Es vergonzoso que el mundo haya tenido que esperar a que un medio extranjero como The New York Times pusiera en su portada lo que para muchos ya era una denuncia a voces y una realidad visible desde el aire. Lo que ocurre en Cáceres, Antioquia, específicamente a pocos metros de un batallón de infantería, es el reflejo de un país donde la minería ilegal avanza a sus anchas, mientras las empresas legales no tienen garantías, pero sí pagan impuestos, cumplen regulaciones.
El panorama es desolador. La minería ilegal genera deforestación masiva, la muerte de animales y ríos contaminados con mercurio. Resulta irónico que este ecocidio parezca no quitarle el sueño a los líderes que se presentan como ambientalistas, incluyendo a la ministra Irene Vélez y el ministro Edwin Palma. Mientras el discurso oficial se enfoca en la protección del entorno, la realidad en el terreno demuestra que la minería ilegal está ganando la batalla.
Este fenómeno revela un deterioro profundo en múltiples frentes. Por un lado, la infiltración en la democracia es alarmante, con candidatos al Congreso que fueron financiados por estas rentas criminales en las últimas elecciones. Por otro lado, la falla en el control territorial es imperdonable; es inconcebible que las autoridades y la inteligencia del Ejército no advirtieran que, dentro de la jurisdicción de un batallón, operaba este desastre ambiental.
Es también alarmante que se presentara el descuido por parte del Fondo para la Reparación de las Víctimas, que es administrado por la Unidad para las Víctimas. Esto permitió que al terreno llegaran mineros ilegales bajo el mando del Clan del Golfo y no las víctimas del conflicto, a quienes este terrero les correspodía en modo de reparación, luego de que el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’ fuera puesto ante la justicia y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá tomará la decisión de entregar el terreno a Justicia y Paz. No hubo reparación, pero sí el incremento de la criminalidad y la minería ilegal.
La responsabilidad es compartida. Si bien el gobierno de Gustavo Petro tiene elementos que le corresponden, la Gobernación de Antioquia también debe rendir cuentas. Los ciudadanos pagan una tasa de seguridad, pero cabe preguntarse, ¿en qué se está invirtiendo ese recurso si la ilegalidad sigue ganando terreno?
Colombia solo tiene cerca del 4 % de su territorio titulado, dejando el resto a merced de una ilegalidad conectada con la extorsión, el tráfico de personas y grupos criminales. Estos actores están pescando con dinamita en nuestros recursos naturales, acabando con la biodiversidad y la riqueza hídrica en bosques, montañas y páramos, sin dejar un solo beneficio para el desarrollo de las comunidades. Cáceres es solo uno de los posiblemente 20 focos similares en el país; un recordatorio de que, mientras el Estado es incapaz de plantear una ofensiva completa, la minería ilegal sigue destruyendo el futuro de Colombia ante la mirada de todos.