas con permisos obtenidos de manera irregular. La estructura, según los documentos, contaría con respaldo logístico facilitado por funcionarios del Estado.
Ante la magnitud de las revelaciones, el ministro Sánchez reiteró a través de su cuenta en X que el Gobierno, las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa mantienen un compromiso “absoluto con la transparencia, la legalidad y la Constitución”. Enfatizó que ningún acto contrario a la ley será tolerado dentro de la Fuerza Pública ni entre funcionarios del Estado.
Sánchez también recordó que alias Calarcá y alias Catatumbo deben ser tratados como criminales, atendiendo a los hechos ilegales en los que han participado. Aunque la orden de captura contra Calarcá se encuentra suspendida por su participación en el proyecto de Paz Total, el ministro advirtió que esto “no constituye un salvoconducto para delinquir”. Si la Fuerza Pública lo encuentra en flagrancia, recalcó, procederá con su captura sin excepciones.
Gobierno abre investigación por presuntos nexos de altos funcionarios con disidencias de las Farc
Por qué es importante: El informe periodístico también involucra a Wilmer Mejía, designado por el presidente Gustavo Petro como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Fuentes consultadas por el noticiero lo señalan como “el verdadero poder” dentro de la DNI, donde sería conocido por el alias de El chulo. Su papel, según las comunicaciones halladas, habría sido servir como puente entre las organizaciones criminales y miembros de las Fuerzas Militares.
Además indican que, en al menos cuatro reuniones, Huertas, Mejía y Juan Carlos Mazo, director de Indumil, se habrían encontrado con jefes de las disidencias para afinar los detalles del plan de la empresa fachada. En esos encuentros se habrían discutido requerimientos de documentación para blindar vehículos, legalizar permisos y establecer rutas de movilidad para los hombres armados.
El escándalo se agrava con otro señalamiento: la posible existencia de pactos de no agresión entre integrantes de la Fuerza Pública y estructuras de las disidencias en Catatumbo, Antioquia y el sur de Bolívar. Según las comunicaciones incautadas, oficiales del Ejército habrían entregado incluso frecuencias radiales para que los grupos armados conocieran de antemano las operaciones militares en curso.
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